Contra las agresiones a los profesionales sanitarios

La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia en el lugar del trabajo como todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, con la implicación de que se amenaza explicita o implícitamente su seguridad, su bienestar y su salud.

Pocas situaciones generan tanto malestar en la vida profesional como percibir que determinados encuentros clínicos tienen un resultado negativo. Los sanitarios nos mostramos generalmente muy sensibles, reactivos y frustrados cuando, tras una consulta, nos queda el sabor amargo de la desconfianza, la incapacidad para llegar a acuerdos, la presencia de discusiones, quejas, etc. El sufrimiento, la incertidumbre y el dolor favorecen situaciones de conflicto en la comunicación con el paciente.

Ya en el año 2009, cuando desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos publicábamos la “Guía frente a las Agresiones a médicos,” aludíamos a muchos factores como desencadenantes de esos episodios: el exceso de burocracia, la presión asistencial que impide dedicar a cada paciente el tiempo de consulta que seria necesario, la expectativa de unos resultados de salud que nunca pueden garantizarse, o la exigencia de unas prestaciones a las que no se puede atender, serían algunos de ellos.

Hoy, en medio de una pandemia provocada por el covid-19 podemos constatar que es así́, y visto que las circunstancias de la atención sanitaria son diferentes, implantación de la telemedicina, cierre de consultas, y de centros de salud de Atención Primaria solo abiertos para asistencia a la patología provocada por la pandemia, etc. creemos que el problema no se puede abordar desde una sola perspectiva: en ella deben estar involucrados profesionales sanitarios, administraciones y sociedad, con el respaldo jurídico necesario.

441 agresiones en 2020

Los datos de nuestro Observatorio dan como resultado que casi la mitad se producen por discrepancias con la atención recibida, que incluyen tanto las generadas por los sanitarios como por la institución. Las cifras sobre el número de agresiones que son recogidas por los diferentes Observatorios, Policía, Guardia Civil y diferentes organismos no dejan de ser la punta del iceberg, pues la mayoría no se comunican y mucho menos se denuncian. En 2020 se comunicaron a los Colegios de Médicos 441 agresiones, y aunque hasta el 12 de marzo de 2022 (Día Europeo contra las agresiones a los profesionales sanitarios) no presentaremos los datos de las agresiones comunicadas en 2021, creemos que estas han aumentado, aunque pueda ser diferente el tipo de profesional agredido, dadas las circunstancias que la pandemia nos ha hecho vivir.

Los profesionales médicos ya nos estamos acostumbrando a convivir con la hostilidad, y la incomprensión; y la precaución y, en ocasiones, el miedo, hacen que no se declaren todas las agresiones que se producen.

Existen factores del entorno y de los usuarios que influyen de forma importante, se sabe que las habilidades en comunicación asistencial y entrevista clínica —como por ejemplo, la capacidad de negociación, las técnicas de información, las habilidades para dar malas noticias, la capacidad para el autocontrol emocional, o de empatizar con el usuario, entre otras— se perfilan como competencias fundamentales para que el profesional gestione estas situaciones difíciles, sufra menos interacciones agresivas, las aborde de una manera adecuada y minimice el impacto que ellas, cuando existan, puedan tener en el mismo y su entorno.

¿Qué consideramos agresión?

Siguiendo el documento editado por la Organización Médica Colegial en su publicación “Guía de Agresiones del 2009,” definimos agresión como un incidente violento en el lugar de trabajo, o cualquier acto que conlleve abuso verbal, físico, amenazas o cualquier otro comportamiento intimidatorio cometido por un paciente, su familiar o acompañante, contra un profesional médico en el ejercicio de su función y causando un daño físico o psicológico; también aquellos que, aunque se produzcan fuera del centro sanitario, se ocasionen como consecuencia de la actividad realizada.

Evidentemente, esto es ampliable a todo el ámbito sanitario.

La mayoría de las definiciones recogen sucintamente la descripción de las situaciones que se vienen produciendo a diario por parte de los pacientes o sus familiares hacia los sanitarios, y desde la agresión verbal, que encuadra gritos, insultos, amenazas, frases de menosprecio, palabras vejatorias, coacciones e injurias, hasta las agresiones físicas -que, aunque de mayor relevancia mediática, no son más importantes-, donde golpes, patadas, intimidaciones con armas blancas o de fuego, e incluso secuestros, están dentro de la cotidianeidad.

Hoy en día, tras la reforma del Código Penal en el año 2015, todas aquellas faltas de abuso, acoso, denuncias falsas, alteración del orden, amenazas, calumnias, daños, extorsión, hurto, injuria, lesiones o robo, son consideradas atentado contra la autoridad, si estamos trabajando para el sistema público,

Las agresiones (sean físicas o verbales) atentan contra el principio básico en el que se sustenta la atención sanitaria y que no es otro que la confianza, sin la cual es imposible desarrollar la actividad asistencial a la que los ciudadanos tienen derecho.

