La reforma de la situación del profesorado, una de las asignaturas pendientes del sistema educativo, arranca con dos asuntos sobre la mesa que unificar en toda España: la carga docente y el número de alumnos por clase. El Ministerio de Educación ha presentado a los sindicatos educativos el anteproyecto de ley que busca regular la organización del trabajo docente y mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado que ya avanzó hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a un colegio en Getafe.

En cuanto a la carga docente, el documento fija un máximo de 18 horas lectivas semanales para el profesorado de Secundaria y 23 para el de Primaria, una propuesta que supone un regreso al marco previo a la crisis económica de 2010, cuando los recortes obligaron a ampliar horarios y reducir plantillas. Según el borrador ministerial, cualquier exceso sobre los máximos previstos deberá compensarse con una reducción proporcional en horas complementarias (las que se dedican a tareas que no son estrictamente a dar clase en el aula), un esquema similar al que regía antes de los ajustes. Esta propuesta coincide, además, con la que había hecho el sindicato de profesores ANPE.

De salir adelante esta regulación, ello obligaría a algunas comunidades autónomas a contratar más profesorado para adaptarse a la nueva regulación. Así, Canarias, Cataluña y La Rioja, ya cumplirían con la normativa, pero habría otras, como Madrid, Andalucía, Asturias o Castilla-La Mancha, tendrían que ajustarse a la norma, ya que los maestros de Primaria imparten entre 24 y 25 horas semanales, muy por encima de las 23 que establece el borrador. En Secundaria, territorios como Galicia, Madrid o Castilla-La Mancha mantienen todavía horarios de 19 o 20 horas, lo que implica superar el máximo propuesto de 18, según recoge un informe de UGT sobre las condiciones laborales del profesorado.

Pero la nueva regulación que el Ministerio de Pilar Alegría ha puesto sobre la mesa no se limita solo a la carga lectiva. El anteproyecto incluye también un ambicioso plan de reducción de ratios escolares, articulado en cuatro ejes sin que se haya fijado una cifra clara sobre qué número de alumnos debe haber por aula, un asunto que está por decidir.

En primer lugar, se contempla una reducción generalizada en todas las etapas educativas obligatorias. La idea es que la rebaja se aplique de forma progresiva para que se reduzca la media de alumnos en las aulas del conjunto del sistema. El Ministerio no fija todavía una cifra exacta de referencia, pero introduce la obligación de que la tendencia vaya hacia grupos más reducidos.

El segundo eje se centra en los cursos clave de transición, aquellos que marcan el inicio de etapas educativas o que concentran un mayor riesgo de abandono. Es el caso de los últimos cursos de Primaria, 1.º de ESO, Bachillerato o FP Básica. Se supone que en estos niveles, el alumnado afronta cambios y requieren una mayor atención para evitar el fracaso escolar.

La tercera línea se orienta al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), tanto permanentes como transitorias. En estos casos, el Ministerio plantea un ajuste de las ratios que permita al profesorado trabajar con grupos más reducidos, complementado con la presencia de especialistas y recursos adicionales, precisamente una de las quejas del profesorado, la falta de recursos para atender a estos estudiantes.

Por último, el documento prevé una reducción de ratios en centros ubicados en zonas socioeconómicamente desfavorecidas, por las dificultades de aprendizaje y otros factores externos que afectan al rendimiento para así compensar las desigualdades.

Los cambios introducidos supondrían modificar la ley de 2017 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, una norma que deberá pasar por el Parlamento y que se calcula que podría aplicarse ya en el curso 2026-2027.

El planteamiento ha sido bien acogido, en principio, por sindicatos como CSIF, que consideran que la propuesta ministerial se ha hecho como consecuencia del anuncio de movilizaciones con las que ya amenazó. No obstante, ha advertido que “estaremos vigilantes para que la negociación no se dilate y se concrete lo antes posible para seguir negociando otras demandas: mejoras retributivas, carrera profesional, adaptación de niveles adecuados a la titulación y reforma del sistema de acceso”. Las negociaciones continuarán en las próximas semanas para concretar los términos de la reforma.