Alonso se compromete a evaluar a partir del verano el sistema de dependencia y su modelo de financiación

El PSOE no descarta acudir a los tribunales contra el copago en dependencia establecido por Fabra en la Comunidad Valenciana

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, se ha comprometido a evaluar el sistema de dependencia así como su modelo de financiación a partir del 1 de julio, momento en el que culminará el calendario de implantación del sistema en España tal y como dicta la ley, con la incorporación de unos 315.000 dependientes moderados. En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de este 2015, Alonso ha defendido que la Ley de Dependencia se está cumpliendo "razonablemente"y se está cumpliendo su calendario. "Será también momento de hacer una evaluación sobre cómo ha funcionado en todos sus aspectos y también en el modelo de financiación que la ley prevé, un modelo mixto, donde tiene que haber una aportación de usuarios", ha señalado.

El ministro ha hecho estas afirmaciones después de que la diputada valenciana y portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, le preguntara por sus intenciones con la dependencia en la Comunidad Valenciana, después de que el Gobierno 'popular' de esa comunidad vaya a instaurar un "copago confiscatorio"a la dependencia que, a su juicio, "impide a los afectados acceder a las prestaciones de la ley"; una medida que, de salir adelante, el PSOE recurrirá ante los tribunales, según ha anunciado Montón. "El PP está desmantelando el sistema de dependencia, pero en la Comunidad Valenciana se ha cebado y los valencianos queremos saber si está de acuerdo con ese copago extra que Fabra ha aprobado en la ley de acompañamiento a los presupuestos, y si va a consentir que asuma competencias que no son suyas porque, como dice el CERMI, se va a abocar a los dependencientes valencianos a la pobreza y a la exclusión social", ha denunciado Montón.

Garantizar la igualdad

Por ello, la socialista valenciana ha pedido al ministro que garantice la igualdad después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declarase la nulidad del copago, establecido en un decreto de 2013, "que por ejemplo obliga a pagar hasta el 90% de la pensión". "Saltándose la sentencia, Fabra insiste y cuela ese nuevo copago en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat. ¿Usted que va a hacer? ¿Va a ser cómplice del quebramiento de la vida de personas con dependencia? Los socialistas vamos a agotar todas las vías en la defensa de una vida digna para las personas con dependencia y si es necesario llegaremos al Tribunal Constitucional", ha remarcado.

En este sentido, Alonso ha aclarado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló una decisión del Gobierno de aquella comunidad por considerar que lo que establecían como precio público en una tasa "tenía reserva de ley". Es por ello por lo que ha asegurado que lo que ha hecho el Gobierno valenciano ha sido "regularlo correctamente"aprobando una norma jurídica de ese rango. "Les pasó a ustedes también cuando aprobaron en el Consejo Interterritorial de Dependencia los criterios del copago que habían establecido ustedes en la ley. También fue anulado por los tribunales en 2008 y lo tuvimos que hacer nosotros en 2012, que está vigente y no está anulado y en el que se establecen las garantías. El Ministerio va a revisar que esas garantías se cumplen en todas las comunidades autónomas", ha insistido el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Aquí también ha recordado que en el acuerdo alcanzando entre todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Dependencia, se establecieron tres garantías de esa participación de los beneficiarios en la financiación. "Nadie debe quedar al margen de las prestaciones o de la atención por razones económicas; los que no lleguen a unos ingresos equivalentes al IPREM no pagarán nada y los demás pagarán en cuanto a su capacidad económica, pero con un tope del 90% del coste del servicios. Esto es a lo que están obligados el conjunto de las comunidades autónomas en España", ha precisado.