Si no hay decisión de última hora Adrián Moreno entrará hoy en prisión por robar hace ocho años una bicicleta municipal. Tiene 26 años, mujer y dos hijos y es el único que trabaja. Su pequeña cumplirá un año dos días después de que ingrese

Hace tanto tiempo que ya ni se acuerda. «Fue en primavera. No, en verano... Lo he olvidado». Pero el año sí lo recuerda: 2008. Era junio. Adrián, entonces con 18 años, estaba esperando en una parada de autobús. Allí se presentó su amigo Manuel, de 17, montado en una bicicleta municipal del servicio Sevici. «Vino a buscarme. No robó la bici. Ya había sido sustraída. Y yo, lo único que hice, fue montarme en la cesta», relata. La Guardia Civil les cogió, les llevaron al cuartel y al día siguiente se celebró el juicio. Su amigo se declaró culpable y pagó una multa de 200 euros. Manuel le exculpó de toda responsabilidad. «El juez no le creyó y pensaba que yo le había incitado a hacerlo, porque era menor», dice. Y así, hace ocho años, comenzó a pergeñarse una deuda que la Justicia podría cobrarse hoy: seis meses de prisión.

Adrián Moreno tiene ahora 26 años. Vive con su mujer, Valme, y sus dos hijos, Ángel y Alba, que tienen tres y casi un año respectivamente. O, mejor dicho, vivía. Ante la perspectiva de que entre en prisión hoy, y las consecuencias económicas que pueda acarrear, han renunciado a seguir pagando el alquiler de su vivienda en Dos Hermanas (Sevilla). Adrián está viviendo con su madre, y Valme, con sus padres. Ahora mismo, Adrián es el que más ingresos tiene en toda su familia. Su mujer está en paro. «Si yo falto, no tendrán comida, ropa, medicamentos...», dice. Pero más gente precisa de su ayuda. «Mi hermano y mis suegros están parados, mi madre cobra 600 euros... Mi cuñada es la que mantiene a mis suegros como limpiadora», asegura. Sin olvidar, además, que su hija Alba cumplirá un año justo dos días después de que entre en prisión. Trabaja en una cadena de restaurantes mexicanos, «El amanecer», repartidos por Sevilla. De 12:00 a 17:00, de 20:00 a 02:00... depende de la semana. Suele descansar un día –«o día y medio»– por semana. Comprende que, si entra en prisión, no le pueden garantizar volver a su antiguo puesto. «Me van a ayudar siempre que puedan, pero ya sabes lo que son los trabajos».

El juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla ha fijado para hoy su «ingreso voluntario en prisión», pero puede que a esa hora el abogado de Adrián reciba un auto del juez que determine la suspensión de su entrada en la cárcel hasta que se resuelva su petición de indulto. Ayer, cuando ya se daba todo por perdido, lo solicitó expresamente el fiscal al juez instructor del caso. «La respuesta la tendremos entre las 9 y las 10 de la mañana –de hoy– y, si es negativa, Adrián entrará en la cárcel de Sevilla I».

En junio pasado, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia de seis meses. En septiembre, el juzgado le denegó la suspensión de la condena y su sustitución por una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. En su auto, la juez argumentaba que, «si bien el reo no es reo habitual, de su hoja histórico-penal se constata la conducta (...) que no resulta merecedora de tal beneficio», pues volvió a ser condenado en 2010. Ni Adrián ni su abogado, Ángel Luis Bordas, saben a qué se refiere la juez cuando subraya lo del año 2010. El abogado resume ese historial. Antes del suceso de la bici, Adrián fue detenido por allanamiento de morada. «Lo de “allanamiento” suena muy fuerte, pero fue meternos en la piscina de unos vecinos... Ni robo ni violencia», dice Adrián. Por ello, como afirma su abogado, fue condenado, pero al ser una sentencia inferior a dos años y por tratarse del primer delito, la pena fue suspendida. Además, tenía un trato para evitar la pena: no ser condenado en los próximos tres años. Pero ocurrió el incidente de la bicicleta.

Ya en 2014 le «cazaron» por conducir sin carné. Había perdido los puntos, pero la DGT «no se lo notifició fehacientemente». En este juicio, se declaró culpable y aceptó 30 días de trabajo comunitario. Un error por su parte, porque «podía haber demostrado que no había recibido la notificación». Lo que sí que obtuvo en 2010, y creen que a eso se refiere la juez, fue la sentencia condenatoria por el robo de la bicicleta.

«¡Por una bicicleta! Parece que estamos en los años de Franco. Imagínate las caras de los presos cuando diga por qué estoy allí. Sólo me falta al lado “El Lute”, por robar una gallina. Me lo tomo ya a cachondeo, pero siento mucha impotencia», se lamenta Adrián. No hace mucho, la también sevillana María Salmerón fue indultada, pero tiene poca fe en que «llegue el papelito». «Esto es matar a una persona en vida. ¿Sabes lo que es levantarse todos los días y pensar que la semana que viene vas a la cárcel? Hay mucha gente haciendo cosas peores y yo robo una bicicleta, ¡y toma! ¿No hay gente más “gorda” a la que echar cuentas?». Su abogado le ha remitido a la jueza toda la documentación: su vida laboral, su ficha de la seguridad social... También le ha detallado su situación familiar. Sin embargo, «los informes de la jueza no han llegado. Es una justicia lenta e inhumana», subraya.

Su abogado le dijo que quizá todo se quedaría en dos meses de prisión. Adrián, por si acaso, ya se ha preparado para lo peor. «Valme dice que va a llegar la carta del juzgado. Está esperanzada. Yo ya lo asumo para que sea menos doloroso... Prefiero eso a pensar en flores y mariposas... Además, al final, en las condenas cortas es cuando más se paga», concluye.

Sin querer hacer la maleta

Adrián estaba ayer nervioso. Aprovechó para ir al cumpleaños de un familiar y estar con los suyos. No quería pensar en la cárcel ni un minuto. No quería tampoco hacer la maleta. Adrián mantenía la esperanza de que se repitiera la misma situación que en octubre de 2015, cuando la jueza de lo Penal 13 de Sevilla dejó sin efecto su ingreso en prisión hasta que se tramitara su indulto. Aquello fue una tregua para él y para toda su la familia. Sólo en el año 2014 hubo un total de 7.800 indultos, por eso Adrián confía en que cualquier día el Consejo de Ministros apruebe su «perdón». El último indulto aprobado por el Gobierno ha sido el de María Salmerón, una mujer condenada hasta en cuatro ocasiones por impedir que su ex marido, condenado a su vez por maltrato psicológico, viera a su hija incumpliendo el régimen de visitas que había establecido el juez.