Tras el asesinato del pequeño Álex: «Marlaska fomenta que este tipo de presos salgan en libertad»

«Qué pena. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que se hable del tema. Y además que sea la muerte de un chiquillo de 9 años». Los funcionarios de prisiones lamentan que la muerte del pequeño Álex en Lardero (La Rioja) a manos de un individuo que había salido de prisión en abril del año pasado haya servido para sacar a la luz las políticas del ministro del Interior en Instituciones Penitenciarias.

Una orden de servicio de enero del año pasado, tres meses antes de que a Javier Almeida, el presunto asesino de Álex, le concedieran la libertad, premia económicamente a las prisiones que más presos progresen a tercer grado. Se aplica dentro del programa de «Productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros penitenciarios». En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se explica que los directivos de las prisiones «deben impulsar una gestión orientada hacia la eficacia», y ésta se medirá en función de unos «indicadores de gestión de especial relevancia».

Más puntos si no hay suicidios

Así, de la misma forma que otorgan 2 puntos si la prisión no ha registrado ninguna muerte por suicidio, 1 punto si tiene solo una muerte y 0 puntos si cuenta con 2 o más muertes, Instituciones Penitenciarias también valora de forma muy positiva si la prisión aplica programas específicos de tratamiento a los internos (2 puntos si cuentan con 3 o más programas; 1,5 puntos si tiene 2 programas y 0 puntos si no cuenta con ninguno). Pero lo que critica el colectivo de funcionarios de prisiones es que aplican, en la misma línea, un ítem mucho más cuestionable, atribuible al preso y sus progresos hacia la reinserción, una cuestión a valorar por expertos y que no debería entrar en criterios de «eficacia». Se trata de los «Porcentajes de clasificaciones ejecutivas en tercer grado». De esta forma, la cárcel en cuestión obtendrá 2 puntos si aplican al 60%; 1,5 puntos si lo hace entre el 40 y el 60%; 1 punto si es entre el 20 y el 40% y ningún punto si es menos del 20%.

En este sentido, desde el Ministerio del Interior, quieren matizar que esto se aplica solo a las condenas inferiores a un año. “Lo que pretende es potenciar la clasificación inicial en tercer grado exclusivamente para aquellas personas con una condena inferior a un año. De ahí que en el documento figure especificado que se tienen que dar las condiciones del artículo 107.3 del Reglamento Penitenciario: clasificaciones iniciales, personas con menos de un año de condena y unanimidad en la Junta de Tratamiento del centro penitenciario.

Son los miembros de la Junta de Tratamiento los que valoran si es adecuada la concesión del tercer grado según las circunstancias de cada caso (duración de la pena, entorno familiar, primariedad delictiva, antigüedad de la condena, si se tiene o no un puesto de trabajo...). De darse esos elementos, se apuesta por una clasificación en tercer grado para evitar que la alternativa del ingreso en prisión tenga efectos más negativos para la reinserción final, que es el objetivo primero (artículo 25.2 de la Constitución).

“Hay que tener, además, en cuenta que el tercer grado es también un modo de cumplimiento de la condena, no exime del mismo”, señalas desde el gabinete de Marlaska.

Pero los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo criticando esta orden de servicio dictada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dirigida por Ángel Luis Ortiz, mano derecha del ministro Marlaska. Los expertos de prisiones consideran que «la intromisión de los equipos directivos de los centros en los criterios técnicos por motivos económicos es gravísimo. La individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquél». Según la normativa, para la clasificación se debe tomar en cuenta «no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio a que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento».

La conducta del interno

Un veterano funcionario recuerda que «la clasificación en tercer grado se contempla únicamente el requisito de la capacidad para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad, deduciéndose esa capacidad de las circunstancias personales y penitenciarias». A su juicio, en el caso del suceso de La Rioja «debería haberse tenido en cuenta que para llevar a cabo una progresión en el grado de clasificación, en este caso a tercer grado, dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad, circunstancias no avaladas por el equipo técnico de tratamiento de su centro» .

Criminaliza a los funcionarios

Desde el sindicato APFP sostienen que «el deteriorado modelo penitenciario ha alcanzado su máximo nivel con la llegada de Ortiz». «Un secretario que criminaliza a sus profesionales, un Ministro de Interior que tacha de débiles a los internos... Sus objetivos es que menos personas cumplan penas privativas de libertad, aumenten los trabajos en beneficio de la comunidad y, en resumen, imponer un laxo sistema punitivo para convertir a nuestro país en la cuna de la delincuencia», critica el portavoz del sindicato, Rafael Paniza. Y es que, los que tratan a diario con la población reclusa aseguran que «hay un porcentaje que nos afirma que seguirán cometiendo delitos: los que pierden con tanto buenismo es la sociedad que quiere vivir tranquila».

Sin embargo, para el titular de Interior, todo está en orden. Marlaska defendió ayer que se cumplieron las medidas del auto que dispuso la autoridad judicial para la concesión de la libertad condicional a Almeida. Sostuvo que todas las administraciones involucradas «han actuado conforme al principio de legalidad» y que la última medida adoptada, en abril de 2020 cuando Almeida salió de la cárcel, fue del propio Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien adoptó la libertad condicional.