“Caso Aznalcóllar”: Una testigo admite que es «imposible» que “se borren” emails de la Junta de más de un año

Algunos de los investigados trataron de impedirlo, pero la Audiencia de Sevilla tumbó sus intentos y ordenó que se volcaran los correos electrónicos almacenados en servidores institucionales de tres altos cargos y una docena de funcionarios relativos al concurso público en el que la Junta adjudicó a Minorbis-Grupo México la mina de Aznalcóllar. De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los diseccionó para concluir que no habían detectado «influencias» para «favorecer» a ninguna empresa, aunque admitió que no había podido localizar los emails de más de un año, lo que mermó «la cantidad de información obtenida» y condicionó «las conclusiones» de las pesquisas. Ayer, Ramón Escudero, abogado de Emerita Resources, una de las sociedades perdedoras del concurso público por el que se reactivó el yacimiento minero, preguntó en sede judicial a la ex subdirectora General de Industria, Energía y Minas andaluza y actual presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, por ese agujero negro informativo.

En el ámbito de la causa en la que el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga la adjudicación de la mina, De Sarriá le reconoció a Escudero que «no era posible» que «se borren» los correos electrónicos de una docena de funcionarios y varios altos cargos de más de un año, según trasladaron fuentes del caso a LA RAZÓN. En ese punto, el abogado de Emerita le preguntó si consideraba que podían haber sido borrados por alguien, a lo que la ex subdirectora general, quien compareció en calidad de testigo, le contestó que «eso ya no lo sabía». El letrado también la cuestionó acerca de una visita recogida en las actuaciones que habría efectuado, en compañía de Vicente Fernández, entonces alto cargo del Gobierno autonómico y a quien su encausación en este proceso le costó el cargo de presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según los investigadores, ambos estuvieron en las oficinas de Emerita ubicadas en Plaza Nueva de Sevilla, el 6 de abril de 2014. La testigo admitió que esa incursión en las instalaciones de la mencionada empresa tuvo lugar «a las nueve de la noche», de acuerdo a lo apuntado por Escudero, pero le restó importancia. Las fuentes consultadas por este diario anotaron que De Sarriá sostuvo que era «habitual», pese a tratarse de un domingo y fuera del horario laboral estándar, y achacó la visita a que «tenían interés en que hubiera alguien participando en el concurso» y en que «no se equivocaran a la hora de acreditar la oferta». Pretendían, según su versión, «aclarar las dudas acerca del concurso».

La Fiscalía no formuló pregunta alguna a la testigo. Sí lo hizo la jueza, quien quiso que la ex cargo de la Junta aclarara las expresiones de «matrimonio de un día» o «tus amigos los indios», que aparecen en algunos de los emails recogidos en el proceso, a lo que la aludida señaló que se refería a una empresa de nacionalidad india interesada en otra mina y no al Grupo México.

Otras fuentes apuntaron que De Sarriá garantizó que la Mesa de Contratación no discriminó a Emerita en beneficio de Minorbis, una filial de la sociedad cordobesa Magtel, de los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno; ni siguió órdenes de Vicente Fernández. Éste tampoco está al margen del tráfico de correos electrónicos documentado en la causa, ya que la UCO reflejó los que se cruzó con los hermanos López Magdaleno «inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas» y donde «se expondría la solicitud» por parte de Magtel de «su intermediación en asuntos administrativos».

El silencio como estrategia

Al margen de De Sarriá, tuvo que acudir al juzgado instructor que capitanea Patricia Fernández, Juan J. García, en su caso, en calidad de investigado y perteneciente a la sociedad pública Invercaria. Eligió no responder a las preguntas de las acusaciones, sólo lo hizo a la de las defensas y fundamentalmente para mantener que no es experto en minas y ratificar lo que ya había dicho con anterioridad en 2015. Es más, fuentes del proceso judicial auguran que el resto de investigados citados a declarar por la magistrada seguirá la misma estrategia: callar ante los interrogantes de las acusaciones.

Una de las que puede que guarde silencio sobre cuestiones incómodas es quien era directora general de Industria, Energía y Minas cuando se llevó a cabo el polémico concurso, María José Asensio. En principio se la convocó para ayer, pero un señalamiento previo de su representación procesal ha hecho que su paso por el juzgado se retrase hasta el próximo 12 de diciembre. Ese mismo día tendrán que acudir además los dueños de Magtel.

Fue la Sección Séptima de la Audiencia sevillana la que hace algo más de un mes ordenó la reapertura de esta causa al estimar un recurso de apelación interpuesto por Emerita Resources revocando el segundo carpetazo que intentó dar al proceso el juzgado instructor.