La asistencia a la salud mental en la Sanidad pública en España es deficiente. De hecho, el 60% de los pacientes que necesita tratamiento psiquiátrico no lo está recibiendo. Lo dicen informes de organismos internacionales, como la OCDE, lo dicen los especialistas, lo vemos en los resultados anuales de encuestas poblacionales de resultados de salud pero, sobre todo, lo evidencia nuestra ratio de profesionales de salud mental (psiquiatras, psicólogos y enfermeras especializadas) por número de habitantes.

Mientras en los países de nuestro entorno hay una media de 18 especialistas por cada 100.000 personas, en España estamos entre 8 y 10. Aunque el problema es mucho más complejo, hay consenso sobre que una de las claves para mejorar la asistencia es reforzar los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Pues bien, bajo este epígrafe, que conforma la primera línea de actuación del "Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027" que el Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental presentan esta mañana a las autonomías en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS, se recoge un primer argumento que invalida el resto del contenido del documento.

Tal y como se lee en el texto, que adelantó LA RAZÓN hace una semana, el objetivo primordial es "planificar la oferta de Formación Sanitaria Especializada de la especialidad de psiquiatría, psiquiatría infantil y de la adolescencia, psicología clínica y enfermería de salud mental, teniendo en cuenta las necesidades consensuadas con las CCAA". El "resultado esperado" que se pretende conseguir con ello es "el 90% de plazas ofertadas sobre las acreditadas".

Pues bien, ese supuesto objetivo supondría disminuir en un 10% la oferta actual de plazas, es decir, que, para el año que viene, la deficiente asistencia a la salud mental que proporciona el SNS sería aún peor.

"Este año, el 2024-25, se están acreditando el 98% de las plazas, en el 2023-24, se acreditaron el 99% y es así desde hace 10 años: todos los años se acreditan prácticamente el 100% de las plazas ofertadas, por lo que ofertar el 90% es reducir en un 10% los recursos humanos actuales", explica incrédulo a este periódico Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, jefe del departamento pediátrico y juvenil del mismo centro hospitalario y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos.

"¿El resultado esperado que ellos quieren es que haya menos profesionales de salud mental en el SNS? ¿Acaso no se han dado cuenta?", se pregunta. "Si tan solo hubieran consultado con su propia Dirección General de Ordenación Profesional, cualquier técnico les hubiera dicho que ya están ofertando el 100%. Reducirlas al 90% significaría que, en 2026, tendríamos un 10% menos de las plazas que han salido este año".

La excusa que usa siempre el departamento de Mónica García cuando se le exige que aumente la oferta de plazas de sanitarios especialistas en salud mental es que ellos ofrecen el 100%, y que son las comunidades autónomas las que tienen que aumentar las plazas que acreditan. Pues bien, la realidad es que las autonomías están acreditando practicamente el 100%. Si vemos las cifras del último año, se han acreditado 330 de las 338 ofertadas en psiquiatría, 48 de las 48 ofertadas en psiquiatría infantil y 274 de las 278 ofertadas en psicología clínica.

Obviamente, el "resultado esperado" que debería aparecer en este objetivo del Plan debería ser algo con sentido como "aumentar en un 5 o un 10% las plazas ofertadas" o "alcanzar la ratio de profesionales de los países de la Unión Europea". "Pero no, aquí no hay sentido común, ni se le espera", denuncia Arango.

La sociedad médica de referencia retira el apoyo al Plan

Este es el motivo principal, aunque no el único, por el que Arango está seguro de que el texto que Mónica García y Belén González intentarán que aprueben los consejeros de Sanidad de las CC AA no hay pasado por el filtro de los técnicos. De hecho, tanto él cómo la actual presidenta la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), Marina Díaz, van a enviar una carta a Sanidad para pedir que retire sus nombres y el de la Sepsm del documento, dado que no lo avalan en su redacción actual.

"Es la primera vez en más de 10 años de trabajo con el Ministerio de Sanidad, y con más de 10 ministros consecutivos de distintos partidos políticos, que no se nos envía a los expertos la supuesta versión final de un documento en el que hemos trabajado".

Otro de los "errores garrafales" que figuran en el documento es que, como "resultado esperado" de la línea estratégica 2.5, dirigida a "establecer mecanismos de coordinación y cooperación" con los distintos niveles asistenciales (Primaria, especializada, farmacia) y otros agentes sociales, se pide que "el 80% de las CCAA (incluyendo a Ingesa) desarrollen iniciativas para el abordaje integral a las personas con problemas de salud mental".

