La nueva ley del aborto salvará 3.590 vidas

La eliminación del supuesto del aborto eugenésico, tal y como pretende la reforma de la ley de interrupción del embarazo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentará antes de abril , evitará al menos la muerte de 3.590 bebés, la cifra de interrupciones de embarazo que se produjeron en España en 2011, según los datos de Sanidad. El aborto eugenésico engloba a los fetos con síndrome de Down, que representan el 60 por ciento del total, los que tienen una enfermedad grave e incurable (como es el caso de las cromosopatías o malformaciones congénitas) o el riesgo de graves anomalías fetales incompatibles con la vida. Para estos casos, hasta ahora se podía esperar hasta la semana 22 para practicar el aborto.

Estos supuestos, que parecen claramente diferenciados, suponen un «coladero» para justificar interrupciones voluntarias del embarazo, según denuncia Esteban Rodríguez, portavoz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir. En opinión de Rodríguez, el «coladero» de la ley anterior –que permitía abortar a las mujeres que alegaran problemas psicológicos derivados de su embarazo o por el futuro nacimiento– se ha sustituido por el supuesto eugenésico, «bajo el que se están practicando abortos de manera indiscriminada».

«Esta realidad ha ido en aumento en los últimos años debido al número de pruebas de cribado diagnóstico realizadas, que se ha incrementado de forma notable», indicó. Así, se ha pasado de los 2.901 del año 2005 a los más 3.350 de 2.011.

«La consecuencia del aumento de pruebas para detectar cromosopatías o posibles malformaciones del feto ha terminado en aborto en el 80 por ciento de los casos en los que fue detectado un posible caso de síndrome de Down», dijo Rodríguez.

El portavoz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir reclamó la elaboración de una ley que defienda la vida, no que regule el derecho al aborto. «La cultura de la muerte se ha instalado en nuestra sociedad y se ha banalizado. Sin embargo, se debería dejar a cada profesional que trate a su paciente y tome decisiones en función de criterios médicos. Esto quiere decir que si una mujer tiene un problema de preclamsia grave,por ejemplo, hay que tratarla y en el caso de que haya que extraerle la placenta para salvar su vida, se hará. ¿Esto es un aborto? No. Es una decisión médica que acaba con la muerte del feto, pero no se necesita una ley para regularlo. Para eso está la deontología y el desarrollo profesional de los médicos», concluyó.

Uno de los aspectos más polémicos de la futura ley será intentar elaborar una serie de supuestos que permitan abortar en determinadas situaciones avaladas por profesionales y que no se produzcan abusos como hasta ahora.

Daño psicológico

Por ello, uno de los objetivos es acabar con el supuesto de daño psicológico en la mujer. En este punto Gallardón pretende que la nueva norma ponga sobre la mesa la existencia de un conflicto entre el nasciturus y los derechos de la madre. Hasta ahora, defiende el ministro, se está aplicando un criterio inconstitucional porque la ley de plazos deja en una «desprotección absoluta al nasciturus al permitir la no viabilidad de su proyecto de vida sin acreditar la existencia de un conflicto». «Yo creo que el mismo nivel de protección que se dé a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tiene el resto de los concebidos», opinó. Queda por ver la manera en la que se resuelve este aspecto pero el titular de Justicia tiene claro que «la experiencia nos demuestra que algunos de los supuestos de la ley de plazos deben ser revisados».

La indefensión del nasciturus a la que se refiere el ministro queda patente en las cifras absolutamente demoledoras del aborto durante 2011. De enero a diciembre, se interrumpieron más de 118.000 embarazos, de los que el 90 por ciento se produjeron durante las primeras 14 semanas de gestación, periodo para poder abortar libremente aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera Legislatura. Los datos durante su mandato son clarificadores. En los ocho años al frente del Ejecutivo, se ha instalado una cultura del aborto libre en la sociedad que se ha traducido en un incremento de las interrupciones voluntarias del embarazo de 84.985 a 118.359, lo que supone un incremento del 39 por ciento. Dicho de otra manera, el último año de Zapatero al frente del Gobierno, se produjo un aborto cada cuatro minutos. De salir adelante la ambiciosa propuesta de Gallardón, el aborto quedaría reducido a la mínima expresión y la tasa de interrupciones por cada 1.000 mujeres caería del 11,49 actual a menos de un uno por ciento.

Otra de las medidas que han contribuido a la «normalización» del aborto ha sido la dispensación de la píldora del día después. Desde su aprobación en el año 2009, se han dispensado más de dos millones de unidades. La dispensación sin receta del fármaco, que fue «vendido» desde el Ministerio de Sanidad como una medida que evitaría embarazos no deseados, ha contribuido a normalizar el aborto como recurso y ha disparado las cifras de interrupciones y el negocio de las clínicas abortistas, que ronda los 60 millones de euros anuales.

Otro de los objetivos de la próxima ley que prepara Justicia es permitir los abortos en casos de violación y evitar que las menores de edad puedan acudir a una clínica sin el conocimiento de sus padres.