El juzgado se opone al reconocimiento de la finca donde fueron enterrados los holandeses

El Juzgado de Molina de Segura (Murcia) que investiga el asesinato de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y su pareja, Severein Lodewijk, ha desestimado la petición del dueño del huerto donde fueron enterrados sus cadáveres, que pretendía que se hiciera un reconocimiento judicial del terreno. La solicitud fue planteada por Serafín de Alba, propietario de la finca de la pedanía murciana de Alquerías donde aparecieron los restos mortales de ambos holandeses a finales del pasado mayo, dos semanas después de cometido el doble crimen en una casa rural de Molina de Segura.

El imputado deseaba con esta prueba que se determinaran las características de accesibilidad al huerto y demostrar que la fosa fue excavada a una distancia que impedía que pudiera ser vista por aquel aunque en aquellos momentos estuviera en su casa. Según ha sabido Efe de fuentes cercanas al caso, la resolución judicial que deniega la práctica de este reconocimiento indica que en la causa consta ya el resultado de la inspección ocular de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que se considera innecesario repetir una diligencia sobre esos mismos extremos.

Por otra parte, aconseja a De Alba que, en su momento, haga uso de lo que dispone al respecto la ley del Jurado, que prevé esa posibilidad, y le indica que puede aportar un informe pericial en el que se recojan los detalles que crea conveniente demostrar.

El juzgado tampoco ha accedido a su solicitud de que se designe a un ingeniero de telecomunicaciones para que realice un informe sobre el posicionamiento del teléfono móvil de De Alba el pasado 13 de mayo, día en el que Visser y Lodewijk fueron asesinados. La resolución dice que esta prueba no corresponde a la administración judicial por no ser De Alba imputado beneficiario de la justicia gratuita, además de que en las diligencias figuran ya informes policiales sobre ese posicionamiento y los flujos de llamadas de los distintos terminales intervenidos.

Si De Alba desea someterlos a contradicción -añade-, deberá citar al juicio a los agentes que los confeccionaron y, si lo cree aconsejable, aportar un informe de parte para tratar de desvirtuarlos. A lo que sí accede el juzgado es a recabar de la empresa que instaló los servicios de internet en su domicilio en Alquerías el registro de llamadas e incidencias.