La radio, unida contra la «piratería»

Las radios comerciales, hartas de años de intromisiones en sus diales, han decidido pasar a la acción y dentro de su estrategia para matizar la futura Ley de Propiedad Intelectual, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), a través de su presidente, Javier González Ferrari, exigió ayer a las administraciones públicas que de una vez por todas se ponga «un día D y una hora H para el cierre de las emisoras ilegales o ''piratas''», que la asociación cifra en más de 3.000. Ya en 2004, la AERC identificó y elaboró una relación de todas las emisoras irregulares para el Ministerio de Industria con la idea de que se pudiera elaborar un nuevo Plan Técnico de FM que acabara con el caos en las ondas.

«No existe ese supuesto control del espectro porque ni la Administración central ni las autonómicas se han tomado en serio el tema de las emisoras ''piratas''», asegura González Ferrari a este diario. Si en 2004 ya existían casi 3.000, en la actualidad «ese número ha crecido. Tenemos este problema serio desde hace mucho tiempo», explica el presidente de la AERC, que matiza que no es una cuestión de política, porque «hemos hablado con varias administraciones de gobiernos distintos. Siempre se nos dan buenas palabras pero no se hace realmente nada». Pero el periodista sabe que antes de afrontar el problema, hay que poner orden en casa: «Lo que ayer hizo la asociación es autocrítica, porque en el seno de las cadenas legales también hay irregularidades. Primero arreglaremos esos problemas para cargar de peso nuestros argumentos». Confirma que dentro de la asociación se tendrán que tomar medidas «si de verdad queremos acabar con la ''piratería'' en España».

En la misma rueda de prensa confirmó que dichas emisoras «piratas» causan problemas muy graves. «En la reunión que tuvimos el 20 de marzo con el ministro Soria, hablamos de la presunta entrada de la señal de las tres principales emisoras de nuestro país en Marruecos y Argelia, por lo que recibimos unos expedientes sancionadores, lo cual es evidentemente una ilegalidad. Le planteamos que no se había avisado de ese problema para haber podido celebrar una reunión y solucionarlo y tener que llegar a las multas –de entre 30.000 y 90.000 euros–», explica González Ferrari. Pero también aseguraron al ministro que «a veces tenemos que rebasar la señal por las radios ilegales que nos están interfiriendo». Sin embargo, los problemas son muchos más, ya que las emisoras ilegales no cumplen unos requisitos imprescindibles para la normalidad de las empresas que explotan el espectro radiofónico. «Estos diales no pagan impuestos, no tienen dados de alta a los trabajadores, pagan lo que quieren pagar... Han sido un gran problema para el sector durante muchos años y ha llegado el momento de ponerse muy en serio en el camino de acabar con esta situación que es inédita en el resto de Europa», aclara. En el año de presidencia que le resta en la asociación, González Ferrari confía en «arreglar» la intromisión de las radios «piratas» y poner «un poco de orden en nuestras emisoras para luego poder exigir a la Administración que haga su parte. Hay mucha impunidad ante la que nosotros no hemos sabido reaccionar».