Conferencia Episcopal

Los obispos confían su propia auditoría de abusos a un bufete de abogados

El Episcopado también colaborará con la comisión del Defensor del Pueblo

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en una sesión de la Asamblea Plenaria
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en una sesión de la Asamblea PlenariaJesús G. FeriaLa Razón

La Conferencia Episcopal reacciona al tsunami político y mediático de la pederastia eclesial con una auditoría independiente que acometerá el bufete de abogados Cremades&Calvo Sotelo. La decisión fue tomada la semana pasada en la reunión de la Comisión Ejecutiva, el órgano colegiado de los obispos encargado de abordar los temas de urgencia.

Según ha podido confirmar este diario, esta investigación externa no buscaría «contraprogramar» la comisión multilateral promovida por el Gobierno y capitaneada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Como ya adelantó LA RAZÓN, la cúpula episcopal nunca ha barajado levantar un muro ante la iniciativa socialista. Incluso ahora hablan de «absoluta colaboración», a pesar del malestar que generó la filtración de Moncloa sobre la creación de la comisión y el hecho de que se quieran fiscalizar solo los casos vinculados a la Iglesia y se olvide de las víctimas de abuso en el ámbito familiar.

De momento no se han conocido más detalles del alcance de esta auditoría externa. No se sabe si mirará al pasado, como ocurrió en Francia, o será una fotografía a tiempo real, al estilo de la Fiscalía General del Estado, que ha rastreado 68 causas abiertas, vinculadas a todo tipo de instituciones religiosas, no solo católicas. Será mañana cuando se resuelvan estas dudas en una comparecencia pública del presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, y el presidente de Cremades&Calvo Sotelo, Javier Cremades.

Lo que sí ha trascendido a través de un comunicado es que el despacho de abogados asumirá otras funciones, como abrir «un cauce independiente para recibir eventuales denuncias» y revisar «los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas». Además, también se presentarán, a priori, tal y como señala la nota facilitada a los medios, como puente para ofrecer «su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos», así como «establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto».

Desde el Gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dado la bienvenida «a todos los pasos que se puedan ir dando» hacia el camino de la transparencia. En esta misma línea, en el PSOE ven con buenos ojos toda iniciativa para «esclarecer y ayudar a las víctimas». «Somos partidarios de que se investiguen y depuren responsabilidades de todos los abusos sexuales, también los ocurridos con menores que estaban tutelados por administraciones públicas», matizaba ayer la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, mientras que a Unidas Podemos le «parece bien» la investigación de los obispos, pero ve que «del todo insuficiente». En cambio, los colectivos de víctimas de abusos reciben este movimiento con «desconfianza», restando credibilidad a la auditoría porque consideran que es «meter al zorro a cuidar las gallinas».

Cremades&Calvo Sotelo es un bufete de referencia, entre otros motivos, por atender demandas colectivas, como las de los perjudicados por la huelga de controladores aéreos de 2010 o las de los pequeños inversores de Bankia o el Banco Popular. Por otro lado, Javier Cremades es presidente de la Fundación Madrid Vivo, creada en torno a la JMJ de Madrid y es miembro del patronato de la Fundación Tajamar, plataforma educativa vinculada al Opus Dei.