Sin acciones colectivas

l ¿Por qué la Audiencia Nacional ha tomado parte en las reclamaciones contra las PIP?

–Esto se debe a que hubo una inhibición de los Juzgados de Instrucción de Valencia en este caso a favor de la Audiencia Nacional. Y ello dada la pluralidad de personas perjudicadas residentes en diversas poblaciones del territorio nacional, y los indicios de autoría que recaían sobre un ciudadano francés, toda vez que, además, los hechos relativos al delito contra la salud pública y fraudes habrían tenido lugar en Francia, causando un perjuicio en España, tratándose de un supuesto fraude cometido por una organización en la que se incluyen los proveedores en España.

l ¿Por qué no hay delito contra la salud pública?

–La demanda por este motivo es complicada, desde mi punto de vista. Si la Audiencia se ha inhibido, será porque no se trata de medicamentos, sino de productos sanitarios que tenían las correspondientes autorizaciones y sello de la CE. Hace relativamente poco tiempo –el año pasado–, hubo ya una sentencia de un Juzgado de primera instancia de Madrid que condenó a un cirujano plástico y a la clínica a indemnizar a la paciente con más de 7.000 euros por la rotura de una prótesis PIP. La sentencia fue por insuficiente información, al no incluir aunque fuera un riesgo mínimo el de la posibilidad de rotura. La información como Derecho fundamental contemplado en la Ley 41/2002 es quizás la fórmula mas viable de reclamación.

l ¿Podrán llevarse a cabo acciones colectivas?

–Lamentablemente, en nuestro país esta vía es bastante difícil, evidentemente este procedimiento serviría para poder agrupar a todos los afectados.

l ¿Cuál es el camino que tendrán que seguir a partir de ahora las afectadas?

–Ante la dificultad de una Acción Colectiva, las afectadas tendrán que reclamar individualmente por vía civil o penal y si es contra la Administración por Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

l ¿Qué ocurre con las mujeres cuyas prótesis se deben a un tratamiento terapéutico tras una mastectomía?

–Estaríamos en la misma situación en cuanto a información se refiere y en cuanto al cumplimiento de la Ley de Autonomía del Paciente.