La Iglesia española, la primera del mundo con una ley antiabusos

Los obispos dicen sí a un decreto sobre protección de menores, pero se cierran a una auditoría histórica

La Iglesia española es desde esta semana la primera del planeta en contar con una normativa antiabusos propia con el visto bueno de Roma. Así lo desveló ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante la rueda de prensa con la que cerró la Asamblea Plenaria de otoño que arrancó el lunes en Madrid y finalizó ayer en Santiago de Compostela con motivo del Xacobeo.

Se trata de un Decreto General sobre protección de menores y adultos vulnerables que aglutina en un único documento toda la normativa canónica para evitar dobles interpretaciones y que tendrán que aplicar todas las diócesis españolas y las instituciones religiosas de derecho diocesano.

«Su implantación permitirá una mayor coordinación y rapidez para afrontar este tipo de casos», expuso el portavoz de los obispos, sobre un texto que ha sufrido idas y venidas para retocar su contenido y que comenzó a fraguarse después de la cumbre promovida por Francisco en febrero de 2019 y al que solo le falta una última firma de Roma. Argüello confía en que se convierta en una herramienta para «asegurar que las denuncias puedan ser juzgadas con las garantías del derecho penal». A esta iniciativa se une el recién estrenado Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las oficinas diocesanas y provinciales de protección a menores y de los institutos de vida consagrada.

Eso sí, no habrá informe histórico al estilo francés o alemán. A pesar de la presión mediática e incluso política de los últimos meses, y de la diferencia de criterio y estrategia planteada unos y otros en esta semana episcopal de reuniones, los pastores no cambian de planes. «No se van a hacer investigaciones de carácter sociológico o estadístico», señaló con rotundidad Argüello, que despejó el balón a otras porterías: «¿Por qué el foco solo en la Iglesia católica? Hay casos en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al Comité Olímpico Español o a la FIFA?».

De hecho, justificó sobre su oposición a una investigación del pasado basándose en el hecho de que «incluso sumando todos los casos que han salido en los medios de comunicación, los casos que se remontan a un período de 80 años, seguramente no pasan de mil». «Es un 0,8% de las denuncias de abusos en los últimos 20 años», remarcó. «Todos los obispos son favorables al conocimiento caso por caso, con el deseo de que no se produzcan más», expresó el también obispo auxiliar de Valladolid, a la vez que puso el foco en que «queremos que cada víctima sienta que la Iglesia, en cada diócesis, está dispuesta a acoger su situación».

Lo cierto es que la cuestión es de tal relevancia que no solo estuvo presente en la Plenaria en sí, sino que el propio presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella, quiso visibilizarlo en su plegaria ante la tumba del Apóstol durante la eucaristía concelebrada por todos los obispos. «Nos causan dolor y vergüenza», admitió el arzobispo de Barcelona sobre los casos de pederastia, en la línea del discurso de apertura del lunes. Con la mirada puesta en las víctimas, rezó para que «en las iglesias locales sepamos acoger y acompañar en su dolor».

Más allá de la crisis de la pederastia eclesial, Argüello dibujó en la agenda eclesial de este curso el itinerario para aterrizar la fase diocesana del Sínodo de la Sinodalidad, que se cerrará el 30 de abril y que tendrá un acto conclusivo el 11 de junio. Además, en febrero, coincidiendo con la fiesta de san Valentín, la Conferencia Episcopal convocará por primera vez la llamada ‘Semana del Matrimonio’, que ejercerá de antesala para el Encuentro Mundial de las Familias que acogerá Roma a finales de junio de 2022. Entre tanto, los obispos trabajan en el borrador de un documento que busca abordar el contexto actual español y que se llamará ‘Persona, Familia y Bien Común’.