Ordenan detener a Juana Rivas

No acudió al juzgado. Mientras, la Audiencia de Granada fallaba sobre su último recurso judicial

Las cosas se complican para Juana Rivas. Ayer estaba citada a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada acusada de un presunto delito de sustracción de menores por parte de su ex marido, Francesco Arcuri, residente en Italia, después de que el pasado 26 de julio no hiciera entrega de los niños al padre en el punto de encuentro familiar.

Él sí acudió ayer, pero ella sigue en paradero desconocido, lo mismo que los hijos de ambos, de 11 y 3 años.

«Las fuerzas del orden no han podido localizarla ni en su domicilio, ni en el de sus familiares próximos ni de éstos o de cualquier otra persona se ha obtenido información sobre su paradero», expone el auto del juez granadino. Así que el magistrado ayer mismo ordenó sus detención y puesta a disposición judicial, tal y como marca la Ley de Enjuciamiento Criminal, «para poder citarla en forma y posteriormente oírla con las oportunas garantías legales sobre los hechos imputados». El caso es que el hecho de que Juana no se presentara ayer la coloca en una situación complicada. Para empezar, si los menores fueran encontrados hoy mismo por las fuerzas de seguridad del Estado, «el cumplimiento de lo acordado civilmente obliga a que los menores sean inmediatamente y sin excusas entregados al padre», dice el auto emitido ayer por el juez instructor del caso. El juez advertía en el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que «la no ejecución de la orden de retorno del menor secuestrado puede determinar la condena del Estado responsable por violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos». El magistrado también fundamentó su auto en el convenio de La Haya de 1980 y en una circular de la Fiscalía General del Estado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores que expone que «ante una actitud rebelde del progenitor sustractor habrán de acordarse las medidas procedentes, incluso la actuación coactiva a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Tras comprobar que Juana no había asistido ni tampoco ningún representante legal, Adolfo Alonso, el abogado que representa a Francesco Arcuri, ayer pidió al juez instructor la detención de Juana y «la entrega inmediata» por mediación judicial de los dos menores al padre, la detención de Juana y una orden de búsqueda y localización para su puesta a disposición judicial.También pidió una orden para proteger a los dos menores y que impida la salida de los niños de la Unión Europea, salvo que lo hagan con su padre.

El juez, sin embargo, estimó que con la orden de detención era «suficiente», aunque dejó también claro que su decisión era incompatible con la posibilidad de que Juana y sus hijos pudieran abandonar el país.

El letrado de Arcuri dijo ayer a la puerta del juzgado que la incomparecencia de Rivas representa una «oportunidad perdida» pidió «cordura» y reiteró el ofrecimiento del padre a alcanzar acuerdos por el bien de los dos menores, informa Efe. Mientras, Juana juega su última baza judicial. Ayer, su abogada, María Castillo, confirmó a este periódico haber recibido una comunicación de la Audiencia de Granada en la que la informaba de que ayer mismo había habido una reunión con votación y fallo sobre el incidente excepcional de nulidad planteado por Juana que en el mejor de los casos podría suspender de manera provisional la ejecución de la sentencia que ordena a Rivas a entregar a sus hijos al padre, aunque no revisará ni modificaría la sentencia que obliga a la madre a devolver a su padre a los niños. Ayer no dio tiempo a comunicar el fallo a las partes, que se conocerá a partir de las 12 de la mañana de hoy.

En el peor de los casos, es decir, que la Audiencia resolviera en contra de la madre de Maracena, se abriría un nuevo cauce legal para Juana: las puertas del Tribunal Constitucinal, que hace unos días rechazó su recurso porque no había agotado la vía judicial. Juana está esperanzada con el hecho de que el Alto Tribunal pueda emitir un fallo similar al de Desiré Vicente en 2015. Entonces el TC suspendió la ejecución de un auto de la Audiencia de Madrid en el que se ordenaba la entrega de su hija, Olympia, a su padre, con nacionalidad suiza, que está imputado por violencia de género en España.

Una decisión similar, paralizaría la entrega de los hijos de Juana a su padre. Sin embargo, la diferencia en el caso de Desiré es que su ex pareja estaba imputado por maltrato en el momento de emitirse el fallo judicial mientras que en el caso de Juana, hay una sentencia condenatoria por maltrato que ya está cancelada porque los hechos se produjeron en 2009.

El caso de la madre de Maracena ha generado una enorme polémica y ha dividido a la opinión pública. A las puertas de los juzgados acudieron numerosas personas con carteles en los que se podía leer «stop feminazi». El cartel generó una fuerte polémica en las redes sociales. Algunos tacharon de «machistas» a los portadores de los carteles que otros consideraban que le hacían un flaco favor al padre mientras que había quien puso en entredicho la versión de Juana.

Una treintena de personas se concentraron en Cartagena para recoger firmas en las que reclaman que la justicia española no obligue a Juana Rivas a devolver a sus hijos a su padre, condenado en 2009 por lesionarla, lo que consideran una «injusticia».

La Plataforma Paro Internacional de Mujeres de Cartagena ha anunciado que continuará con su campaña de información y concienciación con nuevas convocatorias y actos. Con el lema «Juana somos todas». La plataforma pretende concienciar con estas concentraciones sobre la grave situación de las mujeres, que este año han sufrido medio centenar de «asesinatos machistas» en España, entre ellos el de cinco niños, informa Efe.