Gobierno vasco usará el autogobierno para que no se modifique la actual Ley sobre Aborto

Apuesta por "minimizar"los efectos del aborto, pero rechaza "vivir de espaldas a esta realidad sociológica".

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha explicado que el Gobierno vasco rechaza la modificación de la actual Ley que regula el aborto propuesta por el Gobierno central, y ha señalado que va a "trabajar, dentro de los márgenes que nos permita la legislación y nuestra capacidad de autogobierno, con todos los instrumentos a nuestro alcance"para defender una ley que "respete la ética de la vida, los derechos del no nacido, los de las mujeres y que también aporte seguridad jurídica a los profesionales sanitarios". Darpón ha comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y participación Ciudadana del Parlamento vasco, a petición de EH Bildu, para valorar la reforma que el Gobierno central quiere impulsar en la actual Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

El titular de Salud ha recordado que en el año 2012, en Euskadi se realizaron 4.418 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supuso una reducción del 9,5 por ciento respecto a los realizados en 2011. Además, ha precisado que de los 4.418 abortos, 3.831 corresponden a mujeres que residentes en el País Vasco. Por ello, ha afirmado que estos datos muestran que tras la entrada en vigor de la ley de 2010, se ha producido un "ligero"descenso en el número de abortos, por lo que ha subrayado que la legislación actual "no ha supuesto un incremento en el número de casos". "Los datos muestran que con la entrada en vigor de la legislación actual el número de abortos se ha reducido", ha señalado.

Darpón ha subrayado que la posición del Gobierno vasco respecto a la interrupción voluntaria del embarazo está "sustentada en datos tangibles"y muestran que "el aborto es una realidad que existe con la legislación actual, existía con la ley anterior"y cree que "ha existido siempre, y es muy difícil que deje de existir". "Hay que minimizar sus efectos pero no vivir de espaldas a esta realidad sociológica", ha indicado. En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo de Urkullu mantiene una posición "clara"a favor del mantenimiento de la actual legislación y ha recordado que el PNV votó a favor de esta norma en el Congreso de los Diputados. "Defendemos que la ley actual garantiza los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y vela también por los derechos del 'nasciturus'", ha indicado.

Respecto a la reforma impulsada por el Gobierno de Rajoy, Darpón espera que todos los grupos que se oponen a la misma, entre los que ha incluido el PNV, manifiesten su opinión durante su debate en el Congreso y confía en que el proceso pueda estar sujeto a modificaciones. "Queremos poner en valor el trabajo que se puede hacer en el Congreso de los Diputados", ha reiterado.

Debate innecesario

Tras insistir en que se ha generado un debate "de forma innecesaria y sin responder a una demanda social", ha considerado que se trata de "un paso atrás incomprensible"y ha señalado que "la intención del Gobierno vasco es firme para trabajar, dentro de los márgenes que nos permita la legislación y nuestra capacidad de autogobierno, con todos los instrumentos a nuestro alcance". En este sentido, ha asegurado que la actuación del Gobierno central está "en contra de la mayoría de los grupos políticos", reabriendo un debate que estaba "socialmente encauzado y aceptablemente resuelto". "Modificar esta ley es una decisión unilateral", ha indicado antes de defender que "no tiene sentido tratar de imponer acciones relevantes, sin reflexión previa y conjunta con quien se pueda ver afectado".

Darpón ha defendido la necesidad de trabajar con el resto de grupos del Congreso que también se opongan, "dentro de los márgenes que permite la legislación y nuestra capacidad de autogobierno, para defender la ética de la vida, los derechos del 'nasciturus' y los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, buscando también la seguridad jurídica de los profesionales afectados".

Por otro lado, ha explicado que la ley actual establece que la interrupción voluntaria del embarazo está incluida en la cartera de servicios comunes de Osakidetza, por lo que el Servicio vasco de salud cuenta con centros acreditados y centros propios. Además, existe un "circuito"- disponible en la página web de Osakidetza-- para los casos amparados en la ley 2/2010 en los que la mujer solicita abortar en embarazos de menos de 14 semanas. Sin embargo, ha precisado que el "circuito"para los casos en los que surgen complicaciones a lo largo de la gestación --malformaciones fetales, salud de la mujer, entre otros-- es diferente y ha explicado que el seguimiento clínico en estos casos, puede durar varias semanas, hasta confirmar el diagnóstico y en algunos de ellos, no se establecen plazos en cuanto a semanas de embarazo. "Esta es la explicación por la que algunas se hacen en centros propios y centros concertados", ha señalado. Finalmente, ha reconocido que la mayoría de los abortos se realizan fuera de los centros de Osakidetza, principalmente porque desde el departamento entienden que la interrupción voluntaria del embarazo "no debe mezclarse"con las prestaciones de embarazo de las plantas de Obstetricia, y ha señalado que "la celeridad y necesaria intimidad, hace que cuando un servicio funciona aceptablemente bien, sin quejas, es necesario tener una argumentación importante para cambiarla", en este caso a un centro público.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, también ha comparecido en la comisión parlamentaria donde ha considerado "intolerable"la reforma del Gobierno central y ha precisado que la legislación vigente "no establece la obligatoriedad del aborto, sino que plantea un marco normativo que hace posible su adopción con garantías sanitarias para las mujeres que así lo decidan". "La ley actual protege los derechos de las mujeres y su capacidad de decisión sobre su propio cuerpo", ha señalado. Por ultimo, ha advertido de que las mujeres "no van a dejar de practicar abortos porque se considere un delito"y ha apostado por que la legislación sea "respetuosa con la libertad de elección de las mujeres"y establezca unos límites basados en plazos. "Se debería de dejar de poner el acento en el derecho penal para llevar la atención a la educación afectivo-sexual", ha subrayado.