(Xinhua). El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves la Ley Lomloe, conocida coloquialmente como Ley Celaá, una reforma educativa que pretende quitar el castellano como lengua oficial en la enseñanza, prescindir de la asignatura de religión como obligatoria, entre otros.

El dictamen salió adelante por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.

Dentro de algunos de los cambios que plantea esta nueva Ley, uno de los puntos que más controversia ha generado es la eliminación del castellano como “lengua vehicular”, es decir, que las lenguas cooficiales de cada comunidad podrán ser las que se utilicen de forma prioritaria en la educación.

En la currícula, los contenidos básicos de las enseñanzas que fija el Ministerio no supondrán más del 50 por ciento de los horarios para los alumnos de comunidades con lengua cooficial.

El castellano es una lengua que se formó a principios de la edad media en una región de la península Ibérica, al Sur del país Vasco, junto con otras lenguas romances. Pasa a llamarse “español” cuando se convierte en el idioma oficial de todos los reinos de España, explicó a Xinhua el historiador y director de la CECE Madrid, Vidal Sánchez.

“Este idioma es una maravilla, con más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo, sobretodo con una riqueza cultural espectacular”, dijo el director y líder de organización madrileña que reúne a instituciones y empresas dedicadas a la enseñanza.

El español es el idioma oficial en 21 países de América latina y el segundo más importante en Estados Unidos y Brasil.

Según explica el experto, esta Ley podría ir en contra de la Constitución Española, específicamente del artículo 3 que declara al castellano como lengua española oficial del Estado, así como también reconoce a las lenguas de las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

“El problema es que hay comunidades en España que por razones ideológicas ya se plantean dejar en segundo plano al castellano e imponer su lengua propia como la principal; por ejemplo, el Catalán en Cataluña”, “La limitación y competitividad que pueden tener los alumnos que solo aprenden el idioma de su comunidad es abismal”, dijo Sánchez.

Otro aspecto álgido de esta nueva reforma refiere a la asignatura de Religión, la cual ya no será obligatoria en la currícula, aunque podrá seguir ofreciéndose, su nota no contará para el acceso a becas o para el expediente académico, en su reemplazo se impartirá la asignatura de Educación en valores cívicos y éticos.

“La importancia de la religión no es solo por la creencia, sino que es un tema cultural, porque España es una sociedad europea occidental que nace en un 50 por ciento (como mínimo) del cristianismo; por lo tanto, es también parte de nuestra historia”, asevera el especialista.

A su punto de vista, la educación tiene que ser plural, porque hay familias que defienden este tipo de educación, además no son los únicos afectados, sino también los docentes de esta asignatura.

El Ministerio de Educación de España apunta que son más de 13.000 profesores de Religión en la enseñanza pública hasta 2019, recordó Sánchez.

Otros cambios que establece la reforma de la Ley además de la eliminación del castellano como lengua vehicular, son las restricciones a la educación concertada, la educación especial, el paso del curso con asignaturas suspensas, la segregación por sexos e igualdad de género, el conocimiento de la historia de la democracia, la implantación de la educación afectivo-sexual, la contratación de docentes sin máster específico y la elección de inspectores educativos sin opositar.

La reforma de ley fue planteada en octubre del año pasado por la ministra de educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con la intención de derogar la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa) que rige en España desde 2013, cuyo principal objetivo es reducir la tasa de abandono temprano de la educación y mejorar los resultados  educativos.

La «ley Celaá» no está aprobada definitivamente, pero solo le queda la andadura parlamentaria. Al salir del Pleno del Congreso pasa al Senado, donde la tramitación durará unos dos meses para volver a la Cámara Baja y convertirse en ley definitivamente.