Caos educativo: las diecisiete maneras de estudiar Sociales en España

En Ciencias Sociales de 3º de Primaria en Baleares se estudian 16 grandes capítulos; en Madrid, 5.

Estudiar Ciencias Sociales en 3º de Educación Primaria supone estudiar contenidos diferentes de dependiendo de la comunidad autónoma en la que un alumno viva. Así, por ejemplo, un niño de tercero de Primaria estudia en Madrid el mapa físico de España, el mapa político de Europa para aprender los países y capitales, se le explica lo que son los los planos, los mapas y se le enseña a diferenciar los tiempos históricos...

En definitiva, en Madrid abordan cinco grandes epígrafes frente a los 16 que se incluyen en los libros de Ciencias sociales de los niños de Baleares donde tambibén se les enseña algunas de las cosas que vienen en los libros de los niños madrileños de 8-9 años, solo que, además, abordan otras cuestiones que puede que los que residen en la capital de España hayan estudiado antes o lo vayan a hacer en los cursos posteriores, como son la Constitución de 1978, las entidades del Gobierno, el universo y el sistema solar, las actividades productivas...y hasta se habla de seguridad vial.

En Castilla-La Mancha lo que estudian los niños se condensa en nueve capítulos que, en algunos casos, coincide con lo que estudian los de Madrid y Baleares pero, en otros, en nada tienen que ver. Ellos, a diferencia de los otros, se tienen que examinar sobre la familia y sus estructuras, y no abordan las distintas etapas históricas, ni se les habla de la litosfera o los factores que modifican la población de un territorio, entre otros contenidos.

Y es que, los editores, dependiendo de la autonomía que se trate y de los decretos que desarrollan la Lomce y que fueron aprobados en cada una de ellas, incluyen en sus libros de texto unos contenidos u otros para ajustarse a la legislación autonómica. «A mí me ha pasado que en una comunidad que, dependiendo del partido en el poder, me han pedido que se trate el contenido de los libros de una manera o de otra», ya denunció en la Comisión de Educación del Congreso hace meses José Moyano, presidente de la Asociación de editores del libros de Texto (Anele).

Con ello se refería a casos como el de Canarias: cuando gobernaba el PSOE, se pedía a los editores que no hiciesen tanto hincapié en el silbo canario ( el lenguaje silbado practicado por algunos habitantes de La Gomera para comunicarse a través de barrancos) y cuando quien estaba al frente era Coalición Canaria se pedía que no se incluyeran tanto contenido de ríos porque Canarias carece de ellos. Las «presiones» alcanzan a temas como el tratamiento del Holocausto en los libros que estudian los escolares, e incluso llegó a recibir una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores para que, por sugerencia del Gobierno chino, se cambiara en los libros el color del mapa del Tibet o del Mar de Corea.

Los editores volvieron a denunciar hace dos días las políticas educativas heterogéneas «agrandan la brecha entre alumnos de distintas comunidades autónomas». El ex ministro de Educación llegó a pedir a la Alta Inspección Educativa un informe específico sobre los contenidos que los niños estudiaban específicamente en Cataluña, pero jamás se supo del resultado. «Nadie vigila ni supervisa los disparates que pueda haber en los libros de texto. Con las sucesivas leyes educativas, desde la Logse en adelante, se ha ido ahondando en la desvertebración del sistema y esto se evidencia en los criterios de edición y supervisión de los libros de texto. El Estado debería recuperar el control de la supervisión de los manuales que estudian los alumnos», declaró a LA RAZÓN el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández. En España hemos pasado del «Nihil obstat» (no hay obstáculo para su publicación) en la edición de libros o de la censura franquista a un momento como el actual en que los libros no son supervisados por ningún organismo. Se hace únicamente si existe una denuncia ciudadana o de algún medio de comunicación.

La Ley General de Educación, de los años setenta, sí otorgaba al Ministerio de Educación la competencia de supervisar todos los libros de texto. El control era previo hasta 2006 con otra ley socialista, la LOE, en que se dinamita esta posibilidad y el control pasa a ser posterior. La ministra de Educación, isabel Celaá, negó ayer que los alumnos españoles estudien contenidos diferentes dependiendo de la comunidad «Que existan diversidad de libros de texto (hasta 10.000), no significa que haya diversidad de currículum».