Vínculo de confianza

Por todo ello, las conductas violentas, aunque no lleguen a la agresión física, no deben permitirse en ningún caso, puesto que rompen algo tan básico como el vínculo de confianza que siempre debe existir en la relación con el paciente, fundamental para la consecución de los objetivos de la atención sanitaria. Además, esa conducta agresiva —si no es sancionada como se merece— puede influir en que se ceda ante el paciente, cayendo en el pacto de silencio, que es inaceptable pues constituye una mala praxis y un perjuicio para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Y todo esto ocurre en el momento en que los sanitarios están ejerciendo una profesión que se caracteriza por la ayuda constante y desinteresada hacia los pacientes, por la defensa de su salud y, por tanto, de los intereses de éstos, resultando paradójico que los antónimos de agresión sean exactamente ayuda y defensa, según recoge la Real Academia Española de la Lengua, y esta paradoja nos debe hacer recapacitar profundamente a todos y preguntarnos: ¿hacia donde nos conduce?

La creciente hostilidad social —que lleva a la violencia verbal o física y que, , afectan en mayor grado al sector servicios debido al estrecho contacto entre los profesionales con usuarios y clientes— va en aumento en los últimos años y en todos los países industrializados, llegando a representar un motivo de gran preocupación para los profesionales sanitarios, aunque no es hasta 2012 cuando el Senado encomienda al Gobierno que desarrolle mecanismos específicos frente a las agresiones al personal sanitario, y elaborando un informe que ve la luz en 2014.

Si queremos un sistema sanitario de calidad es imprescindible recuperar un espacio con garantías para el ejercicio profesional, y esto es algo que podemos lograr a través de una actuación coordinada, tal y como la Organización Médica Colegial ha venido manifestando y haciendo reiteradamente y sobre la cual ha aportado sus propuestas.

Todas las actividades desarrolladas por el Observatorio contra las Agresiones que hemos realizado desde su constitución siempre han ido dirigidas a conseguir una buena relación con el paciente y, por ende, una mejor atención sanitaria.

Solo con una sólida relación médico-paciente puede realizarse una atención de calidad, lo que es imposible cuando se produce una ruptura violenta de la misma, que repercutirá́ sobre el servicio sanitario generando intranquilidad y desconfianza en el resto de los pacientes. Todo ello genera dificultades y provoca respuestas indeseadas que progresivamente configuraran numerosos círculos viciosos concatenados en torno a diferentes situaciones y pacientes lo que deteriora el servicio público.

Aún cuando no disponemos de estadísticas del año 2021, pues las presentamos en marzo de 2022, sí podemos afirmara que las agresiones a los profesionales sanitarios han aumentado este año, a pesar de no haber acabado la pandemia del COVID-19, y el número de consultas y actos médicos presenciales ha disminuido ostensiblemente.

Como al final suele actuarse cuando las situaciones son insostenibles e irreversibles, es necesario repasar aquellos otros elementos del servicio sanitario que se pueden resentir o desaparecer. Y así́ se deteriora la calidad intrínseca de la atención, cuando se afectan las buenas practicas y la orientación de las actuaciones profesionales o cuando se instala una medicina defensiva. En suma, mala praxis. También pueden deteriorarse la confortabilidad del servicio, el ambiente clínico, es decir el derecho a ser respetado y tratado como persona y las garantías de protección a la salud sin otros riesgos. Se puede perjudicar el derecho a ser informado y el participar en un ambiente sanitario tranquilo donde todas las fuerzas están dedicadas a hacer el bien ante una necesidad.

Ambiente hostil

Pero también puede verse afectado el compromiso y participación profesional y ciudadana, entendida en el sentido más amplio, en la descentralización de la toma de decisiones de carácter colectivo y en aquellos aspectos donde puedan verse afectados los resultados sobre las personas. Las respuestas de ocultar, disimular, sobrevivir en un ambiente hostil es contrario a la transparencia clínica con búsqueda y reconocimiento de errores o revisión sistemática de la variabilidad de la practica clínica en los diferentes ámbitos y niveles de actuación para encontrarlos. Pero también se afecta la cercanía y fácil acceso a los servicios y profesionales con una relación de confianza alterada que harán difícil avanzar en corresponsabilidad entre ciudadanos, profesionales, gestores y políticos.

Ante este nuevo escenario es obligado recordar a todos los profesionales sanitarios la necesidad de denunciar estos hechos y ponerlos en conocimiento de su Colegio, junto con los elementos de prueba y testigos que pueda aportar como base para la acusación. Por lo que se refiere a las Administraciones Sanitarias, estas deben poner todas las medidas a su alcance para prevenir estas situaciones. La solución a este problema no está en una sola actuación, sino en un conjunto global de agentes y medidas dando a todas ellas el respaldo jurídico necesario.

En definitiva, las agresiones a los profesionales sanitarios es un fenómeno que, aun siendo minoritario, cada día va en aumento. Por lo cual si queremos un sistema sanitario de calidad es imprescindible recuperar un espacio con garantías para el ejercicio de los profesionales y ahora estamos a tiempo si se aplican las medidas de prevención y detección necesarias.

«Contra las agresiones, tolerancia cero».

José Mª Rodríguez es Secretario General Consejo de Colegios Oficiales de Médicos