Giammattei toma aire pero sigue la pugna con su vicepresidente en Guatemala

(EFE). El Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, tuvo este miércoles su primer día de respiro desde que estalló la crisis en su contra el pasado viernes, mientras continúa observando de reojo la pugna que mantiene con su vicepresidente, Guillermo Castillo, y los próximos pasos de los movimientos sociales.

Las protestas cesaron al menos por este miércoles para el mandatario, aunque unas 20 personas sí expresaron su inconformidad frente al Teatro Nacional de Guatemala donde el Congreso sesionó después de que el pasado sábado manifestantes encapuchados quemaran parte de las instalaciones del Parlamento.

Giammattei no compareció públicamente este miércoles ni se divulgó su agenda, como ha sucedido casi todos los días desde que el pasado viernes Castillo lo instara a renunciar en conjunto por el bien del país, y el sábado 10.000 personas se manifestaran en su contra y cientos más quemaran el Congreso por la aprobación de un polémico presupuesto del Estados para 2021 aprobado el 18 de noviembre.

LA GOBERNABILIDAD EN RIESGO

La crisis política que atraviesa Guatemala tiene como base principal las diferencias entre Castillo y Giammattei, según la opinión de expertos.

El enfrentamiento entre ambos llegó a su punto más intenso públicamente el pasado viernes cuando Castillo instó a Giammattei a que renunciaran en conjunto para “oxigenar” Guatemala ya que “el país no se encuentra bien”. Ese mismo día también le pidió una reunión para tomar varias decisiones de peso sobre el Gobierno.

Las diferencias han crecido desde que tomaron posesión en enero de este año y una de las causas del distanciamiento es el Centro de Gobierno, una entidad a la que Giammattei ha delegado gran poder y limitado el trabajo del vicepresidente.

Según la investigadora social del tanque de pensamiento Diálogos, Sofía Montenegro, la relación rota entre los gobernantes “tuvo un punto de no retorno”, principalmente “por la duplicidad de funciones” del Centro de Gobierno y por “colocar actores no técnicos y sin experiencia en la toma de decisiones”, como le explicó a Efe este miércoles.

Montenegro afirmó que el mandatario tomó “una mala decisión al no querer gobernar con su compañero de fórmula”, el vicepresidente Castillo, con quien llegó al poder mediante la agrupación política Vamos en las elecciones de 2019.

La investigadora de Diálogos aseveró que Castillo está “bastante debilitado porque no ha logrado ejercer ningún tipo de presión sobre el presidente, sigue actuando de manera aislada y no hay consecuencia derivada del mensaje bastante fuerte que emitió donde le pide al presidente que se puedan reunir”.

Montenegro dice no tener certeza de cuál será el fin de la crisis, pero enfatizó que si el mandatario “no logra por lo menos atender las solicitudes de la ciudadanía en relación al presupuesto o (disolver) el Centro de Gobierno, que ya también ha sido objeto de mucha interpelación, entonces vamos a tener una crisis muy profunda”.

MENOS PROTESTAS

El sábado fueron más de 10.000 personas las que se manifestaron contra Giammattei frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) y el domingo la cifra superaba el millar.

El lunes y martes también se llevaron a cabo protestas contra el gobernante, aunque en menor número, y este miércoles cesaron las manifestaciones directas para exigir la dimisión del médico y cirujano de 64 años.

Sin embargo, unas 20 personas se hicieron presentes en el Teatro Nacional para protestar contra los diputados en el pleno del Congreso realizado extraordinariamente en dichas instalaciones. En su mayoría eran miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (estatal, autónoma).

Las convocatorias para manifestarse contra Giammattei se originaron el 18 de noviembre después de que ese día el Congreso aprobara con mayoría de 115 diputados un nuevo prepuesto del Estado para 2021.

Dicho presupuesto, aprobado de madrugada y sin acceso al documento para todos los 160 diputados, prioriza la infraestructura sobre el gasto social según expertos y además reduce la asignación en renglones de sanidad y derechos humanos.