Bruselas recuerda que regular el aborto es competencia de cada país

La Comisión Europea (CE) rehusó hoy comentar el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto aprobado por el Gobierno español, y recordó que se trata de una cuestión de competencias nacionales sobre la que Bruselas no legisla.

"No tenemos ningún comentario al respecto porque el aborto es una cuestión que recae dentro de las competencias nacionales", señaló a Efe la portavoz comunitaria de Justicia, Mina Andreeva.

La medida propuesta por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy sí ha generado, no obstante, las críticas del Gobierno francés, que este domingo consideró la reforma "un retroceso", según la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno francés, Najat Vallaud-Belkacem.

"Es terrible ver que en un país como España, que en estos últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres (...) vaya a disponerse a conocer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio", afirmó Vallaud-Belkacem en una entrevista a varios medios galos.

Vallaud-Belkacen afirmó además que la amenaza a los derechos de las mujeres "no concierne solo a España"y mostró también su inquietud por la situación de otros países como Irlanda o Polonia.

La titular francesa ha enviado una carta para expresar su opinión al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno español aprobó la reforma el pasado viernes, cuando el presidente Mariano Rajoy se encontraba aún en Bruselas para asistir al último Consejo Europeo del año.

Si la modificación que propone el Ejecutivo sale adelante acabará con la ley actual de plazos, que fija el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre, o graves anomalías en el feto.

En su lugar, se volvería un sistema de supuestos en el que solo se permitiría la interrupción del embarazo en caso de violación o peligro para la madre, una paso menos que en 1985 cuando también se aceptaba como motivo para abortar el riesgo de malformación del feto.

La reforma prevé penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos, que serán de uno a tres años de cárcel para los facultativos que la practiquen con consentimiento de mujer, y de 4 a ocho años de presión si se hace bajo amenaza o engaño.