A punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la ley que permite hacer contratos en Bélgica a las personas que se dedican a la prostitución, un régimen pionero en Europa, solo cuatro burdeles en todo el país tienen luz verde de las autoridades, algo que los defensores de la normativa atribuyen a la burocracia y la "desconfianza" hacia el sistema.

En paralelo, nueve asociaciones que se oponen a la ley siguen a la espera de que el Tribunal Constitucional belga se pronuncie sobre el recurso que han planteado contra la misma porque, consideran, "normaliza la explotación del cuerpo de las mujeres", la mayoría de las personas que se prostituyen.

Una ley pionera en Europa

En 2022 Bélgica despenalizó la prostitución y el 1 de diciembre de 2024 se convirtió en el primer país europeo en reconocerla como actividad profesional.

Desde esa fecha y hasta finales de noviembre de este año, dieciséis prostíbulos habían pedido autorización para poder hacer contratos a trabajadores del sexo -doce en la zona belga francófona y cuatro en la neerlandófona- y solo cuatro de ellos habían obtenido finalmente el visto bueno, según indicó a EFE un portavoz del Servicio Público Federal de Empleo de Bélgica.

"Hace falta tiempo" para que se vea el impacto de la ley, explicó por su parte a EFE Isabelle Jaramillo, coordinadora general de Espace P, una asociación belga que ofrece gratuitamente servicios de ayuda de tipo administrativo, social y jurídico a las personas que se dedican a la prostitución.

Esta experta asegura que pese a la baja cifra de empresas reconocidas hasta la fecha, hay "interés" por parte de empleadores y trabajadores del sexo en hacer uso de la nueva legislación, que lo que busca es "proteger" a ese colectivo, a través del "máximo de garantías" para poder ejercer de la manera "más segura posible".

Jaramillo añade que Bélgica siempre ha sido pionera a nivel legislativo, como demostró por ejemplo al ser el país en legalizar la eutanasia y que la ley sobre los contratos para la prostitución son una nueva muestra de ello.

Precisa además que quizá sea necesario introducir "mejoras" en la ley, algo que no se sabrá hasta que lleve un tiempo aplicándose.

La ley de 2024 permite a los administradores de los prostíbulos (como "empleadores") hacer un contrato formal a las personas que se prostituyen para que puedan acceder a los mismos derechos sociales que el resto, incluidas bajas por enfermedad o embarazo y vacaciones.

Antes de la normativa, las personas que se prostituían podían ya disfrutar de una cobertura social pero solo a través del estatuto de autónomo.

Aparte de las disposiciones comunes a todos los sectores, prevé otras específicas, como por ejemplo garantizar a quienes se prostituyen libertad para rechazar clientes o actos y poner fin a la prestación sexual en todo momento.

La nueva ley pretende, según las autoridades belgas, distinguir la prostitución legal de la explotación de personas vulnerables y el proxenitismo, que sigue prohibido y condenado en Bélgica.

Con ese objetivo, establece una serie de condiciones para poder autorizar a los establecimientos, relativas a los empleadores o a las condiciones de trabajo sobre seguridad o higiene.

A los establecimientos se les exige ser una empresa de responsabilidad limitada, una cooperativa o una asociación sin ánimo de lucro, tener sede social en Bélgica, contar con unos administradores identificados (que no deben tener antecedentes ni haber sido condenados por ningún delito).

Además, pide que las personas que ejerzan la prostitución estén registradas en el país, lo que excluye a quienes operan en la ilegalidad.

Recurso contra la ley

En paralelo, las nueve asociaciones que presentaron un recurso siguen a la espera de que el Tribunal Constitucional belga se pronuncie sobre una legislación que, consideran, "institucionaliza la explotación".

Según distintas fuentes la decisión se conocerá previsiblemente a principios del próximo año.

"Esta ley no es inédita ni progresista. Para empezar, otros países implementaron leyes similares mucho antes. Además, institucionaliza principalmente una forma de explotación profunda, lo que representa regresión y violencia en lugar de progreso social", argumenta Mireia Crespo, directora de Isala, una ONG que ayuda a las personas que se dedican a la prostitución y de las que han recurrido ante el Constitucional.

Para esas asociaciones, reunidas recientemente en una conferencia en Bruselas, la ley es "una respuesta aberrante y trágica al flagelo que enfrentan las mujeres: ser transformadas en mercancías, compradas y consumidas por los hombres".

"El contrato de trabajo se convierte en una herramienta más para presionar a las prostitutas", explica Mireia Crespo, y añade que su asociación lo considera "un retroceso para los derechos de las mujeres, dado que la prostitución es un fenómeno de género, donde el 95 % de las prostitutas son mujeres y niñas".

La misma experta añade que las mujeres en situación de prostitución "piden verdaderos derechos sociales y vías de salida", algo que considera no aporta la ley, que "favorece y banaliza el proxenitismo".

Por su parte, Oumayma Hmmadi, de la ONG feminista El mundo según las mujeres, otra de las que se sumaron al recurso, dijo que "al legalizar el proxenitismo, Bélgica la elegido la mejor vía para reforzar las violencias patriarcales y las desigualdades entre el norte y el sur".