Adiós a la demanda social

El balance que ofrecen estos cien primeros días de Gobierno del PSOE es, parafraseando al poeta Luis Cernuda, el de un paisaje de ceniza. En áreas de tanta trascendencia para el interés general de los españoles como es el pulso secesionista en Cataluña, la economía, la inmigración o el empleo, el señor Sánchez ha sustituido la búsqueda de soluciones eficaces por los golpes de efecto mediáticos, el sectarismo ideológico, el pago de favores a sus dos clases de socios –los secesionistas y los radicales de extrema izquierda- y algo que quizás resulte aún más grave cuando hablamos -como es el caso- de un presidente de un país: las rectificaciones continuas. Remiendos que denotan una clara falta de reflexión, madurez y rumbo. Lo dicho: un paisaje de ceniza.

La conducta del señor Sánchez muestra que su única hoja de ruta se basa en una táctica ciertamente escuálida: realizar malabarismos con sus 84 diputados para mantenerse a toda costa en el Ejecutivo mientras espera que sus asesores, tras analizar la evolución de las encuestas, le indiquen el momento oportuno para convocar elecciones generales. El problema de esta actitud es que, en vez poner el Gobierno al servicio de los españoles, el resultado es justo el contrario, los españoles están siendo puestos al servicio del ejecutivo socialista y sus aspiraciones.

Un caso paradigmático de esta conducta lo estamos viviendo en las propuestas de la ministra de Educación, doña Isabel Celaá, quien pretende eliminar el concepto de “demanda social” que contemplaba la LOMCE. El motivo, para ella, es que “el derecho a la educación siempre recae sobre los individuos que son sujetos de aprendizaje, no recae sobre las familias”.

Ésta afirmación es muy peligrosa. Conviene recordar que el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos es algo reconocido y amparado por nuestra Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, el derecho a la educación emana de las personas. Y dado que, en el caso que nos ocupa, hablamos de ciudadanos menores de edad, el derecho a la educación de los hijos está custodiado por los padres, que son quienes ejercen su tutela. La misión del poder público es garantizar el ejercicio activo de ese derecho, velar por él; pero no usufructuarlo ni menos aún monopolizarlo.

Las viejas pulsiones totalitarias, de las que una parte de la izquierda continúa haciendo gala, como muestra la incapacidad de determinadas formaciones políticas en el Congreso a condenar el régimen político instalado en Venezuela, deberían estar fuera de lugar en una democracia moderna como la española. El 26% de los jóvenes, un porcentaje mayor que con el gobierna Sánchez actualmente nuestra nación, estudió en el curso 2016-2017 en centros concertados. ¿Qué sentido tiene ahora que esta modalidad educativa -pagada con el dinero de los propios españoles- se vea amenazada, a pesar de la voluntad de las familias, por el sencillo motivo de que el PSOE no lo desee?

Esta forma de hacer política parece orientada por los más rancios prejuicios, pero no puede afirmarse que manifieste un gran sentido democrático y, menos aún, de Estado. Y es que a las arcas de la Administración Pública una plaza en la educación concertada le cuesta aproximadamente la mitad que una en la pública. Teniendo en cuenta esto, que la educativa es una de las grandes partidas del Estado y que en agosto la deuda pública escaló de nuevo a su récord histórico -España ya debe 1.163 billones-, la estrategia del Gobierno socialista, una vez más, no parece muy inteligente.

Desgraciadamente el señor Sánchez pretende que las familias seamos las convidadas de piedra en la educación de nuestros hijos. ¿Qué otro nombre, sino éste, habremos de recibir unos ciudadanos a los que se nos pide que sufraguemos un sistema educativo sobre el que se quiere legislar contra la demanda de las familias?

La Ministra ya lo ha dicho claro sobre esta cuestión, por si quedaban dudas: "Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la carta". Es decir, que van hacer lo que deseen porque lo que pretenden es una ciudadanía a la carta, esto es, unos electores que se ajusten a medida de sus intereses electoralistas. De ahí que el Gobierno quiera resucitar a Zapatero, mientras desentierra a Franco, con la reintroducción de "Educación para la Ciudadanía", eso sí, con otro nombre, que con expertos en marketing sí que cuentan.

Una situación que nos preocupa a todos aquellos que amamos la libertad, creemos en la familia y creemos que el problema de natalidad que asola España también pasa por garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación gratuita que se ajuste a sus convicciones, siempre que obviamente éstas respeten los Derechos Humanos.

Una circunstancia en la que el Partido Popular ya está dando la cara para frenar cualquier tendencia liberticida, con diversas iniciativas, y desgraciadamente en solitario, porque Ciudadanos en esta materia ha resbalado en varias ocasiones en las que en Murcia o la propia Comunidad de Madrid, aunque en el este segundo caso finalmente rectificaron, apoyaron congelaciones presupuestarias a este tipo de educación.

*Secretario de política local del PP