Cinco años de la ley que impide los desahucios de okupas vulnerables de viviendas: ¿Escudo social o inseguridad jurídica?

Ya ha pasado un lustro de la pandemia. La covid hizo que la gran mayoría de la población tuviera que mantenerse en casa para evitar contagios mientras otros trabajaban por salvar vidas, frenar emergencias y permitir que los víveres llegaran a los supermercados. Esto cambió de manera radical la forma de vida de los españoles durante un tiempo y obligó a tomar medidas especiales ante la situación drástica que se estaba viviendo.

Muchas de ellas se implementaron a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Entró en vigor el 2 de abril del mencionado año y cinco años después sigue en vigor tras múltiples prórrogas, la última este 29 de enero de 2025 tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts. El texto de la última prórroga incluye 29 medidas, muchas celebradas a nivel global como la revalorización de las pensiones o la bonificación al transporte, pero una de ellas genera mucha confrontación: la paralización de los desalojos vulnerables.

En esto consiste la paralización de los desalojos vulnerables

"Se establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos, así como, en consonancia, la posibilidad de solicitar hasta el 31 de enero de 2026 compensación por parte del arrendador o propietario", explica la última prórroga, publicada en el Real Decreto-ley 1/2025. Esto significa la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Desde la web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se explicaba así: "Con el objetivo de que nadie quede fuera, el Gobierno ha regulado determinadas protecciones a aquellos colectivos que por su vulnerabilidad puedan ser objeto de desahucio". Esta medida fue denominada como "escudo social" y Podemos fue el grupo que más insistió para mantenerlo, alegando que se evita que personas con pocos recursos se queden en la calle.

Vulnerabilidad e inquiokupas

Sin embargo, también hay otra visión. Esta paralización también afecta a muchos propietarios. Ningún okupa, si no es delito flagrante, e inquiokupa vulnerable, tenga o no sentencia judicial firme en contra, puede ser desahuciado mientras esté en vigor esta medida. Los denominados inquiokupas son aquellos inquilinos que, tras firmar un contrato de alquiler, dejan de pagar la renta y se niegan a abandonar la propiedad, convirtiéndose en una suerte de "okupas legales".Esto afecta a multitud de propietarios, muchos de ellos pequeños, que no pueden recuperar sus casas. Los propietarios alegan que no deben ser ellos el escudo social, sino el gobierno y que este Real Decreto provoca una gran inseguridad jurídica.

La Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (Aprovij) convocó una manifestación y algunos propietarios salieron a la calle el pasado domingo, día en el que se cumplían los cinco años desde su aprobación. En sus redes sociales, con imágenes de la manifestación, explicaban en lo que se ha convertido este escudo social para ellos: "Fin del alquiler al vulnerable. Casi fin del alquiler tradicional. Propietarios arruinados por sus inquiokupas. Okupas creando problemas de convivencia en los barrios".

"En la manifestación del otro día, había propietarios que decidieron alquilar pese a los riesgos y, en el primer mes, ya habían dejado de cobrar. No es un caso aislado, es la consecuencia directa de este decreto. Ya alquilan directamente con premeditación", denuncia su presidenta en declaraciones a LA RAZÓN.

Las consecuencias para el mercado del alquiler

La presidenta de Aprovij, Kathy, también ha explicado a LA RAZÓN los motivos por los que salieron a la calle y por los que piden tumbar el Real Decreto-ley 11/2020: "Es un decreto que lejos de ser una solución, ha sido el origen de una crisis en el mercado del alquiler. Presentado como una medida de protección, ha generado el efecto contrario: inseguridad, retirada masiva de viviendas y más dificultades para acceder a un alquiler".

"No hablamos de situaciones puntuales de necesidad, sino de un sistema que permite que algunos se aprovechen deliberadamente"

Explica cómo ha afectado al mercado del alquiler: "Este decreto ha destruido el mercado del alquiler, pero el Gobierno sigue negando la evidencia y culpando al propietario, mientras protege solo a unos pocos y desampara a la gran mayoría. La propia Isabel Rodríguez menciona que el propietario boicotea, cuando la realidad es bien distinta ellos boicotean tanto a propietarios como a inquilinos urge devolver la seguridad jurídica al propietario y la derogación de ese decreto, el propietario es parte de la solución pero han optado por demonizarlo".

También lanza una pregunta: "¿Alguien en su sano juicio puede ver algún beneficio en este decreto, más allá del moroso de toda la vida, que lo usa como barra libre para estafar y seguir viviendo gratis a costa de otros?".

El gran problema de la vulnerabilidad, según los propietarios

Kathy detalla lo que supone esta medida en el ámbito de la vulnerabilidad: "El problema es que la vulnerabilidad no puede ser eterna. Ya no hablamos de situaciones puntuales de necesidad, sino de un sistema que permite que algunos se aprovechen deliberadamente del vacío legal generado por el RD 11/2020".

También añade en lo que ha derivado: "Se han normalizado juicios eternos, esperas interminables para sentencias, juzgados colapsados y jueces que dejan los casos meses en sus mesas sin dictar nada, creando en los propietarios una incertidumbre insoportable que merma su salud física y mental".

Ella argumenta que esta Real Decreto-ley, que ya lleva un lustro en vigor, tiene repercusión a nivel global: "Es un problema que afecta a todos. O nos unimos y reivindicamos, o dejamos que sigan destruyendo el derecho a una vivienda justa para propietarios e inquilinos".