Unos okupas logran echar a los propietarios de la vivienda con el apoyo de la policía: se habían grabado 'viviendo' en casa

Cataluña, y en particular la provincia de Gerona, se han convertido en el núcleo neurálgico de la ocupación ilegal en España. En 2024, las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior registraron 16.426 denuncias por intrusión inmobiliaria, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al año anterior. Cataluña lidera el ranking nacional con 7.009 casos, es decir, más del 40% del total.

Municipios como Ripoll han comenzado a aplicar medidas excepcionales, como cortar los suministros eléctricos en viviendas ocupadas, una práctica habitual en otros países europeos pero muy controvertida en el panorama español.

La trampa legal de la okupación

El abogado especialista en ocupación ilegal, José María Español, expuso en el programa radiofónico La Linterna de COPE un caso que ilustra las contradicciones y vacíos legales actuales. En Gerona, unos propietarios lograron acceder a su vivienda aprovechando la ausencia de los okupas, pero la Policía Municipal les obligó a abandonarla tras la presentación de un vídeo en el que se veía a los ocupantes durmiendo y cocinando. Con ese material, los agentes alegaron que llevaban más de 48 horas residiendo en la casa.

Español también criticó la proliferación de prácticas como “okupar al okupa” —cuando un tercero ocupa una vivienda previamente ocupada para facilitar su recuperación— como prueba del fracaso del sistema legal vigente. “Cuando aparecen medios alternativos a la ley, quiere decir que esta no funciona”, sentenció durante la entrevista.

La problemática se agrava por la actuación de mafias organizadas, que aprovechan los vacíos legales y la lentitud de los procesos judiciales. A menudo, los ocupantes recurren a argumentos de vulnerabilidad social, apoyados en informes difícilmente verificables, para paralizar los desalojos. El letrado insiste en que solo una reforma legislativa integral, que agilice los procedimientos y unifique los protocolos policiales, puede ofrecer una solución estructural a este fenómeno en crecimiento