Unos 30.000 fallecidos seguían cobrando ayudas de dependencia

Un informe del Tribunal de Cuentas denuncia que el caos de la ley bajo el Gobierno del PSOE costó 140 millones de euros

Lo que nació como un servicio de prestación de servicios acabó convirtiéndose durante la etapa del Gobierno socialista en un ejemplo de mala gestión. El informe de fiscalización de la gestión financiera de la aplicación de la Ley de Dependencia, elaborado por el Ministerio de Sanidad, recoge las principales deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas desde la entrada en vigor del sistema, el 1 de enero de 2007, hasta el 31 de diciembre de 2011. Unos desequilibrios que el Imserso, desde comienzos de 2012 –cinco años después de la aprobación de la ley–, se ha propuesto corregir. Así, al finalizar ayer el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que el análisis denota «que había que realizar modificaciones», por lo que se «toma nota» para que dichas deficiencias no vuelvan a producirse.

Una de sus primeras conclusiones trata sobre el incumplimiento del «carácter excepcional» de las prestaciones económicas reconocidas en la Ley 39/2006. Y es que dicha cuantía «se reconocerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado». Algo incumplido, pues «las prestaciones económicas han superado a las prestaciones de servicios». En este sentido destaca Aragón, donde las prestaciones económicas supusieron el 77,49% de las ayudas, seguida de Murcia (73,4%) y Navarra (74,6%). El Tribunal teme que esta «financiación indebida» provoque que el sistema «se acabe convirtiendo más en un sistema de subsidios que en una red asistencial de servicios».

Además, el tribunal señala algunas de las «deficiencias», como la «existencia de beneficiarios fallecidos». No en vano, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, afirmó ayer que, según el informe, había 29.169 personas muertas para las que se destinaron 140 millones de euros en prestaciones.

Unos datos que denotan, según Echániz, la «mala gestión» del Ejecutivo socialista. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, reprochó ayer a Echániz sus palabras por tratarse de una «cortina de humo» ante los recortes.

El tribunal apunta a que las comunidades autónomas no tenían la obligación de actualizar sus datos respecto a la base del SISAAD, el sistema informático del Imserso para gestionar los datos de dependencia. De ahí la «falta de comunicación de estos decesos» y la «obtención de una financiación indebida».

Asimismo, el informe señala que existe «duplicidad de beneficiarios», así como «falta de actualización de grados y niveles de dependencia». Por ello, se estima que el Imserso «puede estar abonando importes» a personas «no beneficiarias» de prestaciones por dependencia y, del mismo modo, dejar de abonarlos a personas que sí son perceptores.

El tribunal señala además que la «mayoría» de comunidades autónomas «incumple» el plazo de seis meses establecido entre la solicitud y la resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia. Dicho plazo ha sido incumplido por catorce regiones. Y es que, en 2011, el plazo medio era casi de 9 meses –232 días–. Las comunidades de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Valencia, Madrid y Murcia superaron los 300 días. Una de las consecuencias fue que, a principios de 2012, casi tres de cada diez dependientes –305.941– no recibieran prestación.

De hecho, se señalan también la falta de homogeneidad de las regiones a la hora de indicar la cantidad correspondiente al copago del usuario –lo que podría vulnerar el principio de universalidad–.