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Coto a la demanda de servicios sexuales en eventos deportivos

El nuevo Plan Integral contra la Trata contempla la posibilidad de destinar a las víctimas el dinero decomisado a los proxenetas

La Razón
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El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad está ultimando su nuevo plan para luchar contra la trata con fines de explotación sexual, con el que se quiere dar continuidad al primero que se elaboró en 2009 y que, aunque se mantienen sus directrices, finalizó en 2012. Por ello, Sanidad se ha reunido con las principales asociaciones que asisten a las víctimas para actualizar las medidas que deben incluirse en el nuevo documento y que marcará la estrategia hasta 2018. LA RAZÓN ha accedido al segundo borrador, de 65 páginas, en el que se definen las principales medidas. Nueve de cada diez prostitutas que viven en España son víctimas de trata y, de acuerdo con los datos que maneja la Guardia Civil, unas 350.000 mujeres ejercen la prostitución en nuestro país. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya denunció el pasado mes de febrero que la tratata mueve unos cinco millones de euros al día, por lo que mantener un plan actualizado es indispensable para luchar contra los «tratantes» que, como ya avanzó LA RAZÓN, cada vez «utilizan» a más menores. De acuerdo con los datos de la Policía Nacional, sólo en dos años las víctimas con menos de 18 años se han incrementado cuatro veces. El segundo borrador incorpora una serie de medidas organizadas en función de los objetivos específicos «a los que pretenden dar cumplimiento». Así, se impulsan 10 objetivos, dentro de las cuatro líneas de trabajo a las que quiere dar prioridad el Ministerio que dirige Alfonso Alonso. Al igual que en el anterior Plan, se busca impulsar «la visibilidad de la realidad de la trata» y promover el mensaje de «tolerancia cero». Además de dar continuidad a las campañas que ya se están haciendo y velar por la «eliminación de imágenes estereotipadas y contenidos sexistas», «promover la autorregulación que favorezca la eliminación de anuncios de contacto en los medios», como hace este diario desde su fundación, pero que el resto de periódicos no ha seguido. Una demanda que incluye este documento y que, en el anterior no aparecía, es la «prevención de la demanda de servicios sexuales durante la celebración de eventos deportivos, mediante la información y sensibilización al público de dichos eventos».

Se trata de una demanda frecuente también en Bruselas. Los europarlamentarios han llamado la atención sobre el hecho de que los grandes eventos, como las ferias internacionales o los acontecimientos deportivos, parecen provocar un claro aumento en la demanda de servicios

sexuales y, por tanto, un incremento de la prostitución forzada. Por ejemplo, el último Mundial de fútbol que se celebró en Europa, el de

Alemania de 2006, provocó la llegada al país de unas 40.000 mujeres procedentes en su mayoría de Europa del Este, Centroeuropa y África,

para ejercer la prostitución.

Indemnización vía judicial

En lo que respecta al refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamento de la trata de seres humanos, impulsa la modificación de tres artículos

del actual Código Penal, que está en proceso de reforma: introducir la libertad vigilada, que el comiso de bienes y productos también se amplie

a la trata y que se aplique el tipo penal de la explotación de la prostitución ajena. Dentro de este mismo objetivo se incorpora una de las demandas que las asociaciones llevan reclamando durante mucho tiempo: la «constitución de un fondo de decomiso de los bienes y productos procedentes de la trata, que se destine a la asistencia y protección de las víctimas». Y es que organizaciones como Apramp que ayudan a muchas mujeres a salir del infierno en el que viven apenas reciben recursos estatales. Hasta el momento, sólo han recibido ayuda para su labor a través de sentencias judiciales que imponen una indemnización al «tratante». El objetivo es reforzar los servicios de información y atención a las víctimas con fines de explotación sexual. Y el proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que está elaborando el Ministerio de Justicia, contempla que se proteja especialmente «a las víctimas de trata de seres humanos y, en particular, a las víctimas menores de edad, con la incorporación de

medidas específicas de protección en los procesos penales». En lo que respecta a las «situaciones de mayor vulnerabilidad», dentro de las que

se encuentran las víctimas extranjeras, según la medida 71, deben establecerse «criterios para la concesión de permisos de residencia por

circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la víctima en la investigación».

