Condenan a dos menores de Pamplona por «bullying» a un compañero

Adrián (nombre ficticio) es ahora un chico más. Ha empezado su primer año de carrera fuera de casa con la ilusión y los nervios propios de la edad. Le toca, poco a poco, recomponerse, abrazar con fuerza la fe que le ha inculcado su familia y afrontar con optimismo su «nueva vida». Toca dejar atrás y olvidar, si puede, los casi tres años de infierno que le tocó vivir en el colegio. Adrián fue víctima de un acoso humillante, asfixiante hasta el extremo y reiterado en el tiempo por parte de un grupo de compañeros –liderado por dos cabecillas– desde 3º de la ESO hasta 1º de Bachillerato en un centro escolar de Pamplona (navarra). Su angustia vital era levantarse por la mañana e ir a clase.

La dificultad del contenido a estudiar, los exámenes, los deberes...todo eso era lo de menos porque su día a día pasaba era tener que convivir a diario con sus verdugos. Además de la violencia física y verbal, se encontraba con sus cosas rotas y sufría una clase de humillaciones que omitimos. Evidentemente su rendimiento académico cayó pero lo peor fue cómo somatizaba la violencia: insoportables dolores de cabeza, mareos y vómitos, por no hablar del grado de ansiedad sostenido en el tiempo.

20.000 euros por daño moral

Como indican ahora los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra, encargados de revisar esta sentencia de bullying, «el día a día de la víctima era insoportable, siendo la bajada de notas la menos de sus consecuencias».

Adrián ahora tiene 18 años y deberá ser indemnizado con 20.000 euros por daño moral, aunque el 90% serán abonados por el colegio al considerar el tribunal que no detectaron el caso y lo minimizaron.

Es más, si el acoso cesó a mitad de 1º de Bachillerato no fue porque el centro escolar tomara medidas, sino porque la víctima terminó dejando el colegio.

Tras la denuncia de la familia, nueve menores fueron expulsados y la Fiscalía imputó a cuatro de ellos. Dos pidieron perdón y la víctima retiró la denuncia pero otros dos, no. Durante el juicio, las familias de los acosadores hablan de meras «chiquilladas o bromas» pero el juzgado no lo vio así y fueron condenados el pasado mes de abril. Recurrieron y ahora la Audiencia Provincial vuelve a dar la razón a la víctima y aclara: «A la vista de los hechos probados (...) es a todas luces imposible, por su extensión en el tiempo, que los actos se cometieran sin voluntad y a sabiendas de cómo afectaban a la víctima, (...) afectando seriamente su autoestima».

Además, impone una orden de alejamiento de 300 metros que ya será complicado de incumplir porque ha sido la propia víctima la que (de nuevo) se ha visto obligado a poner tierra de por medio.