Reforma de la Ley del Aborto
Los abortos en centros públicos se triplican con la Ley Aído
De las 18 clínicas que notificaron por primera vez interrupciones, 12 eran catalanas. Aumentan en un 244% los abortos en el Sistema Nacional de Salud en tres años
La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en España en centros privados. Sin embargo, tras la aprobación de la Ley Aído –que reconoce el aborto como un derecho y por tanto lo integra dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud– el porcentaje de abortos practicados en centros públicos ha ido aumentando de forma más que notoria. Así, mientras en 2010 tan sólo el 1,84 por ciento de las interrupciones se llevó a cabo en el sistema público, en 2012 este porcentaje se disparó hasta llegar al 6,48 por ciento, según los datos del informe anual de interrupciones del embarazo, publicado por el Ministerio de Sanidad. Es decir, un 244 por ciento más de abortos realizados en centros públicos que en 2010 o lo que es lo mismo, las interrupciones más que se triplicaron en estos centros en cuestión de tres años. Así, aunque la mayoría de abortos se siga llevando a cabo en centros privados, los que se practican en hospitales públicos conllevan un sobrecoste.
Una cantidad al que hay que sumar las clínicas concertadas. Prueba de ello es Cataluña, que en pleno debate sobre el futuro de la Sanidad catalana anunció, en 2011, que iba a destinar 3,5 millones de euros a dos clínicas de Barcelona (Clínica d'Ara Agrupación Tutor Médica y el Centro de Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar) para realizar unos 13.000 abortos quirúrgicos durante un año, como quedó reflejado en la resolución del contrato convocado en marzo por el Servicio Catalán de la Salud para gestionar la interrupción voluntaria del embarazo por la vía pública. Un contrato que contemplaba un gasto estimado de 14,2 millones de euros para realizar las interrupciones durante cinco años.
Si se analizan los datos detenidamente, teniendo en cuenta únicamente los abortos desde un punto de vista económico, esto explica el incremento de nuevos centros públicos para realizar estas interrupciones. Así, 18 centros públicos notificaron por primera vez, durante el año 2012, interrupciones voluntarias del embarazo. De esos 18 centros, 12 estaban en Cataluña. Por cierto, que ese mismo año 12 centros dejaron de notificar abortos, siendo tan sólo uno de ellos de Cataluña.
Se informan más en clínicas públicas
Llama también la atención que, a pesar de que la mayoría de abortos sucede en centros privados, las mujeres decidan, en cambio, informarse primero en establecimientos públicos, tal y como refleja el citado informe. En concreto, 69.733 ciudadanas solicitaron información en un centro público, frente a 11.937 que lo hicieron en uno privado. De hecho, hubo más personas que se formaron una opinión sobre esta práctica a través de amigos y familiares, 12.274, que en clínicas privadas. El resto, lo hizo vía Internet (10.280), medios de comunicación (784) y teléfono de información al ciudadano (350). Sobre el resto, 7.032 mujeres que se sometieron a esta intervención, no consta el lugar en el que solicitaron documentarse sobre la intervención.
En cuanto al motivo: 102.567 decidieron abortar a petición de la mujer; 6.377, por suponer el embarazo un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; 3.129, por un riesgo de que el feto tuviera graves anomalías; 306, porque los fetos presentaron anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable, y el resto, 11, por motivos diversos.
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