Intervención, en un país sin capitalismo

Alfonso Escámez (1916-2010), presidente del Banco Central durante 20 años en la época de la transición, con fama de ser el banquero del Rey que lo nombró senador real en la legislatura constituyente, solía decir que «España había sido un país sin capitalismo». El Central era entonces uno de los llamados «siete grandes bancos» españoles, aunque su tamaño era minúsculo comparado con otros europeos. El presidido por Escámez, porque no todo era color de rosa, se fusionó con el Hispano Americano, que también cojeaba. Poco tiempo después, el Santander de Emilio Botín, que ya había absorbido a Banesto, también se quedó con ellos. La jugada la remataría Ana Botín al adquirir, por un euro, el Popular, tras una crisis resuelta por la vía de urgencia –no se ha vuelto a repetir la fórmula, que fue polémica– por las autoridades bancarias de la zona euro.

Todos esos bancos desaparecidos coincidieron, en algún momento, en la ausencia de un accionista nacional, es decir, español, de referencia, con el capital suficiente. Es algo que se repite desde los albores del capitalismo en España, un país que siempre tuvo que recurrir a capitales extranjeros para poner en marcha grandes proyectos, como ocurrió en el siglo XIX con los ferrocarriles y, ahora, en pleno siglo XXI, se mira a los fondos europeos Next Generation, sin que se sepa muy bien dónde están, como la piedra filosofal para impulsar iniciativas empresariales novedosas.

Telefónica, la compañía que preside José María Álvarez Pallete, sucesor de César Alierta, es una de las grandes multinacionales españolas, empresas que crecieron y expandieron por todo el mundo al filo del cambio de siglo y con el advenimiento del euro. La compañía, como todas las «telecos», vive momentos complicados en un sector menos rentable. Las bajas valoraciones bursátiles hacen que este tipo de compañías sean un objetivo goloso para algunos inversores, sobre todo si, como en el caso de la española, no un gran accionista nacional de referencia, al margen de que el BBVA posea un 4,8 %, CaixaBank un 3,5 % y Criteria, un 2,4 %. La fórmula que utilizan los cazadores de gangas es tomar una participación relevante que les dé control sobre la empresa. Hacer algunos cambios y luego venderla por partes, trocearla en el argot, con lo que se consigue un precio muy superior. Saudi Telecom Company (STC), grupo árabe controlado por el Gobierno saudí, anunció en septiembre que había adquirido en el mercado un 4,8 % de Telefónica y que tenía una opción, a través de Morgan Stanley, para hacerse con otro 5 %, operación condicionada al permiso del Consejo de Ministros, en este caso del futuro que nombre Pedro Sánchez.

La irrupción en escena del fondo saudí facilitó despertar el patrioterismo económico y enseguida surgieron voces, alimentadas desde el Gobierno, que defendían la importancia de mantener la españolidad de una empresa estrategética como Telefónica. El siguiente paso, con la coartada de la defensa de los intereses españoles, fue empezar a diseñar cómo renacionalizar Telefónica. A un Gobierno intervencionista, como el todavía en funciones –y el que le sucederá–, le habían puesto todo en bandeja. La amenaza extranjera justificaba no ya una intervención, sino la entrada en el capital, en la propiedad, de la compañía. Un primer paso, que podría ser solo el principio de un proyecto más ambicioso que afectaría, en el futuro, a otras empresas, sobre todo del sector energético. La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que preside Belén Gualda, heredera en última instancia del INI (Instituto Nacional de Industria) de origen franquista, estudia ya la posibilidad de adquirir para el Estado una participación en Telefónica, que le daría voz y voto. Todo está todavía en el aire, pero se envuelve en una operación global en la que habría pedido a grandes empresarios particulares y grandes compañías españolas que participen en el empeño. Por ahora, no parece haber nadie dispuesto a acometer una inversión de esa magnitud, incluído Amancio Ortega, que habría declinado la sugerencia.

La españolidad de Telefónica, en estos momentos, no depende de eso, ni tampoco precisa la presencia del Estado en el capital para mantenerla. José Maria Rotellar, economista y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, ha explicado son sencillez que, como el Gobierno, tiene la prerrogativa –discutible pero real– de permitir o impedir inversiones extranjeras que superen el 5 %, no hace falta ninguna medida adicional. La idea de que el Estado entre ahora en el capital de Telefónica delata el sueño del Gobierno de renacionalizar algunas grandes empresas, quizá porque España todavía sea un país sin capitalismo, como decía el banquero Escámez.

Peticiones o exigencias aparcadas a la espera de un mejor momento

La teórica negociación de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el equipo de Sánchez de la investidura fue breve. La todavía vicepresidenta en funciones pidió la luna, pero era consciente de que tendría que conformarse con menos, en este caso la reducción de la jornada laboral. Ella quería mucho más, paga a los jóvenes al cumplir los 18 años, impuesto a los ricos permanente o topar las hipotecas. Sánchez no se cerró a esos asuntos, pero si necesita adoptarlas quiere apuntarse el tanto.

Un billón más de ahorro en la zona euro que ha llegado para quedarse

Los hogares de la zona euro ahorraron, entre finales de 2019 y el segundo trimestre de 2023, un billón de euros más de lo que hubieran ahorrado en otras circunstancias, sin pandemia y sin ayudas gubernamentales. Los economistas Battistine y Garels, en el blog del Banco Central Europeo, creen que la mayor parte de ese dinero se ha invertido en activos ilíquidos, lo que sugiere que esos ahorros han llegado para quedarse y es probable que no supongan un aumento del consumo a corto plazo.