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El presupuesto del Gobierno para la lucha contra incendios aumenta un 26 por ciento

Canarias contará con un hidroavión durante todo el verano para evitar situaciones como la del año pasado

Imagen de satélite de julio de 2012, en la que se aprecia el humo de los incendios de La Palma y La Gomera
Imagen de satélite de julio de 2012, en la que se aprecia el humo de los incendios de La Palma y La Gomeralarazon

El Ministro de Medioambiente, Miguel Arias Cañete, presentó ayer la campaña contra incendios para este verano que, como principal novedad, prevé la estancia de un avión de carga en Canarias, con base en La Gomera, del 1 de julio al 30 de septiembre, y la modificación de los protocolos para que la respuesta de los grandes hidroaviones sea mas rápida ante la demanda de ayuda de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sobre la extinción de incendios. La dotación presupuestaria ascenderá a 130 millones frente a los 103 del pasado año, lo que supone un incremento del 26 por ciento. La mayor parte de este incremento se destinará a la compra de un hidroavión Canadair. Así, la campaña contará con 66 aeronaves, 11 unidades móviles de meteorología y transmisiones y 10 Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) para apoyar a las CCAA contra los fuegos que se puedan declarar este verano.

En palabras del ministro, la previsión sobre futuros fuegos dependerá de las temperaturas de las próximas semanas y de los vientos, pero dijo que hay que tener en cuenta que los pastos han crecido con fuerza por las lluvias primaverales, lo que «tiene su riesgo». De momento y a 31 de mayo solo ha habido un gran incendio, frente a los 10 grandes registrados el pasado año en el mismo periodo. 2012 fue el peor año de la última década en hectáreas quemadas (más de 200.000), los aparatos volaron más de 22.000 horas, de las que 12.000 se realizaron en los graves incendios de Valencia, Castilla y León, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. Ello tuve un coste de 60 millones de euros, de los que un 20% se dedica por ley a la formación de personal y tareas de mantenimiento. Los incendios comenzaron en el litoral levantino, concretamente en Cortes de Pallás y Andilla, donde 50.000 hectáreas fueron pasto de las llamas durante tres semanas y en el que perdió la vida un piloto que trabajaba en las labores de extinción. El 22 de julio se originó otro incendio en Gerona, en las zonas de el Alto Ampurdán y La Jonquera, con 14.000 hectáreas afectadas y en el que murieron cuatro ciudadanos franceses que no lograron huir del fuego. En el mes de agosto, se declararon otros dos grandes incendios en La Torre de les Maçanes (Alicante) y Sierra de Gata, en los que fallecieron un agente medioambiental, un brigadista y un miembro de la Unidad Militar de Emergencias.

La campaña de este año viene marcada por la experiencia del año pasado, en la que las llamas se cebaron especialmente con las Islas Canarias, donde se produjeron cuatro grandes incendios, dos de ellos en Tenerife y uno en La Palma y La Gomera. De hecho, la falta de coordinación y de previsión provocó que el envió de refuerzos desde la Península se retrasara e impidiera el avance del fuego, que devoró un 92% más de superficie que la media del último decenio. En Tenerife, una colilla provocó un incendio que arrasó 6.512 hectáreas en los términos municipales de Adeje, Vilaflor, La Orotava y Guía de Isora durante el mes de julio. El de La Palma afectó a 90 héctáreas de terreno y el de La Gomera, que quemó más del 11 por ciento de la isla, con un total de 4.000 hectáreas afectadas.

Este último caso provocó un enfrentamiento directo entre el cabildo, el gobierno de Canarias y el Ministerio de Medioambiente, que a día de hoy no se ha solucionado. Desde el ministerio se criticó que se tardó mucho en decretar el nivel de alerta y en solicitar ayuda y desde el cabildo defienden que su gestión fue buena y que el envío de hidroaviones se demoró demasiado.

De hecho, en la reforma de la ley de Parques Nacionales adelantada por LA RAZÓN, el Gobierno se reserva el derecho de intervención en el caso de que considere que la Comunidad Autónoma no los gestione de manera adecuada, algo de lo que se acusó al Gobierno canario con el incendio del Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) el pasado verano