La trata será violencia de género dentro de tres semanas

Es una de las 26 medidas urgentes del Pacto de Estado con las que se comprometió el Gobierno.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya tiene redactado el primer anteproyecto de ley para la reforma de la Ley Integral contra la Violencia de Género que se promulgó en 2005 y que, como firmaron todos los grupos en el primer Pacto de Estado que se ha conseguido en la legislatura, debía modificarse para incorporar las 26 medidas –de las 200 que incluye el Pacto– con las que la ministra se comprometió a tramitar de forma urgente.

Así, como afirmaron ayer desde el Ministerio, «en las próximas dos o tres semanas llevaremos al Consejo de Ministros la reforma de la ley integral que en su primer artículo extiende la clasificación de violencia de género a todo tipo de violencias ejercidas contra la mujer». Así, como determinan las medidas pactadas, se considerará violencia de género los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y las agresiones sexuales y así constará en el artículo 1 de la nueva norma. Su aprobación coincidirá con la publicación del primer estudio sobre la percepción social que ha realizado el Ministerio de Montserrat.

Del mismo modo, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales también está trabajando en la modificación de otras dos normas, la de base de régimen local y la de enjuiciamiento criminal para incluir todas las modificaciones legislativas acordadas. Tanto el cambio de la ley integral como estas dos últimas formarán parte «del primer paquete de medidas que presentaremos», aseguró desde el Ministerio. En una segunda ronda, «en la que ya estamos trabajando con Justicia, reformaremos el Código Penal», añaden. Esta modificación es relevante porque planteará el modificación del artículo dispensa a la víctima a no declarar y que, en caso de hacerlo, favorece al maltratador. También «cambiarán el artículo referente a la guardia y custodia de los hijos» para que nunca sean los padres maltratadores los que mantengan la custodia de los menores.