Las menores de edad son otro de los colectivos al que el nuevo Plan quiere prestar especial atención. Y es que los datos coinciden en la

necesidad de impulsar la detección temprana de estas víctimas. Por ello, además de impulsar una formación específica de los servicios sociales,

policiales, judiciales y sanitarios, también buscan crear «directrices específicas en el protocolo de actuación sanitaria que se elabore en

relación con la trata de seres humanos». En la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito ya se recoge la medida 84: «Considerar como menores

de edad a las personas identificades como víctimas de trata, cuando existan dudas sobre su edad y en tanto ésta se determina». En esta misma

línea, el documento estima que en la ley de protección a la infancia se debe contemplar «como situación de desamparo la de un menor identificado como víctima de trata», cuando «exista un conflicto de intereses entre los padres, tutores o guardadores y el menor». Este aspecto ya se recoge

en la norma aprobada el pasado mes de febrero. La estrategia del Gobierno se completa con la segunda fase del Plan Policial que ya está

en marcha y que, como anunció el director general del Cuerpo, se centra en la persecución de los clientes, a los que se les aplicará una presión

«insoportable». Pero no es sólo eso. Como explicó a este diario José Nieto Barroso, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y

Falsedades Documentales (Ucrif), «queremos sensibilizar a los clientes de que esa chica puede ser su hija», en referencia al incremento de

víctimas menores de 18 años. Y es que, la mayoría vienen desde Rumanía y tienen edades comprendidas entre los 16 y los 17 años.

El Mundial de Brasil y la Super Bowl, los «escaparates» de las redes

Basta fijarse en algunos de los últimos eventos deportivos de mayor seguimiento internacional para comprobar hasta qué punto las redes de

trata aprovechan los eventos masivos para hacer caja. La Super Bowl, la gran final del fútbol americano, es buen ejemplo de ello. El pasado año,

las autoridades de Nueva York anunciaron la detención de 18 personas, la mayoría de ellas mujeres de origen coreano, por liderar una red de

prostitución y drogas. De hecho, los detenidos ofrecían a los asistentes a la cita deportiva lo que denominaban el «paquete fiesta», que, además

de los servicios de las prostitutas, incluía cocaína. Con todo, no fue la única banda intervenida. El FBI rescató a más de una quincena de

menores con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, víctimas de una mafia formada por al menos 45 proxenetas que habían creado una red exclusivamente por la final, que tuvo lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

Mientras, el Mundial de Brasil, celebrado también el pasado año, fue objeto de campañas previas para sensibilizar sobre la prostitución

infantil. Y es que, además de tratarse de uno de los grandes acontecimientos deportivos de los últimos años, hay que sumar el arraigo

que tiene el turismo sexual en el país. Varias asociaciones, entre ellas Médicos del Mundo, denunciaron la situación en una campaña en las redes sociales: #ComprarSexoNoEsDeporte. Las asociaciones implicadas alertaban de que, desde que se habían iniciado las obras para albergar el

campeonato, se había producido un aumento considerable de las denuncias y los casos de explotación sexual. Situaciones con víctimas menores de edad, sumergidos en un contexto de extrema pobreza, por el que cobran sus servicios con diez reales o un plato de comida. En este contexto, la campaña denunciaba que, frente a los miles de millones invertidos en las infraestructuras, el Gobierno brasileño apenas destinó cuatro millones a asistir a las víctimas o incluso a prohibir la entrada al país de personas con antecedentes en este sentido. Para hacerse una idea del

«tirón» que tiene la prostitución para los turistas, la agencia Dpa informó de que una asociación de trabajadoras sexuales de Belo Horizonte

iba a impartir gratuitamente clases de inglés a las meretrices de cara al Mundial. Además, el campeonato provocó un aumento de más del 190% en lo que respecta a denuncias contra páginas de internet que ofrecían servicios de prostitución, según denunció la asociación brasileña SaferNet.