Seis de cada siete españoles respira aire contaminado por ozono según los niveles de la OMS

Cataluña y la Comunidad de Madrid, las autonomías con peores niveles de ozono, según el informe de Ecologistas en Acción.

La contaminación por ozono causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en nuestro país, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema). Sin embargo, siguen superándose los niveles de este contaminante. Así, según el informe estatal sobre ozono publicado hoy por Ecologistas en Acción, el 85% de la población española (39,8 millones) y el 90% del territorio han estado expuestos un año más a unos niveles insalubres de este contaminante. Este informe toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que seis de cada siete españoles ha respirado entre el 1 de enero y 30 de septiembre unos niveles de ozono que superaban los niveles de la OMS.

Si se analiza esta contaminación con los niveles europeos, más laxos, uno de cada cinco españoles ha respirado un aire con más ozono del permitido. En concreto, 9,8 millones de personas, un 21% del total. Ahora bien, aunque se trata de 3 millones más de afectados que en 2013 y que en 2014, es un millón y medio menos que en 2017 y 2018. En cualquier caso, urge actuar, ya que el ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población. Las personas más afectadas son los menores, las personas mayores, las embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.

Por territorios, Cataluña y la Comunidad de Madrid, fueron los más afectados por el ozono troposférico. La contaminación por ozono ha sido también más alta que en años anteriores en Andalucía oriental, el norte de la Comunidad Valenciana y el Valle del Ebro (de Cataluña al País Vasco), y más baja en el tercio occidental de la Península, la cornisa cantábrica y la Región de Murcia.

Coincidiendo con las olas de calor estivales, este verano se han producido numerosas superaciones del umbral de información y una docena de superaciones del umbral de alerta, concentradas en Cataluña, donde este último umbral no se rebasaba desde el año 2003.

Desde Ecologistas en Acción recordaron que el ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que durante el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por lacontaminación urbana e industrial. Los ecologistas explicaron que los niveles de contaminación es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema de combustibles fósiles que está acompañando al nuevo ciclo económico, agravada por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático. Por todo ello, debe abordarse como un problema sanitario de primer orden con un elevado coste sanitario porque además de las muertes citadas, el coste de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000 en nuestro país, el 3,2 % del PIB agrícola.

Desde la ONG también explicaron que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y sólo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la última semana de junio, cuando mientras las grandes ciudades francesas restringían el tráfico las españolas se limitaban a informar rutinariamente a la población sensible, en el mejor de los casos.

Y aunque los planes de mejora de la calidad del aire son obligatorios, diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. Y eso pese a que en 2018, por vez primera un tribunal regional como el de Castilla y León declaró la obligación de dichas administraciones de elaborar tales planes; obligación sobre la que en los próximos meses se pronunciará el Tribunal Supremo. Además, Ecologistas en Acción reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que aborde el Plan Nacional de Ozono comprometido hace años, ya que el vigente Plan Aire II es, según la ONG, inoperante porque limita las actuaciones sobre el ozono a la realización de estudios y a la mejora de la medición. Por último, los ecologistas pidieron que se actuara sobre las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono: disminuir el tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el cierre de las centrales térmicas de carbón. También, consideraron, necesario declarar un Área de Control de Emisiones (ECA) para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas.