Además de cárcel, libertad vigilada

Madrid- Las denigrantes acciones como las sucedidas en Alzira (Valencia) tendrán un reproche penal más duro una vez se apruebe definitivamente el Código Penal, impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministro. Así, se incluye un cuarto supuesto en los delitos de trata de seres humanos, condenado con penas de cinco a ocho años de cárcel. En concreto, a los fines de esclavitud, explotación sexual y extracción de órganos, se añade ahora también la explotación para realizar actividades delictivas.

Además, se especifica que existirá una situación de necesidad o vulnerabilidad «cuando la persona en cuestión no

tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso», que era, precisamente, lo que pretendía la red que hiciese la madre del menor que habían raptado.

Junto a esas modificaciones, una de las principales novedades radica en que se introduce que a los condenados por trata de seres humanos, los tribunales podrán imponerle también la medida de libertad vigilada, una vez cumplan la condena impuesta.

Desgraciadamente, las coacciones a estas mujeres por medio de sus hijos menores son una práctica habitual dentro de las redes de trata. Así lo afirman desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp). «Es un fenómeno que hemos visto y que supone una manera de aterrorizar a la mujer», explica la presidenta de Apramp, Rocío Nieto. De hecho, afirma, lo más frecuente es que los proxenetas de la red amenacen a las mujeres a través de sus hijos desde sus países de origen –sobre todo Rumanía y, en menor medida, países de América Latina–.

En esta línea, desde la asociación también alertan del aumento de casos de menores prostituidas, cuya media de edad ronda los 15 años. «Es lo que marca la demanda», dice Nieto. Lo peor, además, es que los proxenetas apenas tienen dificultades a la hora de «atrapar» a estas jóvenes en sus países.

Como medida para denunciar estos casos, la Policía Nacional puso en marcha en abril un correo electrónico (trata@policia.es) y un teléfono gratuito (900 10 50 90). Ya han recibido 400 comunicaciones. Según la portavoz del servicio de prensa de la Dirección General de la Policía, María Fernández Moral, los resultados hasta la fecha han sido «muy buenos». «La gente está teniendo más acceso directo y las víctimas también para denunciar», añadió. De hecho, afirmó que, en caso de ser necesario, podrían ampliarse los efectivos dedicados este servicio. Asimismo, aseguró que gracias a este sistema se han cerrado tres operaciones y hay «multitud» de investigaciones abiertas. En cuanto al perfil de víctimas, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y experto en extranjería, José Nieto, aseguró que «siempre se ha asociado con los estratos sociales más bajos». Sin embargo, también es cierto que ahora «los captadores de las mafias saben a qué mar tienen que ir a ''pescar''».

¿Multas en carretera?

Hace ahora un año, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que el Gobierno estaba «estudiando» la posibilidad de multar la prostitución en las carreteras. «A ninguna persona civilizada le gusta ese espectáculo y tenemos que acabar con él», dijo entonces. Fuentes de Interior afirmaron a este diario que la «sugerencia» del ministro sigue estando sobre la mesa. Así, afirmaron, dependería del Ministerio de Justicia el incluir dicha medida en la reforma del Código Penal.