Sucesos

Juicio a un joven en Palma por agredir sexualmente a una conocida con discapacidad

El juicio se ha suspendido a petición de la defensa por un informe que eleva el grado de discapacidad de la víctima

El acusado, en el juicio. EUROPA PRESS 27/03/2024
Un joven afronta seis años de cárcel por una presunta agresión sexual a una conocida con discapacidad en PalmaEUROPA PRESSEuropa Press

Un joven de 25 años se encuentra en medio de un proceso judicial donde enfrenta una petición de seis años de prisión por la presunta agresiónsexual a una conocida con discapacidad en Palma. La Audiencia Provincial de Baleares tenía previsto juzgar este caso este miércoles, pero el juicio se ha suspendido tras admitirse como nueva prueba un informe que eleva la valoración del grado de discapacidad de la víctima al 65%, según un informe de EP.

El abogado defensor ha argumentado que el grado de discapacidad cognitiva de la víctima es un elemento crucial para evaluar la credibilidad de su testimonio, que es la principal prueba de cargo contra su cliente. La Fiscalía no ha objetado la suspensión, pero la abogada de la denunciante sí lo ha hecho.

Tras deliberar, el Tribunal ha accedido a la suspensión para permitir que la defensa estudie la documentación pertinente, por lo que el caso queda pendiente de una nueva fecha de juicio.

Tanto el acusado como la víctima presentan discapacidades, siendo del 33% el agresor y del 65% para la agredida respectivamente. La Fiscalía considera que la discapacidad del acusado afectaba moderadamente, pero no completamente, sus capacidades en el momento de los hechos, lo que le reconoce una atenuante. Ambos se conocían por ser usuarios de la misma entidad social de atención a la discapacidad intelectual.

El supuesto incidente tuvo lugar en septiembre de 2020, en el domicilio del acusado, cuando la víctima, emocionalmente afectada por una situación personal, lo visitó. La Fiscalía acusa al joven de haberse aprovechado de las circunstancias para cometer la agresión sexual.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita una orden de alejamiento durante 15 años, ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros.