Sanidad incumple los plazos anunciados para el plan anti-suicidio

El pasado 9 de septiembre, un día antes del Día Mundial para la prevención del suicidio, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la comisionada de Salud Mental, Belén González, anunciaron en rueda de prensa un boceto improvisado de lo que sería el Plan Nacional para la prevención del suicidio. Como concepto y como documento, el Plan es una de las principales demandas de los profesionales de salud mental y las asociaciones de pacientes y familiares desde hace años. Una demanda que se volvió urgente e inesquivable desde que, en 2020, 2021 y 2022 nuestro país alcanzó cifras récord en el número de fallecidos por esta causa, con una media de once suicidios diarios.

A pesar de esas cifras, España sigue sin estar entre los 40 países del mundo que la Organización Mundial de la Salud identifica como los únicos que tienen un Plan Nacional de prevención del suicidio.

Dado que existe esta clasificación, la definición de lo que es un Plan y lo que no está perfectamente clara, y solo se puede considerar como tal un proyecto que intervenga en los diferentes estamentos: individual, familiar, comunitario, social, educativo y sanitario, haciendo un seguimiento individualizado de las personas vulnerables, afectados y familiares y que coordine efectivamente los recursos en el ámbito nacional. Además, debe de tener un presupuesto finalista.

Fechas incumplidas

Pues bien, lo que presentó Sanidad puede considerarse, siendo optimistas, que una "hoja de ruta" o unas "líneas maestras", tal y como lo definió la propia García. De hecho, decidieron no llamarle Plan Nacional de Prevención sino "Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027". Eso ya daba pistas.

Por otro lado, tanto García como González dieron fechas sobre los siguientes pasos.Explicaron que el 18 de septiembre- una semana después- el texto que saliera del Ministerio y el «grupo motor» (compuesto de investigadores, supervivientes, medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental) sería presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental, en el que están representadas las autonomías, donde se consensuaría el documento final que será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Presupuesto en el aire

Con este calendario, la comisionada señaló que confiaban en que el Plan estuviera “disponible para 2025” y que, presumiblemente, contaría "con financiación por parte del Ministerio de Sanidad". Preguntada al respecto del presupuesto, su respuesta fue que no podía especificarlo.

Ninguna de estas promesas se ha cumplido. Tal y como ha podido saber LA RAZÓN, lo único que han recibido las CC AA hasta la fecha ha sido un documento de excell con los seis objetivos y 40 acciones del Plan.

En el documento, al que ha podido acceder este periódico, al lado de cada epígrafe, aparece, entre otras cosas, si el objetivo en concreto tendría financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a las autonomías o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Según este borrador, solo 16 de los 40 objetivos contarían con financiación.

Secretismo con los expertos

Por otro lado, ni Sanidad ni el Comisionado han querido responder a la pregunta de qué personas o entidades forman parte del citado "grupo motor", escudándose en la Ley de Protección de Datos.

Desde LA RAZÓN hemos preguntado a las principales sociedades científicas de salud mental, a representantes de "Hagamos un Plan"-iniciativa de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio que aglutina a más de 50 organizaciones relevantes y representativas dentro del ámbito de la salud mental en general y de la prevención del suicidio en particular como entidades sociales expertas en la prevención del suicidio, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, equipos de investigación o agrupaciones de supervivientes y universidades- y a expertos de prestigio en el estudio del suicidio, y ninguno forma parte de este grupo.

Jennifer Humanes, portavoz de "Hagamos un Plan" y representante institucional de la asociación "La niña amarilla", considera que, gracias a la presión social que han hecho, este último año han avanzado mucho, con reuniones y grupos de trabajo en la Comisión de Sanidad del Senado y en el Ministerio de Sanidad, por lo que valora positivamente la disposición de los distintos grupos políticos.

Sin embargo, reconoce que hay "un acuerdo de confidencialidad sobre la composición de los grupos de trabajo y a qué nivel funcionan".

Coordinado por las CCAA

El Teléfono de la Esperanza reaccionó al anuncio del Plan de prevención por parte del Gobierno sumándose a la carta de posicionamiento en la que Hagamos un Plan pedía "una acción decidida y de calado de los órganos decisores para la implantación de un plan integral, intersectorial, multinivel e integrador, en el que se cuente con la coordinación de las comunidades autónomas y también con ayuntamientos y entes locales". En ella también se pide que el Plan cuente con un presupuesto suficiente para asegurar su continuidad en el tiempo.

La mayoría de las comunidades autónomas cuentan con un Plan de prevención del suicidio desde hace años. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, se puso en marcha en 2021 y gracias a él, la región tiene los mejores resultados en la disminución de la incidencia de muertes por suicidio e intentos autolíticos de toda España.