La realidad es que el 100% de las autonomías desarrollan una atención integral a las personas con problemas de salud mental. "Es que parece de broma, ¿Cómo no lo van a hacer? Si no se hiciera es que sería denunciable".

El siguiente punto de conflicto llega en la línea estratégica número 6, dedicada a la “salud mental perinatal, de la infancia y de la adolescencia”. En el punto 6.6, se describe como acción "potenciar las alternativas a la hospitalización infanto- juvenil en la atención de la salud mental”, y se pide como objetivo evaluable que lo hagan el “80% de las CCAA (incluyendo a INGESA)".

Arango, que lidera desde hace años el departamento pediátrico y juvenil del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, un centro de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras , se “rasga las vestiduras”. "¿Cómo que el 80%, otra vez? Todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas de España tienen estos recursos implantados en sus planes de salud mental", señala.

Sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid cuenta con cuatro hospitales de día infantiles con centro educativo para niños con trastorno mental grave (de 6 a 9 y de 10 a 12 años) y otros seis de las mismas características para adolescentes de 12-17 años, entre otros muchos recursos. Y, así, según describe el psiquiatra, región por región, “unas más y otras menos, está claro, pero ninguna carece de ellos".

"Es el Plan menos ambicioso que he visto en toda mi carrera profesional como asesor de distintos ministros de Sanidad. Para esto no era necesario crear un Comisionado de Salud Mental", sentencia.

Además, el reputado psiquiatra afirma que no se han tenido en cuenta las votaciones del comité técnico a la hora de definir las actuaciones prioritarias. "Las líneas que la mayoría considerábamos clave no aparecen como tal en el documento. Nos han tomado el pelo. Nos han hecho trabajar para acabar haciendo su voluntad".

Insisten con la deprescripción de psicofármacos

Otra de los motivos por el que la Sepsm va a retirar su apoyo al Plan es que Sanidad ha traspasado una "línea roja" por la que los especialistas no van a aceptar. Se trata del polémico concepto de deprescripción de psicofármacos. Desde la sociedad científica, se advirtió al Ministerio y al Comisionado que no iban a aceptar que se ofendiera a la profesión poniendo en duda el correcto desempeño de su labor, y se sugirió que se eliminara ese concepto de la redacción del Plan, sustituyéndolo por "uso adecuado o racional".

Sin embargo, el documento dedica toda una línea estratégica, la número 4 "Optimización del tratamiento y calidad en la prescripción" a dirimir sobre lo que definen como "una prescripción farmacológica de calidad, centrada en el paciente y basada en la mejor evidencia disponible". En concreto, el punto 4.4 establece el objetivo de "implementar programas de formación en prescripción adecuada de psicofármacos y deprescripción en salud mental, atención primaria y red de adicciones".

"¿Con qué criterio científico le dicen a un especialista, que tienen la obligación médica y ética de hacer el mejor uso de los fármacos que prescribe, que tiene que deprescribir? ¿Se lo dicen acaso a los cardiólogos?", se pregunta Arango. "De hecho, si un psiquiatra estuviera haciendo un uso no adecuado de la prescripción sería algo denunciable", añade.

Como ejemplo de lo erróneo de este planteamiento, que la comisionada, la ministra Mónica García y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, consideran una de las claves de su estrategia para mejorar la salud mental de la población, el jefe de servicio de Psiquiatría del Gregorio Marañón recuerda que, recientemente, la prestigiosa revista científica The Lancet publicaba un estudio de incidencia de primeros episodios de psicosis a nivel mundial, del que el es coautor, en el que se costataba que uno de los principales problemas en la salud mental a nivel mundial es la accesibilidad a los tratamientos, y que hay un proporción muy importante de personas con trastorno mental que no reciben el tratamiento adecuado.

"Mientras algunos se preocupan de que las personas con trastorno mental tomen tratamientos, el mundo se preocupa porque el principal problema de la salud mental sea que la mayoría de las personas no tengan acceso a esos tratamientos. ¿Se imaginan a una ministra de Sanidad compartiendo que los fármacos que tiene aprobados su ministerio matan y si no se toman se vive más, en contra de toda evidencia científica?", concluye Arango.