España incumple desde hace año y medio el plazo que le dio la UE para legislar contra la trata

El año pasado fueron detectadas 13.159 víctimas potenciales y la Fiscalía advierte de que sólo el 12% se acogen al periodo de reflexión

España incumple desde hace casi año y medio el plazo que le dio la Comisión Europea para trasponer la directiva sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, una norma comunitaria que obliga a los Estados miembros a disponer medidas específicas para la persecución de estos delitos y la protección de sus víctimas. La Directiva fue aprobada por la Comisión Europea en abril de 2011, cuando se dio un plazo de dos años a los Estados miembros para incorporar los contenidos a sus respectivos ordenamientos jurídicos. La propia comisaria de Interior en mayo de 2013, Cecilia Mlmstrom, apercibió a España para que adoptase la normativa y le dio de margen hasta enero de 2014 para contestar, pero sigue pendiente en la actualidad.

Para la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), el modo adecuado de acometer esta trasposición sería la aprobación de una Ley Integral para estos delitos, al estilo de la que ya existe para los casos de violencia de género, que garantizase tanto la respuesta adecuada a las víctimas, solucionando posibles deficiencias, como la persecución eficaz de sus explotadores. No es el único retraso en la materia que tiene España, cuyo primer y último Plan Integral de Lucha contra la Trata, aprobado en Consejo de Ministros el 12 diciembre de 2008, venció en 2012. Aunque se prorrogó su vigencia, aún no ha sido renovado.

Protección de las víctimas

En la actualidad, España dispone de un protocolo marco de actuación para la detección e intervención con víctimas de trata que involucra a Gobierno, Fiscalía y fuerzas de seguridad del Estado, quienes, a su vez, tienen su propia guía de actuación en estos casos. Las víctimas, además, cuentan desde 2013 con derecho a la asistencia jurídica gratuita. La Ley de Extranjería, por su parte, les reconoce el derecho a contar con un periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 30 días durante el que estas mujeres, con asistencia social y orientación, deben decidir si quieren denunciar a sus tratantes. Si no colaboran con la justicia, pueden acabar siendo expulsadas como inmigrantes sin permiso de residencia.

Sobre este asunto, el Grupo de Expertos sobre la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, recomendó a España en 2013 que eliminase la referencia a la colaboración con las autoridades como condición para no ser perseguidas por no tener papeles y tomase medidas para asegurarse de que las víctimas no acaban siendo deportadas. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, sólo el 12 por ciento de las mujeres detectadas como víctimas en 2012 se acogieron al periodo de reflexión, por lo que el fiscal Coordinador de Extranjería considera "indispensable no sólo una modificación sustancial"de la Ley de Protección de Testigos, sino el diseño de una estrategia de cara al proceso que no ponga todo el peso en el testimonio de la víctima.

Pese a la dificultad de cuantificar la magnitud de un fenómeno caracterizado por su invisibilidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en 2,6 millones de personas las víctimas de trata a nivel global y describe éste como el tercer negocio más lucrativo del mundo, sólo por detrás del tráfico de armas y de drogas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), el 79 por ciento de las víctimas de trata lo son para explotación sexual y dos tercios son mujeres, dado que las diversas formas de discriminación que sufren en el mundo agravan su vulnerabilidad ante estos delitos. Entre el 15 y el 20% del total, son niños y niñas.

En Europa, con la misma fuente, siete de cada diez víctimas de trata son mujeres y el 80 por ciento del total, son utilizadas con fines de explotación sexual. La UNDOC calcula que de las mujeres que ejercen la prostitución en la UE, al menos una de cada siete es víctima de trata.

Perfil de la víctima

En España, las cifras que se manejan son fruto de las operaciones policiales contra la trata de personas y de los estudios de campo que han venido realizando organizaciones como las que se aglutinan en la RECTP o instituciones como la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, autor de un monográfico al respecto. Los últimos datos policiales dicen que el año pasado se realizaron 2.555 inspecciones administrativas en sitios considerados de riesgo, se desarticularon 96 grupos y organizaciones criminales y 753 individuos fueron detenidos. Hasta 13.159 mujeres fueron detectadas como víctimas potenciales, sin embargo, sólo se identificó finalmente como tales a 1.180, de las que 13 eran menores de edad.

La divergencia entre las mujeres que se detectan y las que se identifican es la tónica también en el resto de la UE, como explicaba el citado informe del Defensor del Pueblo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Europa: sólo se detecta una de cada 20 potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual. Cruzando los datos de todas las operaciones, el Ministerio del Interior dibujó un perfil de la víctima de trata con fines de explotación sexual más frecuente en España: se trata de una mujer rumana con entre 33 y 37 años de edad que ejerce en Cataluña. No obstante, son frecuentes también las víctimas oriundas de Brasil, Paraguay o Nigeria.