Sanidad prevé registros de personas con riesgo de suicidio

La renovación de la Estrategia de Salud Mental –por primera vez en doce años– es uno de los avances de los que más ha presumido el Gobierno en el último año. Sin embargo, su implantación práctica ha sido muy lenta y dispersa. Hasta ahora, su mayor éxito ha sido la puesta en marcha, el pasado 10 de mayo, del 024, el teléfono de atención a la conducta suicida, que en sus primeros cuatro meses de funcionamiento ha recibido más de 34.000 llamadas, con cerca de 1.500 derivaciones a los servicios de emergencia 112, e identificó un total de 585 suicidios en curso.

Unas cifras que son el fiel reflejo de la realidad en España, donde, se producen una media de 11 suicidios al día. 3.941 personas se quitaron la vida en nuestro país en 2020, la cifra más alta desde que, en 1906, comenzaron los registros. El suicidio es, desde hace décadas, la primera causa de muerte no natural en España y la primera de cualquier naturaleza en jóvenes.

El pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaco que el Plan de Salud Mental 2022-24 era una prioridad para su Gobierno, centrándose en la respuesta «positiva» que ha tenido el 024 en los primeros meses de funcionamiento. Esta mañana, el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) revisó el reparto de fondos entre las comunidades y ciudades autónomas para hacer frente a las medidas y estrategias previstas en el Pla, que ya ha sido enviado a las respectivas Consejerias de Sanidad .

El documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, refleja una dotación presupuestaria de ocho millones de euros en total para el ejercicio 2022, que se distribuirán entre todas las regiones (excepto País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra) siguiendo dos criterios. El primero, establece que el 5% se distribuirá de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada comunidad y ciudad autónoma. El segundo, determina que el 95% restante será repartido en relación a criterios poblacionales.

De este modo, las que más fondos recibirán serán Andalucía (cerca de 1,5 millones de euros), Cataluña (1.325.592), la Comunidad de Madrid (1.117.774) y la Comunidad Valenciana (888.726). Las que menos, Ceuta (26.760), Melilla (27.229) y La Rioja (79.605).

El Plan de Acción de Salud Mental 2022-24 incluye seis líneas estratégicas, con sus correspondientes objetivos concretos.

La línea 4, denominada «Prevención, detección precoz y prevención a la conducta suicida» contempla el objetivo general de fomentar la detección anticipada y poder desarrollar estrategias de prevención de la conducta suicida, además de mejorar la atención a las personas de riesgo.

Para ello, además del desarrollo del código de riesgo de suicidio en las distintas regiones, la implantación de un circuito ágil de acceso rápido a los servicios de salud mental tras la detección del riesgo suicida, las acciones de formación continuada para la detección del riesgo o el adecuado diagnóstico y abordaje de la conducta suicida, se prevé el desarrollo de registros que permitan conocer las tentativas de suicidio y de los casos consumados, que facilite identificar la población de riesgo.

El Plan habla de «registros precisos de suicidios consumados con las variables sociodemográficas necesarias para identificar grupos vulnerables, y registro y monitorización de los factores de riesgo que llevan al suicidio». Una cuestión que, en opinión de Alejandro de la Torre, psicólogo y profesor del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Universidad Complutense de Madrid, puede hacerse a través de diferentes metodologías. «Los registros a veces solo implican conteo de casos. El numero de personas que, por ejemplo, llaman al 024, donde probablemente se les pidan algunos datos socioeconómicos (sexo, edad, nivel de estudios, etc), guardando la confidencialidad, obviamente. Otra cosa es crear registros no exclusivamente de llamadas de riesgo y otro tipo son los que se derivan del numero de ingresos».

El Plan también establece la creación de un grupo de trabajo para 2022-2023 para el registro de suicidios consumados y variables y factores de riesgo asociados.

Más profesionales

Las otras líneas de actuación del Plan tratan de abarcar la mayor parte del panorama de la atención a la salud mental en España.

La primera es el refuerzo de los recursos humanos en salud mental, que se contempla a través de la creación de las vacantes necesarias y fomento de la transformación de los contratos de interinidad en contratos de estabilidad, o la evaluación y adecuación de las necesidades de los recursos humanos en salud mental, en todos los ámbitos asistenciales, «en base a criterios poblacionales y epidemiológicos, la cartera de servicios y la presión asistencial». El objetivo es aumentar las ratios de profesionales hasta situarlas en parámetros europeos, lo que supone contar con 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros por cada 100.000 habitantes.

La segunda línea de acción es la optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos del SNS. Algo que se quiere conseguir a través de «presupuestos finalistas que permitan la implantación efectiva de las acciones previstas en el Plan»

El tercer gran bloque de actuación es la sensibilización y lucha contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental en el que se prevé, entre otras medidas, la realización de campañas de concienciación centradas a la lucha contra el estigma y a la prevención de la conducta suicida. Además, el texto establece que se generarán mecanismos para prevenir las llamadas «restricciones involuntarias», en referencia a ingresos en centros hospitalarios y/o tratamientos que el paciente con problemas de salud mental no haya «consentido» voluntariamente.