La reproducción asistida pasa a ser un derecho LGTB

El Gobierno ha ampliado el derecho a los tratamientos de fertilidad, financiados por el sistema sanitario público a todas las «personas con capacidad de gestar»; esto es, mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y transexuales. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, firmó ayer la orden ministerial que avala el acceso de «todas las mujeres» a la Reproducción Humana Asistida (RHA), independientemente de su orientación sexual o su estado civil. «Lo que hoy hacemos aquí es firmar un texto que cuenta con todas las garantías para blindar y ampliar derechos», dijo la ministra, que recordó que se trata de una «restitución» de derechos «que nunca deberían haberse suprimidos».

Las mujeres sin pareja y lesbianas podían acceder a la reproducción asistida pública desde 2006, a través a una norma promulgada durante la etapa como presidente del «socialista» José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, en noviembre de 2014, el Ministerio de Sanidad, liderado por la «popular» Ana Mato, decidió restringir este derecho a nivel nacional. Con la norma del PP, el requisito para acceder a la reproducción asistida era tener problemas de fertilidad tras «12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos». También cubrían los casos en los que la gestación natural pudiera conllevar la transmisión de enfermedades o trastornos graves, y aquellos en los que la preservación de la fertilidad estuviera ligada a procesos patológicos especiales, como un cáncer.

La nueva regulación, que fue anunciada el 6 de julio de 2018, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI –pocas semanas después de la entrada al Ejecutivo de Pedro Sánchez– permitirá el acceso a estas técnicas en el SNS a unas 8.500 mujeres en todo el país, según las estimaciones de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad.

La previsión de su implantación en aquel momento era el primer trimestre de 2019, pero la convocatoria de nuevas elecciones, la agenda del Gobierno y la pandemia de covid han ido postergando su aprobación. La medida está incluida en el anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida como «ley trans» que pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.

Aunque tanto la ministra como los colectivos LGTBI se han referido a la nueva orden ministerial como un «hito histórico que sitúa a España como referente mundial en sanidad pública y en derechos de la mujer», la realidad es que la mayoría de las comunidades autónomas ya incluían en su cartera de servicios la financiación de tratamientos de fertilidad a lesbianas, bisexuales y mujeres solteras como prestación complementaria y para paliar las repercusiones de esta exclusión.

Andalucía fue la comunidad pionera en ponerlo en marcha en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en 1990, y dispone de este tratamiento en todos sus hospitales públicos desde 2006. La Comunidad de Madrid garantiza estos tratamientos independientemente de la condición sexual y estado civil, al igual que Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Galicia y Cantabria.

También en Castilla-La Mancha está asegurado el acceso gratuito a técnicas de reproducción asistida dentro de la sanidad pública a todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual, su estado clínico -sean fértiles o no- y su situación afectiva -estén solas o con pareja- desde el 1 de enero de 2017.

Por su parte, Navarra lo incluye en su cartera de servicios desde 2017, a través de una orden foral que garantiza que cualquier persona pueda acceder a ellos «sin discriminación alguna por sus preferencias personales, orientación social o a su nivel de renta, sin necesidad de acreditar la existencia de indicación terapéutica». El Gobierno vasco decidió en 2013 no excluir a estas mujeres por una cuestión de «ética» y por entender que hoy en día «está claramente aceptada la diversidad de las familias».

Extremadura tampoco suspendió en 2013 los tratamientos, una decisión que adoptó el entonces presidente de la Junta, José Antonio Monago. Al igual que Canarias, que nunca dejo de ofrecer esa prestación.

Eternas lista de espera

Aun así, y aunque la apuesta de las autonomías por la reproducción asistida para atenuar la infertilidad haya sido real en teoría, en la práctica el panorama es muy distinto. La lista de espera para una fecundación in vitro (FIV) en la Seguridad Social se sitúa en un año de media, y hay ciudades en las que se acerca a los tres años, como Cataluña y Andalucía. Durante la pandemia- y en especial durante el primer año- la situación se ha agravado aun más, ya que el colapso de los hospitales paralizó por completo muchos de los tratamientos en curso. Como el tiempo es un factor clave a la hora de conseguir un embarazo –y la edad máxima de 40 años sigue siendo un requisito de acceso en la seguridad social– muchas mujeres tuvieron que recurrir a clínicas privadas para tratar de llevarlo a término.

Por ello, la situación a la que accederán estas 8.500 mujeres que, según las estimaciones de Sanidad, van a poder ejercer el derecho a la reproducción asistida, es, cuanto menos, poco halagüeña. De acuerdo con los datos de una encuesta realizada por la Asociación Red Infértiles entre sus diferentes asociadas, al finalizar el estado de alarma el 44% aún no había retomado su tratamiento y una «amplia mayoría» era debido a que lo estaban llevando en la Seguridad Social.