El Gobierno pone coto al fraude del reciclaje

El ciudadano podrá dejar un aparato eléctrico pequeño, como un secador, de forma gratuita en las tiendas de 400 m2.

El tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) cuesta unos 300 millones de euros al año. Sin embargo, España sigue incumpliendo el objetivo de recogida de 4 kg de este tipo de residuos por habitante y año. En concreto, según el último dato oficial, en 2012 se reciclaron 3,4 kg por habitante y año, lo que nos sitúa entre las últimas posiciones de la UE, y muy lejos de los 22 kg por habitante de Noruega. Es decir, que no se está haciendo bien. Con el fin de revertir esta situación, el proyecto de Real Decreto de RAEE elaborado por el Ministerio de Agricultura al que ha tenido acceso LA RAZÓN incluirá dos instrumentos para mejorar el control y supervisión por parte de las Administraciones Públicas que reducirá el fraude que se está produciendo hoy en este sector. Y es que cuando los fabricantes ponen en el mercado una nevera, por ejemplo, se incluye en el precio el coste de su tratamiento, se gestione debidamente o no. De ahí que, a pesar del coste citado, sólo se tenga constancia de que 40 millones de euros (el 13,3%) se dedican realmente al tratamiento adecuado de estos residuos.

Dos instrumentos de control

En concreto, el proyecto que está previsto que vaya hoy al Consejo de Ministros incluye la creación de una plataforma electrónica en la que se incluirán los datos de recogida y gestión de los RAEE, financiada por el Ministerio de Agricultura y los productores. Hasta ahora existían varias plataformas con contenidos y formatos distintos organizados por los Sistemas Integrados de Gestión. En cambio, ahora habrá uno solo que será controlado por el Ministerio de Agricultura. También se va a crear una oficina de asignación de recogidas, que será gestionada por los productores de aparatos eléctricos y electrónicos y que será controlada por el Estado, las CC AA y las entidades locales.

Dos mecanismos que tratarán de mejorar la trazabilidad en la recogida y gestión y control para su contabilización dada la opacidad y falta de información sobre recogida y gestión de estos residuos que hay en la actualidad.

Asimismo, estos instrumentos permitirán el cumplimiento de los objetivos de gestión a nivel autonómico. Es decir, que cada región llegue a esos 4 kg de residuo por habitante y año. Y como novedad se establecen objetivos autonómicos, por lo que según la situación económica de una región, por ejemplo, el objetivo será mayor o menor.

A su vez, el borrador impone «la obligación a los grandes distribuidores con una zona de venta de aparatos eléctricos y electrónicos que tengan un mínimo de 400 metros cuadrados de recoger los RAEE muy pequeños (menores de 25 cm como puede ser un móvil, por ejemplo) de forma gratuita y sin la condición de que el usuario compre un aparato equivalente». De modo que ya no hace falta comprar un móvil, un secador de pelo o una depiladora para depositar el residuo. En cuanto a los grandes RAEE como neveras o lavadoras, la situación continuará igual: por la compra de otro aparato la empresa tiene que recogerte el residuo.

Respecto a las empresas que venden aparatos a través de internet, deberán garantizar que los compradores puedan entregar sus RAEE de igual manera que en las tiendas físicas.

Reutilización por ley

Otra novedad es la reutilización de estos aparatos. Para ello, a partir de 2017 se exigirá que el 2% de los aparatos eléctricos y electrónicos grandes sean reutilizados. Un porcentaje que se eleva al 3% en el caso de los aparatos informáticos y aparatos pequeños. Una medida que puede parecer poco exigente, pero que es un primer paso para normalizar esta práctica muy común en otros países europeos como Reino Unido y que hará que por ejemplo que los fabricantes desarrollen una línea de mercado de segunda mano.