El Parlamento Europeo se niega a utilizar el reconocimiento facial

El Parlamento Europeo ha insistido en que no tiene planeado introducir el sistema de reconocimiento facial, después de que saliera a la luz una circular sobre el uso de esta tecnología para mejorar la seguridad. Esta información aparece después de que el pasado 17 de enero la Comisión Europea planeara la posibilidad de prohibir hasta cinco años el uso de reconocimiento facial en lugares públicos.

En una página de la intranet del Parlamento Europeo se sugería que se podría utilizar reconocimiento facial “en el contexto de la seguridad biométrica y servicios para los eurodiputados”, según ha recogido el diario británico The Guardian. La página, titulada ‘Inteligencia Artificial para mejores servicios’, hablaba sobre las consecuencias que tendrían este tipo de tecnologías y se eliminó este miércoles después de que varios eurodiputados cuestionaran el uso del reconocimiento facial en el Parlamento.

Respetar los principios europeos

Según el periódico, un portavoz del Parlamento Europeo ha afirmado que “no existe un proyecto de reconocimiento facial en el Parlamento”. Además, el portavoz ha añadido que “no estaba previsto hacerlo en ningún nivel”. La posibilidad de prohibir de forma temporal el uso del reconocimiento facial en lugares públicos se recogió en un borrador de un libro blanco sobre inteligencia artificial (IA), cuyo objetivo es ofrecer una “perspectiva europea” que “promueva el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en toda Europa, mientras se asegura que la tecnología se desarrolla y se usa de una forma que respete los valores y principios europeos”.

Además de reconocer la necesidad de invertir y promover la investigación y la innovación en esta tecnología, la Comisión Europea propone también posibles obligaciones y opciones de regulación. Entre otras, señala regulaciones específicas para los sistemas de reconocimiento facial, “independientemente de que sean usados por actores públicos o privados”. Se trataría de un periodo, de tres o cinco años, en el que “se podría identificar y desarrollar una metodología sólida para evaluar los impactos de esta tecnología y posibles medidas de gestión de riesgos”. La versión final de este borrador se presentará este mes, como parte de una revisión más amplia de la regulación de la tecnología de Inteligencia Artificial.