Galicia

La Audiencia llama a declarar a 84 testigos y a más de 60 peritos en el juicio por la muerte de Asunta

La sección sexta de la Audiencia de A Coruña ha dictado una providencia en la que cita a un total de 84 testigos y a más de 60 peritos que deberán comparecer en el juicio por la muerte de Asunta Basterra, que dará comienzo en la última semana del mes de junio.

La sección sexta de la Audiencia de A Coruña ha dictado una providencia en la que cita a un total de 84 testigos y a más de 60 peritos que deberán comparecer en el juicio por la muerte de Asunta Basterra, que dará comienzo en la última semana del mes de junio. Según recoge este documento, entre el 29 de junio y el 3 de julio están llamados a declarar un total de 84 testigos, entre profesores de la niña, compañeros, amigos y conocidos de los acusados o las personas que localizaron el cadáver, entre otros.

Desde el lunes siguiente y hasta el 13 de julio declararán, asimismo, más de 60 peritos propuestos por las partes, que intervendrán agrupados para analizar diferentes periciales relacionadas con la sedación, fallecimiento y hallazgo de la niña. Los últimos días, hasta el 17 de julio, están reservados para conclusiones y posicionamiento de las partes, así como por si fuese necesario aplazar alguna declaración.

Los dos acusados de la muerte de Asunta, sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, declararán los dos primeros días de juicio, el 25 y 26 de junio. Previamente, el día 23, está prevista la constitución del Tribunal de Jurado.

Asunta Basterra, de 12 años, murió en la tarde del 21 de septiembre de 2013 y su cadáver fue localizado durante la siguiente madrugada en una pista forestal de Feros, en Teo (La Coruña). Las pruebas practicadas determinaron que la muerte de la menor, adoptada cuando contaba menos de un año por Alfonso Basterra y Rosario Porto, se había producido por asfixia y que, anteriormente y durante meses, la niña había ingerido un ansiolítico, Orfidal, que anuló su voluntad antes de ser asesinada.

Para los padres de Asunta, la acusación popular pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato, una pena que la Fiscalía rebaja a 18 años de prisión. Mientras, las defensas, que mantienen que existe un plan para implicar a los padres, solicitan la libre absolución.