Un plan frente al suicidio sin fondos ni aumento de ratios de profesionales

El Ministerio de Sanidad llevará al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el próximo viernes 14 el "Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027".

El deseado documento se presentará ante las comunidades autónomas con varios meses de retraso respecto a lo anunciado por la comisionada de Salud Mental, Belén González, y la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y después de haber sido aprobado por el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Como concepto y como documento, el Plan es una de las principales demandas de los profesionales de salud mental y las asociaciones de pacientes y familiares desde hace años.

Una demanda que se volvió urgente e inesquivable desde que, en 2020, 2021 y 2022 nuestro país alcanzó cifras récord en el número de fallecidos por esta causa, con una media de once suicidios diarios. Las cifras de 2023 y del primer semestre de 2024, 4.116 y 2.107 fallecimientos por esta causa, respectivamente, siguen siendo muy preocupantes.

El Ministerio de Sanidad ha elaborado este texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, con la colaboración de un grupo de expertos ("grupo motor"), del que han formado parte técnicos de todas las regiones y ciudades autónomas, además de representantes de algunas de las principales sociedades científicas de profesionales implicados en el abordaje del suicidio (psiquiatras, psicólogos, atención primaria, sociología y pediatría), investigadores, supervivientes, medios de comunicación y servicios de emergencias, policía y bomberos, entre otros.

El plan, que cuenta con seis objetivos y 40 acciones, persigue la meta de "reducir y prevenir la conducta suicida en la población a través de acciones específicas, con particular atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Además, se busca mejorar la equidad y cohesión del SNS promoviendo la colaboración entre las administraciones y la sociedad civil".

Financiación sin concretar

Respecto a la financiación, el documento detalla que "la distribución de crédito entre las CC AA e Ingesa estará supeditado al cumplimiento de acciones recogidas en el presente plan, y se hará conforme a los criterios debatidos con el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental del SNS, además de sometidos a aprobación posteriormente en el Pleno del CISNS".

El plan no incluye ningún anexo con información de presupuesto, algo clave para implementar un proyecto tan ambicioso.

Atendiendo a las palabras de la comisionada y de la propia García, "contará con dotación presupuestaria propia, aún por concretar".

A lo largo de las 42 páginas del documento, se desarrolla, con mayor o menor concreción, cada punto del "esqueleto" que Sanidad presentó en septiembre, y se puede observar cómo el ministerio ha rectificado en algunos aspectos que fueron objeto de crítica en aquel momento.

Los más vulnerables

Por ejemplo, ha incluido entre los grupos vulnerables a los más obvios y necesitados de ayuda, olvidados anteriormente porque no "lucían" con sus intereses ideológicos. Hablamos de las personas que sufren enfermedades mentales graves y que «requieren un apoyo prolongado del sistema sociosanitario» y de las que sufren patología dual, es decir, aquellas en las que converge un trastorno de adicciones y un trastorno psiquiátrico.

Según la Sociedad Española de Patología Dual (Sepd), el 90% de las personas que se quitan la vida pertenecen a estos dos grupos, y presentan un riesgo 6 veces mayor que la población general de intento de suicidio.

Por otro lado, entre las acciones y estrategias más novedosas destacan la creación del "Grupo de Vigilancia de Salud Mental" dentro de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, la puesta en marcha del "Observatorio para la Prevención del Suicidio" o "la implementación de autopsias psicológicas en casos específicos de suicidio".

En la primera, el texto detalla que el objetivo de este "grupo de vigilancia" será el de "elaborar el manual de procedimientos que defina, entre otros, los indicadores necesarios en la vigilancia de la conducta suicida". La intención es sacar adelante esta red por la vía de real decreto.

En relación al Observatorio de Suicidio, el documento detalla: "El Ministerio de Sanidad propone analizar y difundir información sobre la conducta suicida, utilizando datos fiables y homogéneos". Respecto al cómo, explica que "este proceso incluirá la recopilación de información detallada, incluidos los informes de la línea 024. Además, se publicará información relevante a nivel internacional, autonómico y local".

Surge la duda de cómo pueden usar los informes que deriven del 024 si se trata de un número de naturaleza anónima y confidencial, por lo que no se puede hacer seguimiento de las personas que llaman ni tiene conexión con los recursos asistenciales de las comunidades autónomas.

Más adelante, el documento detalla una línea de acción que podría solucionar este problema, ya que indica que se pretende "mejorar la coordinación de la línea telefónica del 024 con otros teléfonos de asistencia y emergencia" de las comunidades autónomas.

Respecto a las autopsias psicológicas, el documento señala como resultado esperado "establecer una coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel autonómico, Instituto de Medicina Legal, Educación y Sanidad, con el objetivo de facilitar su realización", y específica que serán prioritarias en los casos de "niños, niñas y adolescentes".

Recursos en Urgencias

Las acciones en el ámbito sanitario, que resultan clave en la prevención de la conducta suicida, son la línea 5 de las 6 que forman el plan, por debajo de objetivos importantes pero mucho más inespecíficos como la sensibilización, la información de calidad o la prevención en las políticas.

Entre ellas figura la propuesta de "adecuar las urgencias de los hospitales mediante recursos que mejoren la atención de personas con conducta suicida".

¿Qué recursos? ¿Económicos?, ¿Humanos? No lo especifica, pero sí deja en manos de las autonomías la tarea de mejorarlos, y de "garantizar intervenciones más efectivas en situaciones de crisis". De hecho, el dpcumento establece como objetivo que el 100% de ellas implanten estos "cambios estructurales", presumiblemente como condición para obtener financiación.