Caza, por qué no se puede prohibir

Genera 6,4 millones de euros y mantiene 141.261 empleos. Pese a ello, el Gobierno amenaza a un sector que también ahorra dinero a la Administración con su gestión del ecosistema. «Los cazadores no votaremos traidores», avisan.

Llegaron a Madrid, con boinas y sin ellas, «en defensa del mundo rural y sus tradiciones». Ese fue el lema de una manifestación apoyada por miles de ganaderos, agricultores, pescadores, cazadores y criaderos de toros venidos desde diferentes puntos de España a la capital para protestar contra «el abandono» de los pueblos y los «ataques» que sufren por parte de los colectivos animalistas. Convocada por Alianza Rural –que agrupa a 200 entidades relacionadas con estas actividades–, el objetivo de la protesta fue «dar voz» a los más de diez millones de personas que viven en el campo o de él, según expuso uno de los coordinadores de la manifestacion, Emilio Sanz Pastor, fundador de Cazar en Abierto. Y, también, para plantar cara al lobby ecologista: «Están haciendo mucho daño al sector cinegético y pesquero». «Ya está bien, nos sentimos más que acosados», respondió por su parte, Abraham Corpas, presidente de la Plataforma en Defensa de la Caza con Galgos. Ambos insistieron en la necesidad de que la sociedad urbana «adopte un punto de vista sensato» a la hora de «hablar de si se prohíbe o no la caza».

Y es que, aunque en el madrileño Paseo de la Castellana estuvieron representados muchos colectivos del ámbito rural, fueron los cazadores el grupo más numeroso. Quizá por ser el que, últimamente, ha sufrido los embates más duros. El último, la decisión de una jueza de suspender cautelarmente la caza en Castilla y León, alentada por las peticiones del partido animalista Pacma. Ayer, se plantaron en Madrid para que los habitates de las ciudades sepan «el fin social» que tiene la caza. No solo como herramienta de gestión de los ecosistemas y para controlar la población de ciertas especies (como el conejo que esta horadando las vías del AVE en Andalucía o la cabra montesa, que está arruinando muchos cultivos en Aragón). También como contención a la despoblacion de los pueblos.

«El campo se queda vacío», se leyó en el comunicado posterior a la marcha. Lo cierto es que un 53% del territorio español está en riesgo de despoblación, según advirtió hace unos meses la comisionada del Gobierno frente el reto Demográfico. Y, la caza es «un auténtico muro de contención contra el despoblamiento», tal y como admitió el presidente de Castilla-la Mancha y hombre fuerte del PSOE, Emiliano García Page. La política regional, sea del color que sea, sabe que no puede ponerse de perfil en este asunto, aunque contravenga las directrices del partido a nivel estatal.

Pero, sobre todo, la caza debería importar en España por la cantidad de dinero que mueve: genera más de 6,4 millones de euros al PIB del país y mantiene anualmente 141.261 empleos. Sólo en las zonas rurales, los gestores de terrenos cinegéticos contratan a 45.500 personas, 7 de cada 10 con estudios primarios, por lo que contribuye a la integración de perfiles de baja cualificación en el mercado laboral. Estos son solo algunos de los datos del informe elaborado por la Fundación Artemisian en colaboración con la consultora Deloitte, para poner «luz y taquígrafos» al impacto económico de la caza. España es, de hecho, uno de los principales destinos para cazadores de todo el mundo, ya que el 87% del terreno está declarado como de aprovechamiento cinegético. Y es, después de Francia, el país con mayor número de cazadores: hay en torno a un millón y más de 300.000 federados. Debe tenerse en cuenta asímismo, los agentes que se benefician indirectamente de la actividad cinegética: el cazador medio en España se gasta 225 euros anuales en ropa y complementos para la caza; 580 euros en la compra y mantenimiento de animales auxiliares, 49 euros en seguros de responsabilidad civil, 60 euros anuales en licencias de arma, 2.425 euros en desplazamientos, 494 en comidas y bebidas, 175 euros en taxidermia ... por no contar con el beneficio que obtiene la industria de carne de caza (su facturación fue de 44,6 millones en 2016).

La Fundación Artemisian también pone de relive la contribución de esta actividad a la siniestralidad víal. Burgos es la primera comunidad con accidentes mortales por animales salvajes y Soria la segunda. «Así que si se prohíbe la caza en Castilla y León las vías serían intransitables», avisa el presidente de la Federación de Caza de esta comunidad Santiago Iturmendi. El informe también presenta la caza como una herramienta esencial de gestión de los ecosistemas: «Se estima que en España hay 700.000 jabalíes y, según los expertos, si no hubiera cazadores, su población podría duplicarse cada año», argumenta el informe. También destaca su aportación a la conservación del patrimonio natural, teniendo en cuenta que «los propietarios de los cotos invierten conjuntamente cada año 233 millones en repoblaciones y 54 millones en mantenimientos de vías y caminos», así como la tarea de sensibilización que llevan a cabo, pues «4 de cada 5 cotos organizan charlas sobre la necesidad de fomentar una caza sostenible y ética y conservacionista».

Con todos estos datos sobre la mesa, no es de extrañar que ayer representantes de casi todos los partidos se sumasen a la marcha en defensa del mundo rural. Representantes del PP, Ciudadanos, Podemos y Vox acompañaron a agricultores, ganaderos y cazadores. No así el PSOE, que ve a la España cazadora como «casposa», en palabras del presidente de Fomento, José Luis Ábalos, y amenazó con acabar con ella .