El anuncio esta semana de que la Fiscalía Anticorrupción había abierto una investigación en el CNIO por denuncias de corrupción ha vuelto a situar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el centro de la diana. Un organismo público con financiación público-privada que lleva años envuelto en una espiral de polémicas que irrita a los trabajadores que tratan de salvar su prestigio mediante sus investigaciones sobre el cáncer.

Sin embargo, las supuestas tramas corruptas que ahora analiza Anticorrupción habrían desvelado lo que podría ser un sofisticado trabajo de ingeniería para lucrarse a través de contratos inflados, servicios contratados pero no realizados y una cadena de comportamientos delictivos que podrían haber supuesto una detracción de, al menos, entre 20 y 25 millones de euros de los recursos destinados a la investigación oncológica. Todo ello acompañado de posibles tramas de listas negras, amenazas, persecuciones y amplias cadenas de favores para culminar un plan casi perfecto para el supuesto enriquecimiento personal a costa de prácticas presuntamente corruptas.

Para comprender cómo se ha llegado a este punto conviene remontarse a 2018, cuando alguien, por primera vez, alzó la voz para denunciar el presunto desfalco. Fue la científica y entonces presidenta del comité de trabajadores del CNIO, Ana Hernández, quien decidió denunciar la situación. «Para conseguir la estabilización de los contratos de 77 compañeros necesitábamos dinero, así que me puse a revisar las partidas, para ver en qué se gastaban. Encontré adjudicaciones repetitivas a las mismas empresas justo por el límite: siempre por 49.900 o 49.950 euros. Ninguna superaba los 50.000. Hasta 50.000 no pasan control. Entonces empecé a revisar toda la información pública del Portal de Transparencia: licitaciones, contratos de las empresas adjudicatarias, también en portales públicos, busqué administradores, domicilios fiscales y encontré cosas que me resultaban raras. Primero se lo comuniqué a la directora, luego al secretario general de Coordinación Científica», explica a este diario. Pero no obtuvo respuesta.

«Escribí al entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque, y tampoco me contestó. Solicité una reunión con la entonces presidenta el Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, y tuve una reunión con ella en diciembre del 2018. Tras todo esto, no obtuve respuesta, y acudí a los partidos políticos, los de gobierno y los de oposición». Fue entonces cuando Vox presentó una denuncia contra la entonces gerente, Juan Arroyo, y otras personas, basándose en la información pública: contratos en la Plataforma de Contratación, contratos menores publicados en el Portal de Transparencia del CNIO, relaciones entre empresas adjudicatarias y relación de empresas con extrabajadores del CNIO. Sin embargo, la querella fue archivada provisionalmente porque no aportaba pruebas suficientes.

Caso de acoso

Las consecuencias para Ana fueron devastadoras: «Puse una denuncia en la Policía Nacional pidiendo protección al denunciante, pero la directiva europea no estaba transpuesta aún. Se tramitó como un caso de acoso, testificaron en mi contra el director de personal, el adjunto de gerencia, el director técnico, algún trabajador e incluso la que es actualmente la presidenta del Comité de Empresa y, me lo desestimaron, quedando sin protección. Viví situaciones muy difíciles. Prefiero no dar detalles, pero lo he pasado mal». De hecho, entre las represalias por denunciar, Ana –doctora en química orgánica–, que trabajaba en un laboratorio de química, fue reubicada en uno de biología. Según fuentes del CNIO, «actuaban como una mafia: si levantabas la voz, eras señalado».

Volvieron los años de silencio hasta que, en enero de este año, la propia directora científica del CNIO, María Blasco –recordemos que el centro tiene una bicefalia directiva: una para la gestión, entonces a cargo de Juana Arroyo, y otra científica, a cargo de Blasco–, interpuso una segunda denuncia en medio de una ola de críticas a su gestión (finalmente fue apartada del cargo). Pero quedó atrapada en el limbo judicial. En junio llegó la tercera, presentada por un alto directivo del centro: una macrodenuncia ante Fiscalía Anticorrupción de unas 120 páginas, analizando los últimos 15 años empresa por empresa y con detalle de los mecanismos presuntamente irregulares: fraccionamientos, modificaciones técnicas encubiertas, ofertas infladas, servicios no prestados, etc. Un trabajo realizado durante año y medio gracias al esfuerzo de varias personas internas del CNIO y al apoyo de expertos en contratación pública y penalistas. Aquí fue cuando, por fin, se tiró de la manta y se esclarecieron las supuestas prácticas corruptas llevadas a cabo en el seno de este centro de investigación.

