Protestas ante la congelación del gasto sanitario

La necesidad de un refuerzo urgente de la Sanidad en España –ante la inminente llegada del mal tiempo y el previsible aumento de los virus respiratorios, y el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y la covid–, ha llevado a sanitarios de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) a concentrarse frente a la sede del Ministerio de Sanidad.

«Todos los años pasa lo mismo, viene la campaña de vacunación, va a venir el frío y no tenemos planes de contingencia en las comunidades autónomas», ha declarado Fernando Hontangas, presidente de Sanidad de CSIF, quien ha instado a las comunidades autónomas y al Gobierno «a que digan cuánto van a invertir en personal para reforzar esa plantilla».

En este contexto, la situación podría agravarse porque, según adelantó este miércoles LA RAZÓN, el plan presupuestario que ha presentado el Gobierno en funciones a la Comisión Europea para el próximo ejercicio dedica apenas un 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a Sanidad, cantidad a todas luces insuficiente para atajar los graves problemas que atraviesa la Sanidad en nuestro país, con cifras disparadas en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

«El plan presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas condena al Sistema Nacional de Salud al estancamiento y a la precariedad», ha señalado al respecto Hontangas, porque prevé una congelación del gasto sanitario para 2024 en un 14,5% del gasto total.

Además, esta cifra está muy lejos del 7% que el líder socialista, Pedro Sánchez, prometió al inicio de la pasada legislatura, cifra que además aparecía plasmada en el acuerdo de gobierno formalizado en su momento por el PSOE y Podemos.

Para el portavoz del CSIF, «no podemos aguantar más, están aumentando las listas de espera, se están saturando otra vez los servicios de urgencia y hay reivindicaciones laborales que un Gobierno en funciones puede acometer», ha manifestado. Además, las condiciones laborales del personal sanitario «se están mermando todavía más».

Los funcionarios han recordado que la Sanidad necesita un Plan Estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea, y según señalan, en este momento hay un déficit de 9.500 profesionales de Atención Primaria, al que hay que sumar la escasez de otros 130.000 en enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 Tcaes (técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería).

De ahí proviene la necesidad de incrementar la financiación por gasto sanitario. En nuestro país se invierten 2.027 euros por persona, cuando la media europea es de 2.746 euros.

Asimismo, el sindicato reclama la necesidad de 289.000 nuevas plazas entre 2021-31 para igualarnos a la media de la Unión Europea. «Es una cifra que no se inventa CSIF, sino que estamos comparando profesionales con ratios de la media de los países de la OCDE», ha explicado Hontangas.

La central sindical se ha mostrado también preocupada por la actual situación de temporalidad en las administraciones públicas (que, según los datos de la última Encuesta de Población Activa, asciende a 1,1 millones de personas). Asimismo, CSIF rechaza el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos para 2022,2023 y 2024, porque lo considera insuficiente y les condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo. Por ello, piden renegociar un nuevo acuerdo y una equiparación salarial entre comunidades, en este caso para evitar la fuga de profesionales sanitarios entre autonomías e incluso fuera de nuestras fronteras.

Los participantes en la concentración procedieron a leer un manifiesto frente a la sede del Ministerio de Sanidad, donde reclamaron la adecuación y reclasificación de las funciones del personal sanitario conforme al Plan Bolonia.

Al margen de las reivindicaciones de los profesionales, el déficit presupuestario tiene también un importante impacto en el retraso en la incorporación de los fármacos de última generación, lo que ha provocado las protestas de los médicos y de las asociaciones de pacientes. Según el último informe de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Epfia) este retraso es de casi dos años (629 días) de media desde que son autorizados por el regulador europeo.