El Gobierno ordenó ya en 2019 a Policía y Guardia Civil vigilar las redes sociales en busca de bulos políticos

¿Desde cuándo el Gobierno vigila nuestras redes sociales? ¿Un bulo online es delito? ¿Realmente es delito un tuit ensalzando las propiedades del ajo contra el covid-19? ¿Deberían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicarse a combatir el ciberbulo en lugar del ciberdelito? Estás incógnitas surgen según se navega unos minutos por internet y se detecta a cada paso noticias falsas. ¿Pero todas lo son? Ante este panorama de desinformación, el Gobierno central se erigió hace ya más de un año en el paladín de la verdad por la red. Por eso, el año pasado encargó a Policía Nacional y Guardia Civil vigilar las redes sociales de sus conciudadanos en busca del bulo, aunque no de cualquier bulo, sólo de los relacionados con las citas electorales y, por tanto, de los políticos.

En ese momento, el ministro del Interior dio las consignas pertinentes para rastrear por la red los bulos de información, en cumplimiento de las instrucciones dadas por la Unión Europea en diciembre 2018, fecha en la presentó un plan de acción contra la desinformación. Este programa culminó en un conjunto de medidas orientadas a reducir "los riesgos en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, entre los que figuraban la lucha contra las campañas de desinformación y las noticias falsas”, según fuentes gubernamentales confirma a este diario. Desde entonces, el Ministerio del Interior ha combatido cualquier noticia falsada difundida por internet durante los procesos electorales que ha vivido en el último año y medio España.

¿Pero es misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la lucha contra la mentira en internet? La realidad es que algunas noticias falsas no constituyen delito alguno, otras, sin embargo, sí, como la suplantación de la personalidad de un tercero por la red. De ahí que desde el estado de alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan redoblado sus esfuerzos por combatir las noticias falsas relacionadas con el covid-19.

Sin embargo, una de las dudas que surgen es si, además, han intentado contrarrestar las críticas online contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. Según fuentes de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior, compuesta por miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, estas investigaciones se realizan guardando el más escrupuloso respeto a la legalidad vigente. Por tanto, desmienten que el CNPIC haya recibido instrucciones de Moncloa de contrarrestar las críticas negativas a la gestión que realiza el Ejecutivo de Sánchez de la pandemia.

Desde que los españoles estamos confinados para frenar el avance del coronavirus, el Ministerio del Interior chequea por internet cualquier bulo que surja sobre el covid-19, manipulación de documentos sobre el estado de alarma y sobre personalidades relevantes del país, como jueces y políticos, incluso falsas noticias vertidas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según aseguran a La Razón fuentes de toda solvencia.

Interior ha detectado que estos bulos se han multiplicado en las últimas semanas. Así, ha contrastado una suplantación de identidad de voz de los magistrados Ángel Martínez Sáez, de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Tarragona, y de Emilio Calatayud, titular del Juzgado de Menores 1 de Granada. Los ciberdelincuentes suplantaron la voz de ambos magistrados para lanzar por las redes sociales sus supuestas opiniones contrarias a la gestión que efectúa el Gobierno de Sánchez de la pandemia del virus.

En materia sanitaria, desde que el Ejecutivo decretó el estado de alarma el pasado día 14 de marzo, el Departamento de Grande-Marlaska persigue cualquier campaña lanzada desde web falsas, creadas para divulgar cualquier tipo de información no veraz de la pandemia, como curas milagrosas del coronavirus y sobre el origen del mismo (es decir, de dónde salió, cómo se propagó y con qué intención). Además, combate cualquier información falsa de los sectores de la alimentación y del transporte, ambos esenciales en estos momentos de confinamiento.

Cómo funciona la OCC

El organismo encargado en el Ministerio de Interior de estas labores de vigilancia online de los fake news es la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), creada en 2014 y que, al igual que el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), depende del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. La OCC analiza aquella información que está disponible en fuentes abiertas y en la darknet, la web oscura conocida como la puerta trasera de internet, utilizada por su anonimato por el cibercrimen para operar online.

¿Cómo trabaja esta Oficina Cibernética? Califica como fake news cualquier noticia falsa que existe en la red y comprueba con sus propios recursos o por terceras fuentes que la información analizada es efectivamente un bulo que circula por internet, multiplicándose a la velocidad del virus.

“Antes de actuar, corrobora que la noticia falsa ha sido difundida con el fin de engañar, inducir al error o con el objetivo de obtener unas ganancias económicas ilícitas o cualquier otro tipo ilegal de rédito”, advierten a este diario fuentes del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado. Una vez concluidas las pesquisas online, se traslada a las unidades de la Guardia Civil o de la Policía Nacional para su investigación, así como se pone en conocimiento de la Fiscalía por si considera que puede constitutiva de delito.