Los bosques quemados podrán ser recalificados

La actual Ley de Montes está en proceso de cambio. El actual Gobierno tiene pensado modificarla para que se ajuste a las condiciones actuales. Ya van por el quinto borrador y aún queda.

La actual Ley de Montes está en proceso de cambio. El actual Gobierno tiene pensado modificarla para que se ajuste a las condiciones actuales. Ya van por el quinto borrador y aún queda... Desastres ecológicos como el ocurrido el año pasado, con más de 200.000 hectáreas calcinadas, obligan a reflexionar acerca de la actual gestión de nuestros montes. Y es que España es el tercer país de la Unión Europea con más superficie forestal arbolada, sólo detrás de Suecia y Finlandia, y uno de los que peor manejaron sus bosques. Sólo el 13 por ciento de nuestros montes cuentan con un plan de gestión y, de acuerdo con la Ley vigente, el cien por cien de éstos deberían contar con una regulación. La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, es consciente de la falta de esta planificación y apunta a la «complejidad técnica y económica» que necesita la elaboración de los planes que, además, en su mayoría «deben ponerse en marcha a través de las comunidades autónomas». Por ello, Nieto asegura que «estamos trabajando en la creación de instrumentos de gestión que faciliten la ordenación» y se ajusten a las necesidades actuales.

Al margen de la situación actual, uno de los puntos más controvertidos que incluye el último borrador es la introducción de una disposición por la que «con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambiar el uso forestal cuando concurra un interés general prevalente, el cuál deberá ser apreciado mediante ley». Esta modificación abriría la puerta a la recalificación de terrenos, ya que, hasta hoy, los terrenos forestales incendiados no pueden cambiar su uso durante 30 años, una medida que protegía la especulación. Con el nuevo añadido, los conservacionistas temen que «la excepcionalidad pueda terminar siendo lo habitual» y esta modificación abra la veda para cambiar los usos de los montes «con el peligro que esto conlleva». Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, también desconfía de este punto: «No queda bien definido y por eso vamos a pedir que lo clarifiquen. ¿Quién sabe si en el lugar en el que se han quemado diez hectáreas no van a construir un campo de golf? Debería realizarse una tasación previa tanto económica como ambiental», insiste De la Calle. Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, insiste en que es una «interpretación sesgada porque planteamos tres supuestos muy claros: debe ser terreno público, debe prevalecer el interés general y las comunidades autónomas tendrán que redactar una ley para cada caso». La directora insiste en que «son muy pocos los casos que se han dado de recalificación de terrenos forestales y por eso, no entendemos qué se quiere evitar» con los 30 años que rigen hoy.

Otro de los puntos que introduce los borradores de la norma, y que podría ayudar a la gestión de los montes, es la creación de la figura de la «sociedad forestal». Una actividad que no estaba regulada hasta ahora. Este modelo de explotación se ciñe exclusivamente a los montes privados, que representan cerca del 70 por ciento de la superficie forestal de nuestro país. Los montes de socios se constituyen a partir de patrimonio forestal de propiedad privada pero de carácter comunitario y es indivisible. «Son un ejemplo de buena gestión y el peligro de incendios en estas zonas es muy bajo», sostiene De la Calle. En Soria, una de las zonas en las que se registran menos incendios de grandes dimensiones, este modelo asociativo está muy implantado y «gracias a la norma se podría exportar a otras comunidades».

El exceso de biomasa es uno de los principales peligros de un monte, ya que es el mejor combustible para la expansión de un incendio. Así, los ingenieros forestales echan de menos que la renovación de la Ley de Montes no incluya, en esta primera fase, una apuesta concreta por este material, ya que «se ha demostrado que si se usa con fines térmicos resulta muy rentable». Desde el Ministerio aseguran que la van a incorporar dentro de «futuros planes de desarrollo rural».