El Gobierno canario someterá a consulta las prospecciones el próximo 23 de noviembre

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha advertido este jueves a Canarias de que "el Gobierno actuará en consecuencia"si la comunidad convoca una consulta sobre las prospecciones en busca de hidrocarburos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

"Desconozco la pregunta y si se va a convocar. Lo único que hay aprobado es una ley de consultas y un reglamento", ha dicho Soria en declaraciones a los medios tras participar en la asamblea general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), que se ha celebrado en el marco de los salones de Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

"Cualquier comunidad, en el ámbito de sus competencias, puede consultar a los ciudadanos, pero no puede consultar sobre algo que no le compete. Si hubiese una consulta sobre una cuestión que no compete a la comunidad de Canarias, no sería conforme a derecho, y por lo tanto sería ilegal y el Gobierno actuaría en consecuencia", ha aseverado el ministro.

Soria sale así al paso del anuncio hecho hoy por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de que la pregunta que se pretende formular a los ciudadanos en una consulta sobre las prospecciones petrolíferas y, en este sentido, apuntó que esa cuestión consistirá en conocer la opinión de los canarios respecto a: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Esta pregunta se realizará el 23 de noviembre, como así lo indicó Rivero en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves en Santa Cruz de Tenerife y tras mantener un encuentro con representantes institucionales, partidos políticos y colectivos ciudadanos.

El presidente ha enmarcado esta consulta popular en la Ley de Participación Ciudadana de 2010, cuyo desarrollo se ha impulsado con dos decretos --publicados este miércoles en el BOC-- que regulan el Registro de Participación Ciudadana y las consultas a la ciudadanía en asuntos que sean competencia de la Comunidad Autónoma. Rivero ha recordado que en febrero, el Parlamento aprobó “mayoritariamente” solicitar al Gobierno central un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas, posibilidad que recogen, en su opinión, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el propio reglamento de la Cámara regional para asuntos que tienen “gran trascendencia” en las islas, especialmente ahora, cuando hay “serias discrepancias” entre administraciones.

Fractura entre administraciones

Según el presidente, hay una “fractura” entre lo que piensa el Estado y la sociedad canaria “mayoritariamente” y las instituciones canarias, por lo que la consulta, ha subrayado, “encaja” con la Constitución y el Estatuto. Además, ha lamentado que el Estado “no se haya dignado” a responder a la petición cursada por el Ejecutivo y el Gobierno en febrero, cuyo objetivo es que “los canarios hablen”. Por ello, se ha puesto en marcha el desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana para impulsar una consulta a través del artículo 20.

En esa línea, ha remarcado el apoyo “unánime” del Consejo Consultivo de Canarias, lo que da “fortaleza normativa” a la decisión adoptada este jueves por el Ejecutivo regional, y ha destacado que la “fuerza” del Gobierno viene dada por el “compromiso” de partidos políticos, instituciones y colectivos ciudadanos. “Son los verdaderos artífices de esta decisión”, ha indicado. Rivero ha insistido en que las prospecciones “ponen en riesgo” el futuro de las próximas generaciones, y ha criticado la “falta de respeto” y el “desprecio” del Estado con Canarias, ya que no ha habido “lealtad” ni “diálogo” entre las instituciones cuando se trata de un asunto “relevante”.

Para el presidente, es “constatable” que las prospecciones “ponen en riesgo” el turismo y el medio ambiente, principales elementos del modelo económico de las islas, y de hecho, ha señalado que los propios estudios de la empresa advierten de que es una actividad “peligrosa”. En su opinión, las prospecciones “entran en confrontación” con el modelo de desarrollo basado en el turismo y los valores naturales. Sobre la respuesta que tendrá el Estado, ha dicho que la pregunta es “consistente” como para defender las competencias del archipiélago, y ha dicho que está “pensada” para que el 23 de noviembre haya consulta.

“Está pensada para que si hay alguna interferencia de tipo político en quien puede paralizarla cautelarmente, pues que cuando llegue el momento, la podamos ganar claramente y nos otorgue la razón, porque es una pregunta que responde a lo que dice nuestra normativa y se refiere a competencias que son canarias”, ha señalado, si bien no prevé “ninguna decisión” del Gobierno de España que afecte a este proceso.

Podrán votar el 23 de noviembre los residentes canarios mayores de 16 años --aunque no residan en las islas-- y las entidades y personalidades jurídicas que se inscriban en el Registro de Participación Ciudadana, y se hará de forma telemática o personalmente. “Pretendemos que tenga peso el tema presencial, independientemente de que aprovechando las nuevas tecnologías se pueda emitir la opinión”, ha señalado.