La indemnización por muerte en accidente se duplica

El Congreso pide al Gobierno que cambie el baremo de hace 20 años y aplique el nuevo que está ya consensuado

España cuenta con unos niveles de siniestralidad «europeos» pero no estamos a la misma altura en lo que concierne a indemnizaciones por accidente. Hace cuatro años que una comisión de expertos impulsada por los ministerio de Justicia y Economía y compuesta por magistrados, fiscales, aseguradoras y víctimas de accidentes de tráfico lleva trabajando en la actualización de unos baremos o del sistema de valoración para las indemnizaciones o perjuicios causados por un siniestro. Los que aplican ahora los jueces son los mismos que los que teníamos hace 20 años, cuando estábamos a la cabeza de la accidentalidad en Europa con más de 6.000 fallecidos y miles de lesionados a los que indemnizar con cantidades no demasiado elevadas. En estos cuatro años todo el sector implicado se ha puesto de acuerdo y ayer PP y PSOE pedían al Gobierno desde el Congreso de los Diputados, a través de una proposición no de ley, la reforma del sistema de valoración en los términos que se han planteado con el consenso de todas las partes.

Con la nueva propuesta los beneficiados son los fallecidos con cargas familiares, hasta el punto de que las indemnizaciones se duplican para un hombre o una mujer que pierde a sus pareja en accidente de tráfico.

Otro de los grandes avances afectan a los grandes lesionados, de tal manera que se aprecian incremento en el 50 por ciento en las indemnizaciones. Además se incluyen los gastos futuros y ayuda extra de personas cuando se convierten en dependientes. De esta manera, si una persona sufre una amputación por un accidente de tráfico, en lugar de recibir en torno a un millón de euros, como ocurre ahora, con las nuevas modificaciones podrá percibir en torno a 1.800.000 euros.

Según explicó José Pérez Tirado, abogado y portavoz de todas las asociaciones de víctimas de tráfico en la comisión de actualización de los baremos, ahora un lesionado será indemnizado por cada una de las intervenciones quirúrgicas a las que tenga que someterse. De la misma manera, a los niños no se les podrá aplicar culpa. Pongamos que se produce un atropello porque en la calzada ha irrumpido un menor al que se le ha escapado la pelota. Con el sistema actual el menor no sería indemnizado; con la nueva normativa que se quiere aplicar el conductor autor del atropello no sería culpable, pero su compañía tendría que indemnizar al menor aunque hubiera cruzado la calle con el semáforo en rojo en busca del juguete. Lo que se hará no es otra cosa que lo que ya se viene aplicando en países, como Francia.

La asistencia sanitaria también estará cubierta por la aseguradora después de que una persona haya sido estabilizada tras sufrir, por ejemplo, un accidente por el que ha sido necesario amputar un miembro. Actualmente, esos gastos futuros los viene sufragando la Seguridad Social.

Las compañías también asumirán los gastos psicológicos de los familiares de fallecidos y grandes lesionados. Con la nueva ley que se pretende aplicar, esa asistencia debe estar garantizada durante un periodo de tiempo de seis meses posterior al siniestro.

El sistema de indemnizaciones testaba diseñado hasta ahora para beneficiar a la unidad familiar, pero «20 años después vemos que las familias son más complejas y que puede haber hijos de varios matrimonios...», detalla Pérez Tirado. Con el sistema vigente, las aseguradoras consideran que el gran afectado es el cónyuge, mientras que el nuevo estima que los grandes afectados son los hijos, sobre todo los menores.

Los hermanos de la víctima también tendrán derecho a indemnizaciones, a diferente de lo que ocurrre ahora, que sólo son beneficiarios los menores porque se considera que éstos también sufren un daño moral y forman parte del núcleo familiar. ¿Cómo se explica que víctimas y aseguradoras hayan llegado a un acuerdo? «Al que paga le interesa porque los jueces están hartos de nuestros baremos, sobre todos cuando hay gastos futuros y si no lo hacen por las buenas lo van a tener que hacer por las malas», añade el portavoz de las víctimas. La patronal de las aseguradoras, Unespa, ayer explicaba que «representa una vía para resolver las indemnizaciones de manera amistosa, sin pleitos». Según Unespa, «se evita una carga descomunal a la administración de Justicia y para las compañías dado que la existencia de un baremo permite estimar de forma más precisa del coste futuro de la siniestralidad.