En junio de este año se publicaron por primera vez los nombres de las empresas satélites con vínculos, al parecer, estrechos, continuados y reconocidos con el exgerente Juan Arroyo (despedido esta semana), y cuya única actividad era prestar servicios al CNIO, muchos de ellos fruto de la externalización de funciones.

Entre ellas destacan principalmente Gedosol SL, fundada por el exjefe de personal del CNIO –según el Registro Mercantil–, que facturó 15,1 millones de euros al centro y que solo aparece como adjudicataria de contratos del CNIO, sin otros clientes conocidos. Otra de las empresas es Zeus SL, creada en 2009 y fundada por el exdirector técnico del CNIO, que facturó 5,4 millones de euros y tampoco presenta actividad ajena al CNIO. Asimismo, Alaos, creada en 2001, habría facturado 11,2 millones y tampoco se le conocen otros clientes. Y así sucesivamente, conformando un entramado de empresas satélite que, en total, habrían extraído de los fondos para investigar el cáncer entre 20 y 25 millones de euros.

La Ley de Contratos marca que hasta 15.000 euros (y hasta 50.000 euros en servicios científicos) se puede usar un contrato menor sin necesidad de publicar un procedimiento abierto. Internamente, en el CNIO, para compras por encima de 5.000 euros hay que justificar la necesidad, pedir tres ofertas y otra serie de requisitos. Lo que hacían, entonces, era, supuestamente, trocear los contratos con cuantías de 4.990 euros para evitar justificar nada. Además, existe un límite de 50.000 euros anuales por proveedor: si se superaba, saltaba una alarma. Por este motivo, «troceaban» los contratos para así evitar sobrepasar ese umbral.

En la investigación de las cuentas también se ha detectado que, por ejemplo, en 2024 se solicitaron suministros mediante contratos menores aplicando sobrecostes de entre el 30% y el 400%, adjudicados a empresas con escasa solvencia económica.

Presión colectiva

Según detallan personas del propio CNIO, este tipo de «tejemanejes» no pasaban desapercibidos para «proveedores y empleados», pero quienes osaban plantear quejas o solicitar otras formas de trabajo, o incluso criticar estas supuestas irregularidades, sufrían «presión colectiva liderada por el exgerente en reuniones donde los denunciantes eran desacreditados y forzados a aceptar la propuesta; se apartaba al disidente de sus responsabilidades, se le cambiaba de puesto o incluso se provocaba su baja o despido».

Al parecer, la política del miedo fue instaurada durante todos estos años para que nadie levantase la voz. «Somos 500 trabajadores, la mayoría científicos dedicados a sus proyectos. El dinero de proyectos competitivos está hiperfiscalizado. La gente del laboratorio, los cuales no somos ninguno funcionarios ni personal laboral, sino contratados, no tiene acceso al ámbito económico y no se entera de lo que pasa. Somos víctimas de todo esto», explica Ana Hernández. Con la salida definitiva de Juan Arroyo, quien fue gerente durante todo este tiempo de declive, se espera que la nueva directiva ponga negro sobre blanco y limpie debajo de las alfombras.

«El nuevo gerente, José Manuel Bernabé, me parece una persona excepcional. Cree en la investigación y lleva solo tres meses y ya ha hecho mucho. Estamos en una etapa distinta», sentencia la científica. Eso sí, matizan otros trabajadores del centro que, aunque esta semana han sido despedidas tres personas, entre ellas Juan Arroyo, señalado como la cabeza de la presunta trama y otras dos personas muy próximas a él, este entramado que ya investiga Anticorrupción apunta también a la colaboración de varios responsables de ocultar servicios o suministros no prestados, que siguen trabajando hoy en el CNIO.