La Conferencia Episcopal no ha escogido a un bufete cualquiera, se ha puesto en manos de Cremades & Calvo-Sotelo, un despacho con más de 100 abogados y cuyo lema es –según se lee en su web– «hacer una sociedad más justa, donde empresas, instituciones y ciudadanos se desarrollen en libertad». Los ingredientes de la elección los componen una mezcla de confianza por el músculo del despacho en casos con centenares de afectados y dosis de imagen para restaurar la de la Iglesia de los escándalos de abusos sexuales a menores.

Cremades & Calvo-Sotelo saca la artillería pesada en unos trabajos que han reconocido que serán gratis, por pura convicción de su socio Javier Cremades y del equipo que ayer le acompañó en una icónica rueda de prensa. Nada menos que la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca y los exmagistrados del Supremo y Constitucional Vicente Conte; y el exmagistrado y presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra.

Los casos con afectados son la especialidad de los letrados: afectados por Galerías Preciados, por Bankia, por el «caso Popular», etc. Javier Cremades también fue presidente de Alianza Global de Abogados en el «caso Madoff» que se constituyó en más de 21 países para seguir el procedimiento penal contra Bernie Madoff. Igual que los 12.500 perjudicados por la huelga de controladores aéreos en 2010 o los 700 que sufrieron pérdidas tras la salida a bolsa de Caja Madrid. Una retaila de éxitos en los tribunales.

Sin embargo, el reto al que ahora se enfrentan es todavía mayor. En boca del socio uno de los más importantes de su carrera. Ahora, según fuentes consultadas en el despacho, la intención no es judicializar nada, sino hacer un informe con todos los casos que se conozcan, hablar con las víctimas y llegar a acuerdos con ellas a través de indemnizaciones y compensación del daño.

Tan «hasta el final» pretenden llegar esta vez que se han pedido, incluso, la colaboración a despachos en países como Alemania donde el esclarecimiento de los delitos allí ha sido un ejemplo en Europa. Un informe documentó 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos desde 1946 hasta 2014, en su mayoría a menores de 13 años. Ayer se aclaró que aquí en España tampoco habrá límite temporal para indagar.

Cremades elaborará un informe y lo pasará por una auditoría externa, incluso al despacho. La Conferencia Episcopal tendrá entonces el documento para mover ficha.