Sanidad elimina el copago en las farmacias de los hospitales

El 24 de abril de 2012 el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad publicó el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

El 24 de abril de 2012 el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad publicó el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En él se incorporaba lo que hoy se conoce como copago farmacéutico; es decir que los enfermos, desde entonces, pagan parte de sus medicamentos, un máximo de 4,13 euros por envase. Eso sí de estas aportaciones sólo quedaban exentas las personas con rentas no contributivas y los parados sin prestación. Sin embargo, los jubilados pagan entre 8 y 18 euros como máximo al mes.

En octubre de 2013, algo más de un año después de la llegada del copago a la farmacia de calle, el Gobierno anunció un paso más allá: trasladar este pago a las farmacias de los hospitales. Una medida aprobada por la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, e impulsada por la secretaria general de Sanidad de aquel momento, Pilar Farjas. Ha sido el sustituto de Mato, Alfonso Alonso, el que ayer anunció su retirada en la Comisión de Sanidad del Congreso. Tras más de dos horas de comparecencia, el ministro afirmó que el copago en las boticas de los hospitales iba a ser «revisado» porque, a su juicio, «no tiene mucho sentido». Es más, Alonso comparó esta medida con otros anuncios que, al final no se pusieron en marcha como el copago del transporte no urgente (ambulancias) o el pago de una parte de las prótesis y de productos dietéticos. Ninguno de estos copagos se ha hecho efectivo.

Pero, ¿qué ha impedido que el Gobierno impulsara una medida ya anunciada y aprobada? Expertos consultados por este diario apuntan a dos motivos: los problemas administrativos y de gestión de la medida y otro de carácter más político: las presiones de las comunidades autónomas que, a regañadientes tuvieron que aprobarlo en uno de los consejos interterritoriales.

En lo que se refiere a los problemas para su puesta en marcha, el principal es la falta de infraestructuras, ya que los hospitales públicos no cuentan con un sistema de cobro establecido. No se produce ningún intercambio monetario. Otro de los principales motivos de oposición a la medida es que lo que se puede recaudar con esta medida es muy reducido porque al fijar un copago máximo, por muy cara que sea la medicina, nunca se recaudaría lo suficiente como para cobrar los costes administrativos. La medida afectaba a 157 presentaciones farmacológicas de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves –oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros– que hasta entonces los pacientes adquirían gratis en las farmacias de los hospitales. Es decir, se prescriben para enfermedades crónicas o muy graves y, aunque se dispensaban de forma ambulatoria su seguimiento era similar al de un paciente ingresado. Así, a modo de conclusión, Ignacio Riesgo, consultor en salud, apunta a «razones técnicas por la dificultad de su implantación y a las reticencias de las comunidades autónomas» como los ejes principales de la marcha atrás que ha dado el Ministerio.

La realidad es que, a pesar de que la medida se aprobó hace más de un año, los únicos lugares en los que se había incorporado es en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Son los únicos territorios cuya Sanidad depende directamente del Gobierno central y, como aseguran desde el Ministerio, con esta medida sólo han recaudado entre 600 y 1.000 euros al mes. El resto de comunidades autónomas, a pesar de la obligación por ley de cumplir con este copago, han ido dando largas a su implantación y se justificaban en la necesidad de un periodo de adaptación para poder instalar los sistemas de cobro. Aunque algunas regiones ni siquiera plantearon retrasar su implantación, se negaron desde el primer momento. Como es el caso de Castilla y León cuyo consejero, Antonio Sáez, del mismo partido político que el Gobierno nacional, planteó un recurso ante el Constitucional. Otras comunidades como Asturias, País Vasco, Andalucía y Canarias lo tienen recurrido ante el contencioso administrativo. María José Sánchez Rubio, consejera de Andalucía, afirmó ayer que el copago en la farmacia hospitalaria sólo respondía a intereses «ideológicos e injustos», puesto que no supone ningún «ahorro ni beneficio». De este modo, sólo queda que el ministro plantee a las comunidades autónomas el cambio que ayer ya anunció. Ahora, existen dos fórmulas para modificar la norma que contempla el copago en las farmacias de los hospitales: tienen que derogar el artículo del real decreto elaborando un nuevo decreto o incluyéndolo en una de las leyes que se esté tramitando e incluirlo en las disposiciones adicionales.

Al margen de esta decisión, lo que no anunció el ministro es la posibilidad de terminar con el pago en las boticas de calle. Y es que, según Alonso, la aportación de los pacientes ha conseguido «un modelo más equitativo» que el anterior y dijo que se ha ahorrado 4.236 millones de euros.

En su balance del estado de la Sanidad Pública, el ministro insistió en que nuestro sistema es hoy «más universal» que nunca porque hay 44,6 millones de ciudadanos con tarjeta sanitaria, 700.000 más que hace tres años. También destacó la aprobación de dos Reales Decretos, uno de ellos para el desarrollo del Fondo de Garantía Asistencial aprobado en 2012 para compensar el gasto en farmacia de los servicios de salud cuando atienden a pacientes de otra comunidad.

«Unidad» frente a la hepatitis C

El motivo de la comparecencia de Alfonso Alonso era la situación de la administración de fármacos de nueva generación contra la hepatitis C. Insistió en la necesidad de «unidad» entre los grupos para afrontar este problema. Del mismo modo también anunció que las comunidades autónomas debían remitir sus registros de pacientes al Ministerio antes del día 19.